Los abogados de la infanta Cristina han presentado este miércoles su recurso contra la imputación dictada por el juez José Castro. En un escrito de 58 folios, los abogados aseguran que el juez no ha "practicado una sola diligencia que haya aportado indicios racionales de la comisión por nuestra mandante de un delito fiscal", niegan todos los delitos y cargan abiertamente contra la línea del magistrado aunque añade que lo hace "sin cuestionar la rectidud de intención del instructor".
"De las más de mil preguntas que se le formularon a Doña Cristina sólo dejó sin responder unas doscientas", justifican los abogados
El juez Castro argumentó que los silencios de la infanta habían sido significativos. "De las más de mil preguntas que se le formularon a Doña Cristina sólo dejó sin responder, por no recordar o desconocer los hechos en detalle, unas doscientas", afirma el recurso que culpa al juez de esos silencios. "Muchas de las evasivas de Doña Cristina fueron propiciadas por el propio señor juez, que insistió en preguntar decenas de veces sobre cuestiones de detalle pese a que mi defendida, ya al formularse la pregunta genérica, adelantó no conocer, no constarle o no recordar los pormenores", sostienen los abogados en el recurso.
El escrito, que firman Miquel Roca y Jesús María Silva niega también la existencia de un delito de blanqueo de capitales y afirma que "pese a haberse cerrado la instrucción, no tiene claro todavía respecto de la defraudación de qué tributos, en qué ejercicios y en cuanto a qué cuantías deberá defender su mandante un hecho ciertamente insólito en la historia de los procedimientos por delito fiscal abiertos en España" y concluye culpando al juez de haber "puesto fin a la investigación sin haber disipado las dudas".
Carga contra el juez Castro
El escrito de los abogados de la infanta carga contra el instructor pero, al contrario que el fiscal, no le atribuye malicia sino "error". De hecho, el escrito apunta que "sin cuestionar la rectidud de intención del instructor", haber tenido "la pretensión de mantener a toda costa la imputación de nuestra mandante".
Así, asegura que "semejante interpretación de la Ley resulta inaceptable (sic) quien tiene la carga de indagar acerca de la existencia de posibles indicios de criminalidad en el proceso español es exclusivamente el Instructor" y añade que "el desconocimiento de Doña Cristina acerca de los aspectos contables y fiscales de Aizoon resulta perfectamente explicable".
Los abogados tachan la acusación de Castro de "difícilmente comprensible"
La defensa de la hermana del rey argumenta la "falta de relevancia penal de las conductas que se imputan a Doña Cristina" así como la "ausencia de indicios racionales que avalen la verosimilitud de dichas imputaciones" y recuerdan a la Audiencia Provincial --que debe pronunciarse sobre si sienta a la hermana del rey en el banquillo o no-- que las imputaciones del juez "traen causa de la invitación a investigar" que hizo ese tribunal y recuerdan que las diligencias practicadas desde entonces por la Agencia Tributaria han negado ese delito. "Resulta difícilmente comprensible que de unas diligencias con resultado abiertamente exculpatorio se pretenda extraer serios indicios de criminalidad", afirma el escrito que concluye atribuyendo la acusación a "varios errores en la interpretación de la Ley penal".
Respuesta a los indicios, uno a uno
El escrito de los abogados responde una a una a las pruebas que aporta Castro, aunque acusa al magistrado de no contar con ningún nuevo indicio desde que la Audiencia de Palma le ordenó archivar la primera imputación:
- Compartía al 50% con Urdangarin la propiedad de Aizoon: "Cabe constatar de entrada una obviedad" --afirma el escrito-- que "la mera circunstancia de ser socio de una compañía supuestamente utilizada por su administrador para una posible defraudación fiscal de ninguna manera puede ser considerada, por sí sola, indicio bastante para sostener la participación". "Es absolutamente inusual que se atribuya el estatus de inculpado a un mero socio", concluye el escrito.
- Gastos personales a cargo de Aizoon: La defensa de la infanta afirma que las ocupaciones y la ignorancia financiera de la hermana del rey le llevó a cargar a Aizoon gastos personales y atribuye esa responsabilidad a "terceras personas a las que se había confiado la gestión de la economía familiar". Los abogados aseguran que eso "parece lógico en una persona con sus múltiples ocupaciones y escasos conocimientos de fiscalidad".
- Colaboración necesaria: Según los letrados, "no existe en lo actuado indicio alguno que permita sostener que doña Cristina favoreciera la realización de las defraudaciones que, presuntamente, se atribuyen en modo alternativo a su esposo".
