La imagen de la infanta Cristina descendiendo por la ya célebre cuesta de los Juzgados de Palma de Mallorca tendrá que esperar. El titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, ya ha asumido que el 27 de abril, la fecha que fijaba en el auto de miércoles para tomar declaración a la hija del rey como imputada, no tendrá delante de él a la mujer de Iñaki Urdangarín para interrogarla. El motivo: el recurso de apelación que presentará este viernes la Fiscalía Anticorrupción irá acompañado de una petición de suspensión de dicha declaración. Es la misma maniobra jurídica que emplearon sus compañeros de la Audiencia Nacional para evitar que el juez Gómez Bermúdez interrogase a Luis Bárcenas por sus polémicos 'papeles' hace una semana. Fuentes jurídicas destacan a este diario que la ley no obliga al juez Castro a retrasar la realización de la prueba, pero que el magistrado ya ha mostrado en privado que actuará con "sentido común" y no forzará la situación.
La actual sobrecarga de trabajo del tribunal que debe decidir sobre la imputación de la infanta y los plazos legales hacen difícil que se tome una decisión antes de finales de mayo
Siempre según estas fuentes, el magistrado instructor es consciente de que la sobrecarga de trabajo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, la encargada de resolver el recurso, y los plazos legales hacen imposible que se tome antes del 27 de abril una decisión sobre el mantenimiento de la imputación o su revocación. De hecho, fuentes de este órgano auguran que muy posiblemente el fallo no esté listo hasta finales de mayo o principios de junio. Por ello, y en la línea de lo cauteloso de su auto de imputación, en el que recalcaba que con el mismo no prejuzgaba cuál iba a ser su decisión final, el juez Castro optará previsiblemente por suspender la declaración y esperar para fijar una nueva fecha a que sus compañeros de la Audiencia Provincial deciden si su decisión es ajustada a derecho o no. No obstante, la fuentes jurídicas consultadas resaltan que la decisión aún no está tomada a la espera de que la Fiscalía presente el recurso que ya anunció el propio miércoles.
De hecho, será a partir de ese momento cuando comiencen a correr los plazos. Una vez que el juez Castro reciba el recurso de apelación, dará traslado del mismo a las partes presentes en la causa, a las que dará un plazo de cinco días para que hagan las alegaciones pertinentes a favor o en contra de los argumentos de Anticorrupción. Tanto la defensa de Urdangarín como la de la infanta respaldarán lógicamente la postura de la Fiscalía, mientras que la acusación popular representada por Manos Limpias se opondrán a la misma, según señalaron a este diario fuentes del sindicato. Del resto de las defensas personadas, previsiblemente la mayoría no se pronunciará. Con todos estos escritos sobre su mesa, el juez elevará la documentación a la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, que en ese momento deberá decidir por reparto qué tres magistrados conforman el tribunal y el ponente del mismo.
Una vista a puerta cerrada
En principio, todo apunta a que el mismo será encabezado por el presidente de la Sección Segunda, el progresista Diego Gómez-Reino. Los otros dos saldrán de la terna que componen los jueces Juan Jiménez, también progresista, la conservadora Monica de la Serna y Carmen Ordóñez. A la Sección Segunda se incorporará en breve una quinta magistrada, Leonor Moyá, quien posiblemente no tomará posesión de su cargo hasta después de la presentación del recurso, por lo que su presencia en el tribunal está descartada, según fuentes jurídicas. Una vez elegidos, los tres magistrados comenzarán a estudiar la documentación antes de reunirse para deliberar. Dada la complejidad del caso, motivada sobre todo por la situación poco común de que el juez decida una imputación y la Fiscalía se oponga, es previsibleme que decida la celebración de una vista a puerta cerrada para oír los argumentos de las partes. Una vez cumplido este último trámite, el fallo no debería demorarse más allá de unos días. Entonces se sabrá si se mantiene la imputación contra la infanta y, por tanto, el juez podrá citarla de nuevo.
En julio de 2012, la Audiencia Provincial de Palma ya rechazó imputar a la infanta al considerar insuficientes los indicios y concluir que "conocer no significa participar" en la comisión de un delito
Fue esta misma Sección de la Audiencia Provincial de Palma la que en julio del año pasado rechazó el recurso de la acusación popular del Caso Nóos de imputar a la infanta Cristina. Entonces el tribunal estaba presidido por un magistrado, Eduardo Calderón, que hoy ya no pertenece a esta Sección tras pedir el pasado mes de octubre su traslado al Juzgado de Instrucción de la propia Palma. Sí estaban Juan Jiménez y Mónica de la Serna, uno de los cuales, al menos, volverá a participar en las deliberaciones sobre la imputación o no de la infanta Cristina. Entonces, el juez Castro se opuso a la petición de Manos Limpias con un escrito en el que rechazaba de plano la medida al considerar que no había indicios suficientes de su presunta implicación en las actividades de su marido, como él mismo recordó en su auto de ayer.
Entonces, la Audiencia Provincial respaldó plenamente al juez Castro de que los indicios existentes en aquel momento eran insuficientes y, además, añadió un argumento que será una de las principales asideras a la que se agarrarán la Fiscalía y las partes que se opondrán a la imputación de Cristina de Borbón. En concreto, en su auto el tribunal concluyó que "conocer no significa participar" y que, por tanto, que la infanta Cristina fuera consciente de las diferentes actividades irregulares de su marido no significaba que pueda ser acusada de los mismos delitos, ni siquiera en grado de cooperación necesaria o complicidad, como apunta ahora el escrito del juez Castro. No obstante, algunas fuentes jurídicas recordaban ayer a este diario que hasta ahora la Sección Segunda, responsable de resolver los recursos que se han presentado por las diferentes partes a las decisiones del magistrado instructor, "siempre ha fallado a favor de las decisiones en este caso. Nunca han puesto en cuestión sus decisiones ni se le ha desautorizado". Otras fuentes, sin embargo, consideran que la situación "es totalmente diferente ahora que entonces" y auguran de "maniobras de Moncloa y Zarzuela para echar atrás la impuntación de la infanta".
