La vista en el Tribunal Supremo sobre la situación de prisión de Joaquim Forn deparó este martes un giro de guión inesperado cuando la Fiscalía cambió el criterio mantenido hasta ahora y pidió la excarcelación del exconseller de Interior. Fue por orden directa del fiscal general del Estado, que apela a “razones humanitarias” tras la aparición de “tuberculina”. No obstante, el documento médico en el que se basa el Ministerio Público y al que ha tenido acceso Vozpópuli se trata de un informe de parte firmado por el médico de cabecera del propio Forn, que admite que su paciente no padece enfermedad alguna.
“Informo que soy el médico de cabecera del señor Joaquim Forn Chiarello”, comienza diciendo el doctor Jaume Padrós i Selma en su informe de apenas un folio de extensión. Según dice este profesional, visitaba al exconseller “con regularidad" hasta el 2 de noviembre de 2017, fecha en el que fue internado en el Centro Penitenciario de Estremera. El que fuera máximo responsable de los Mossos d’Esquadra durante el referéndum del 1-O es uno de los principales investigados en la causa relacionada con el proceso independentista unilateral.
El documento lleva fecha del 26 de febrero y el médico explica que, “hace una semanas”, la mujer del político le contactó porque Forn quería que tuviese conocimiento de “los resultados de una revisión médica que le habían realizado en el centro penitenciario en el que se le había objetivado positividad en la prueba tuberculínica”. No obstante el médico admite la “ausencia de manifestaciones clínicas”.
En sus consideraciones, el doctor Padrós añade que “el señor Joaquim Forn no tiene antecedentes tuberculosos”. “Y por lo que me consta, tampoco en el momento actual presenta manifestaciones clínicas de sospecha (fiebre, malestar general o expectoración), siendo la radiografía del tórax normal”, precisa.
El especialista se centra en desaconsejar el tratamiento “preventivo” de tres meses previsto por prisiones y consistente en “quimioprofilaxis (sin enfermedad activa)”. “Se produce por el contexto ambiental carcelario, donde la prevalencia de la enfermedad tuberculosa es mucho más elevada que en el ámbito comunitario”, sostiene.
Podría ser razonable cuestionar la indicación absoluta del tratamiento propuesto”, zanja el médico que no propone siquiera un plan alternativo ni llega a aconsejar su excarcelación
Subraya que el tratamiento propuesto no está exento de “riesgos potenciales para la salud, que algunos estudios publicados sitúan alrededor del 12 por ciento”. “Podría ser razonable cuestionar la indicación absoluta del tratamiento propuesto”, zanja el médico que no propone siquiera un plan alternativo ni llega a aconsejar la excarcelación de su paciente.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, del que depende Instituciones Penitenciarias, aseguró este martes que nadie ha pedido a la cárcel de Estremera las pruebas médicas realizadas a Forn. Si bien no formalmente, el doctor de cabecera del exconseller dice haber mantenido “contacto telefónico con el facultativo responsable, Ana Cuadrado, del Servicio Médico del citado centro”. Y a partir de esa información elaboró su informe médico que la Fiscalía pide tener en cuenta.
Según le confirmó la facultativa de la cárcel, “el señor Forn fue sometido días atrás a una revisión médica en la que se objetivó una Intradermoreacción de Mantoux-PPD (tuberculina) positiva, siendo normales las pruebas complementarias realizadas, así como la exploración física”. Según Zoido, “el test de Mantoux se hace para detectar esta enfermedad como a toda persona cuando ingresa en prisión”, pero matizó que esto “en ningún caso significa que lo padezca”.
El departamento de prensa de la Fiscalía General de Estado emitía una breve nota en la que alegaba la “razones humanitarias”
Durante la vista celebrada este martes en la Sala de Recursos del Tribunal Supremo, el fiscal encargado del caso, Fidel Cadena, se limitó a notificar su cambio de criterio y solicitar la situación de prisión eludible con el pago de 100.000 euros de fianza para Forn. Su exposición apenas duró unos segundos en los que no defendió los motivos de su nueva posición. Sí dejó claro, que se trataba de una orden directa del fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, según fuentes presentes en el trámite judicial.
Minutos después, el departamento de prensa de la Fiscalía General de Estado emitía una breve nota en la que alegaba las “razones humanitarias”. “Se ha tenido conocimiento de la aparición de tuberculina, circunstancia esta que ha de ser tenida en cuenta”, añadía, sin dar más detalles del origen de esa información o sus posibles consecuencias para el preso. También citaba el abandono de la política por parte del afectado por lo que, a juicio del Ministerio Público, se reduce el riesgo de reiteración delictiva.
