En el Ayuntamiento de Málaga se está llevando a cabo una comisión de investigación que tiene al PP contra las cuerdas. La oposición quiere averiguar por qué entre los años 2006 y 2016 el Consistorio dejó pasar la oportunidad de cobrar 7.000 infracciones urbanísticas. Los ‘populares’ llevan en el poder en la capital de la Costa del Sol desde 1995, primero con Celia Villalobos como alcaldesa y desde el 2000 con Francisco de la Torre.
El tema fue impulsado en la ciudad por Izquierda Unida, y se conoce como el caso de los ‘7.000 impunes’. El episodio más difícil para el PP tuvo lugar hace unos días, cuando dos extrabajadores de la Gerencia de Urbanismo pasaron por el Ayuntamiento para declarar en la comisión. Son quienes fueran jefa de Disciplina Urbanística, Teresa Domingo; y Alberto Iñiguez, exjefe de la sección de Infracciones.
El caso que más daño está haciendo al equipo del alcalde son los algo más de 100 expedientes caducados en la urbanización Villa del Arenal. Los dos antiguos trabajadores del área coincidieron en apuntar que hubo “injerencias” políticas, “presiones”, e incluso “represalias” para frenar los expedientes sancionadores, buscando que caducasen o hasta culminar en una modificación de las reglas que establecen cómo se reparte el urbanismo en cualquier ciudad, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para legalizar la situación. Según la versión de los comparecientes, los responsables de tramitar las infracciones fueron apartados paulatinamente por un “equipo B”.
Había que mirar para otro lado
Hasta siete cargos fueron cesados según contó Alberto Íñiguez, que calificó como una “pesadilla” y un “disparate” el proceso de cambios en la jefatura. El mismo exjefe ha acusado a la concejala responsable del distrito donde está Villa del Arenal, Teresa Porras, de sugerirle en una reunión que “había que mirar para otro lado” con esos expedientes. El técnico no accedió y luego, según su relato, llegaron los ceses como una “represalia política” por hacer su trabajo.
La antigua encargada de Disciplina Urbanística se pronunció en la misma línea. Teresa Domingo afirmó que fue cesada “por no querer prevaricar” y señaló directamente al concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, y el gerente de Urbanismo, José Cardador: “No me dijeron prevarica, si no que eran sus actos y sus órdenes con las que pretendían que yo prevaricara”. Incluso, relató los “requerimientos continuos” que recibió para modificar el PGOU con objeto de que “no computaran los porches y terrazas” de Villas del Arenal, todo con el fin de “legalizar las infracciones urbanísticas ya detectadas”.
“Le dije al alcalde que me estaban exigiendo cruzar una línea que jamás iba a cruzar, que era la línea de la legalidad"
El cambio en el mapa urbano de la ciudad iba dirigido a que los propietarios no tuviesen que pedir licencias para realizar obras menores. “Lo que querían era un urbanismo a la carta”, sostiene Domingo, que en este caso indica que fue el gerente de Urbanismo el que le pidió si podía “mirar para otro lado y dejar prescribir las infracciones”.
El relato de Domingo apunta más alto y asegura que el alcalde Francisco de la Torre tenía conocimiento de lo que estaba pasando en Urbanismo porque ella misma se lo comunicó en una reunión a principios de julio de 2014. “Le dije al alcalde que Pomares y Cardador me estaban exigiendo cruzar una línea que jamás iba a cruzar, que era la línea de la legalidad. Y le pedí expresamente que no me pidiera cruzar esa línea, porque yo no la iba a cruzar”, afirmó. El primer edil ha declinado comparecer en la comisión de investigación.
Diligencias de la Fiscalía
La Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias para investigar si existe delito en los hechos descritos por los dos exjefes de Urbanismo. El objetivo de la investigación es dilucidar si lo asegurado por los funcionarios es cierto y si existe algún tipo de delito en relación a estos hechos.
Diez días después de que los exjefes de la Gerencia de Urbanismo acusarán a Teresa Porras y Francisco Pomares por "injerencias, presiones y trabas" para procurar que caducasen o prescribiesen el centenar de expedientes de infracción abiertos en la urbanización Villas del Arenal, los dos concejales señalados negaron públicamente las acusaciones y, por contra, han señalado que han actuado "con arreglo a la legalidad" y que son "ejemplares". Ambos señalaron que estudian emprender acciones legales contra los denunciantes.
