El Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, con sede en Vitoria, ha entregado un informe a la delegación de la Unión Europea enviada a España para investigar por qué hay más de 300 crímenes de ETA sin resolver. El documento, que aborda los motivos por los que se ha llegado a esa cifra, admite que se han producido “desajustes en el funcionamiento de los órganos judiciales” que han propiciado la falta de condenas en muchos de los atentados de la banda terrorista. También aborda la “falta de colaboración internacional” al dar refugio a los miembros de la banda.
La primera toma de contacto que la delegación de eurodiputados de la Unión Europea ha mantenido en España es con el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, en su sede de Vitoria, en una reunión con su director Florencio Domínguez. El centro ha entregado a los eurodiputados un documento de 30 páginas donde ofrece el contexto de los crímenes de ETA sin esclarecer. El informe se centra en los que tuvieron lugar a partir de 1978, tras la aprobación de la Constitución. Es difícil esclarecer los atentados anteriores -señala el texto- por la Ley de Amnistía de 1977 que puso fin a las investigaciones sobre delitos terroristas.
A partir de entonces ha habido varios motivos que han obstaculizado el esclarecimiento de los crímenes de ETA: los tribunales no han logrado atribuir un autor material a alrededor de 315 asesinatos, casi un 40% de los perpetrados por ETA a partir de 1978. Una circunstancia que, a juicio del Centro Memorial, demuestra que “las instituciones no han sido capaces de cumplir” con la confianza de las víctimas del terrorismo, que mantenían la esperanza de que el Estado de Derecho se encargase "de hacer justicia ante la agresión que habían sufrido".
El informe determina que hay varios motivos que han confluido para que se dé una situación de “impunidad” en muchos de los asesinatos. Y en primer punto resalta los “desajustes en el funcionamiento de la Justicia”. Apunta que tras la creación de la Audiencia Nacional en 1977 hubo algunos casos que no fueron remitidos a este órgano: “Se quedaron en los juzgados locales sin que ninguna de estas causas se esclareciera ni se investigara debidamente”.
También informe de los “fallos de comunicación interna” entre los diferentes juzgados de la Audiencia Nacional “a la hora de compartir información” que afectaba a investigados por órganos judiciales diferentes pero que habían sido cometidos por los mismos autores. Circunstancias a las que habría que añadir casos puntuales de destrucción de algún sumario o pérdida de documentación.
En el plano judicial, el Centro Memorial incide en que “por norma general y durante muchos años” no se informó a las víctimas del terrorismo de la marcha de las investigaciones, del estado de las causas judiciales ni de las posibilidades legales de actuación que tenían en sus manos.
El informe recoge también que Francia obvió la actuación de ETA en una primera fase y después hubo países, especialmente de América Latina, que acogieron a los miembros de la banda que habían huido
En otros ámbitos, el informe destaca que la adaptación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la lucha antiterrorista no se logró con la “máxima eficacia” hasta pasado un tiempo. También que la disolución de la rama ETA político-militar en 1982 corrió un tupido velo sobre los crímenes perpetrados por sus miembros.
Asimismo se han registrado varias circunstancias que se escapan a los criterios adoptados por los órganos españoles que han entorpecido el esclarecimiento de los crímenes. Por un lado, la falta de colaboración internacional; Francia obvió la actuación de ETA en una primera fase y después hubo países, especialmente de América Latina, que acogieron a los miembros de la banda que habían huido. Por otro, la muerte de los presuntos autores de los asesinatos. Por último, la dificultad de transformar en pruebas judiciales la información procedente de los servicios de información.
Una visita esperada
La llegada de los inspectores de la UE a España es más que esperada por diversas asociaciones de víctimas de ETA. Porque en estos colectivos llevan años denunciando que hay más de 350 crímenes de la banda terrorista sin resolver. El objetivo de los enviados por Bruselas es recopilar información al respecto de este asunto.
La visita durará tres días, entre este miércoles y el viernes. En este período la delegación europea se reunirá con representantes de Dignidad y Justicia, la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Covite y la AVT, así como con diversos jueces y fiscales de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Además, los eurodiputados se verán con diversos mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Conforman esta misión cinco eurodiputados. Se trata de la francesa Agnés Evren (Grupo Popular), la estonia Yana Toom (Grupo Renew Europe), la letona Tatjana Zdanoka (Grupo Verdes), el maltés Alex Agius Saliba (Grupo Alianza Progresista) y el polaco Korma Zlotowski (Grupo de Conservadores). Su visita estaba prevista antes pero tuvo que aplazarse por la pandemia del coronavirus.
