El juez instructor del caso Nóos, José Castro, se ha dirigido este lunes a las partes personadas en el proceso para pedirles que se pronuncien sobre si creen que debe citar a la infanta Cristina para que declare como imputada por los supuestos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
En una providencia dictada este lunes, el juez da cinco días de plazo y solicita a las partes que "hagan las alegaciones que estimen pertinentes en relación con una hipotética citación de doña Cristina de Borbón para que comparezca a prestar declaración en calidad de imputada por supuestos delitos contra la Hacienda Pública y/o de blanqueo de capitales".
Tras ese plazo, que concluye a mediados de la próxima semana, el juez analizará las alegaciones que planteen las partes personadas y decidirá finalmente, previsiblemente a finales de diciembre o en los primeros días de enero, si cita a declarar a la infanta como imputada o archiva la parte de esta causa relacionada con doña Cristina.
El juez ha dictado esta resolución tras haber recibido el pasado 5 de diciembre los informes de la Agencia Tributaria que estaban pendientes, últimas diligencias que había ordenado antes de pronunciarse sobre una eventual nueva imputación y que ha trasladado hoy a la Fiscalía Anticorrupción y demás partes personadas.
Castro decidirá finalmente, a finales de diciembre o principios de enero, si cita a declarar a la Infanta como imputada o archiva la parte de esta causa
Castro ha dado traslado en las últimas semanas de varios informes de la Agencia Tributaria y la Policía sobre el papel de la hija menor del Rey en la empresa Aizoon, de la que era copropietaria con su marido, Iñaki Urdangarin, y que supuestamente formaba parte del entramado societario utilizado para justificar fondos fruto de presuntos desvíos de dinero público al Instituto Nóos.
Imputación y desimputación
El juez ya imputó y llamó a declarar a la infanta el pasado mes de abril, pero su citación quedó entonces en suspenso después de que la Fiscalía Anticorrupción se opusiera en un recurso a la decisión de Castro y de que la Audiencia de Palma la dejara sin efecto en un auto dictado en mayo.
En ese auto, la Audiencia apuntaba nuevas líneas de investigación y, desde entonces, Castro ha ordenado numerosas diligencias sobre las declaraciones de impuestos de la infanta, así como sobre los gastos de la empresa Aizoon, de la que es propietaria al 50% junto a Urdangarin.
El pasado 14 de noviembre el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ya entregó al magistrado un escrito en el que se oponía a la imputación de la Infanta
El pasado 14 de noviembre el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ya entregó al magistrado un escrito en el que se oponía a la imputación de la Infanta por entender que la investigación no ha aportado ningún indicio consistente de que doña Cristina participó de los delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de dinero que se le atribuyen a Urdangarin.
"Las meras conjeturas o sospechas no constituyen elementos válidos de imputación", señaló Horrach en dicho escrito en el que añadió que las especulaciones sobre un supuesto trato de favor hacia la hija del Rey son equiparables "al humo que vendían Iñaki Urdangarin y (su exsocio) Diego Torres a los organismos públicos, presuntamente".
El fiscal considera que el hecho de ser socia al 50% de Aizoon no implica que la duquesa de Palma supiera que su marido empleaba la empresa para defraudar al fisco. Sobre el blanqueo, Horrach aseguró que para imputárselo a doña Cristina se requeriría de algún indicio de que conocía el origen delictivo de algunos de los fondos de Aizoon, algo que ha descartado ya en dos ocasiones la propia Audiencia de Palma.
