Nada más desgranar el Gobierno de Mariano Rajoy las 217 propuestas del macroinforme de la Reforma de la Administración al término del Consejo de Ministros del 22 de junio, hubo comunidades que no se mostraron nada entusiastas con el plan presentado, con el que se prevé ahorrar unos 37.000 millones hasta el año 2015. Dirigentes autonómicos expresaron en privado y en público su disconformidad con la supresión de organismos públicos de su competencia, que consideran viables, necesarios y amparados por sus textos estatutarios. Si Ejecutivos autonómicos del PP, como los de Galicia -Núñez Feijóo ha sugerido que mantendrá el Consello de Contas, Consultivo, de la Competencia y el Valedor do Pobo- o Baleares, se manifestaron reacios a aplicar los ajustes más drásticos contemplados en el Informe Soraya, hay gobiernos de signo distinto que ya ponen sobre el papel su política de oídos sordos a tales recortes.
El director general de la sociedad pública, Iñigo Alberdi, fue concejal del PNV en el Ayuntamiento guipuzcoano de Vergara
El último ejemplo lo ha protagonizado el Gobierno vasco del peneuvista Iñigo Urkullu. Su portavoz, Josu Erkoreka, había avanzado que el lehendakari será "un celoso defensor" de las competencias de autoorganización que corresponden al País Vasco y sólo "tomará en consideración" aquello "que proceda de Madrid con lo que tenga sintonía". Sin embargo, de la sintonía que no piensa desprenderse el Gobierno vasco en los próximos años es aquella que interpreta la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Esta entidad, creada hace 31 años por el decreto 62/1982, de 15 de febrero, a propuesta de las consejerías de Economía y Hacienda y Cultura -depende actualmente de este último departamento-, constituye una sociedad pública del Gobierno vasco, con "capital totalmente suscrito y desembolsado" por dicho Ejecutivo autonómico. Al frente de la misma desde 2006 se encuentra con cargo de director general Iñigo Alberdi, afín a la formación de Urkullu hasta el punto de que fue concejal de Cultura por el PNV entre 1999 y 2003 en el Ayuntamiento de Vergara (Guipúzcoa), donde también ejerció de presidente de la junta local peneuvista.
En concreto, el Gobierno vasco acaba de formalizar la contratación de un plan de viajes y alojamiento para la Orquesta Sinfónica de Euskadi por valor de 250.295 euros. Según reza en el pliego de prescripciones técnicas, al que ha tenido acceso este diario, el Ejecutivo autonómico requiere los "servicios de agencia de viajes, asistencia técnica y organización de los desplazamientos, transporte y alojamiento del personal de dirección y artistas u otros invitados" de dicha entidad. La empresa adjudicataria se encargará de la "reserva, adquisión y entrega de los correspondientes títulos de viaje en avión". El pliego también especifica los cargos de gestión máximos a abonar, que van de los 7 euros por billete aéreo nacional a los 10 euros por pasaje internacional. En cuanto al alojamiento, son 10 euros por reserva/noche. Asimismo, se detalla que la Orquesta costeará habitaciones dobles de uso individual con desayuno incluido en hoteles de cuatro estrellas. Respecto a la duración del contrato, su ejecución está prevista para los próximos tres años, con posibilidad de prorrogarla otros dos ejercicios.
Sin partida para borrar las pintadas en favor de ETA
La Orquesta Sinfónica de Euskadi cuenta con una dotación presupuestaria que asciende a los 6,38 millones de euros, según las cuentas autonómicas para 2013. Aunque el Ejecutivo de Iñigo Urkullu metió así la tijera en los 7,25 millones del pasado ejercicio destinados a la sociedad que dirige Alberdi, no quiso acometer aquí un recorte más severo. A diferencia de ello, donde sí lo perpetró fue en la eliminación de la partida de 300.000 euros (cifra cercana a los 250.000 euros vinculados ahora a la Orquesta) que se invertían en la retirada de carteles proetarras y limpieza de pintadas en favor de la banda terrorista ETA y sus satélites. Por otro lado, el Gobierno penevuista encontró recursos suficientes para ampliar a 2,5 millones de euros la partida de un millón que había dirigido el anterior gabinete de Patxi López (PSOE) a la indemnización de las denominadas "víctimas de motivación política" o de "abusos policiales" durante la Transición.
'Embajadoras culturales' de las regiones
Al igual que ha ocurrido con otras instituciones autonómicas como los Defensores del Pueblo o los Consejos Consultivos, que ahora quiere eliminar el Gobierno de Rajoy, el modelo territorial del Estado también ha permitido la proliferación de orquestas oficiales regionales. Más de una veintena de comunidades y grandes ayuntamientos han financiado desde las arcas públicas desplazamientos y actuaciones de bandas de músicas propias, que no terminan de llenar auditorios en un periodo de recesión. Concebidas como 'embajadoras culturales', su continuidad en la Administración está lejos de verse mermada, pues hay comunidades donde conviven incluso más de una orquesta oficial. Es el caso, precisamente, del País Vasco, donde el Ayuntamiento bilbaíno y la Diputación Foral de Vizcaya también costean los gastos de la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Por su parte, en Galicia se hallan tanto la Orquesta Sinfónica con sede en el Palacio de la Ópera de La Coruña, como la Real Filharmonía, en Santiago de Compostela.
