Los inspectores educativos han estallado contra el Gobierno a cuenta de la subida del precio de los carburantes. El sector denuncia que se ve obligado a utilizar diariamente vehículos particulares para desplazarse a los distintos centros educativos y que la indemnización que reciben por ello, 0,19 céntimos de euro por kilómetro recorrido, es la misma que hace 16 años. "Gastamos una media de 300 euros mensuales", calculan.
"Miles de docentes e inspectores de educación nos vemos obligados a utilizar diariamente nuestros vehículos particulares para desplazarnos a los centros y servicios educativos con el fin de llevar a cabo las tareas encomendadas por las correspondientes administraciones educativas", explican. En concreto, los inspectores de educación efectúan visitas a centros y servicios en función del artículo 153 de la LOE-LOMLOE.
La indemnización por la utilización del vehículo particular está fijada en la mayoría de Comunidades Autónomas en la cantidad de 0,19 céntimos de euro por kilómetro recorrido, una cantidad que tachan de "irrisoria". "Esta compensación por desplazamiento por utilizar nuestros vehículos particulares no se ha modificado desde hace más de 16 años en la mayoría de los casos", lamentan.
Los inspectores ven cuantías "desfasadas"
Según el sindicato USIE, la organización profesional de los inspectores de educación, estas cuantías están totalmente desfasadas, sobre todo teniendo en cuenta el incremento del IPC de estos últimos meses a consecuencia, sobre todo, de la escalada continua y generalizada de los precios de los carburantes.
"A esta situación hay que añadir que los gastos generados por el uso y mantenimiento de los vehículos particulares corren a costa de cada docente y de cada inspector/a, sin que la Administración se haga cargo, ni tan siquiera mínimamente efectúe alguna compensación, con lo que, en parte, estamos financiando un tipo de parque móvil sui géneris. Tampoco las administraciones disponen de un seguro de accidentes que cubra posibles siniestros en desplazamientos motivados por razones de servicio público", advierten.
Desde USIE exigen que el Ejecutivo efectúe de manera inmediata la actualización de la compensación económica por desplazamientos
El sindicato ve "inaceptable" que a determinados empleados públicos como los inspectores de educación y los docentes itinerantes les cueste dinero realizar las funciones establecidas por las propias Administraciones educativas. "A un inspector, hoy por hoy, utilizar su propio vehículo para trabajar al servicio de la Administración educativa correspondiente realizando los desplazamientos ordenados por aquella, le está costando una media de 300 euros mensuales", calculan.
Desde USIE exigen que el Ejecutivo efectúe de manera inmediata la actualización de la compensación económica por desplazamientos en el desempeño del puesto de trabajo de los inspectores de educación y de los demás empleados públicos. Y que la reforma se haga tanto en el ámbito estatal como en el autonómico.
"El Ministerio de Hacienda y Función Pública debe actuar ante esta situación previo trámite en la Mesa General de Negociación de ámbito de personal funcionario y laboral del conjunto de las Administraciones Públicas, según regula el artículo 36.1 del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP)", emplazan desde la organización presidida por Jesús Marrodán.
Además, apuntan a las administraciones educativas de las comunidades autónomas: "Estas deben adoptar de forma urgente las medidas necesarias en su ámbito de competencias con el fin de resolver este perjuicio que sufren miles de docentes e inspectores".
Por encima de los 2 euros el litro
Aunque el precio de la gasolina ha bajado ligeramente esta última semana y está dando un leve respiro a los consumidores, continúa situándose por encima de los 2 euros el litro. Además, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, el gasóleo ha subido de nuevo y ha marcado un nuevo récord histórico. En conjunto, el precio de los carburantes supera la media de la eurozona.
Ante esta situación, transportistas y camioneros, primer sector que decidió salir a las calles para protestar contra la subida del precio de los carburantes, ya han advertido que podrían volver a la huelga si el Gobierno no materializa la ley de trabajar sin pérdidas. Ahora, los inspectores educativos se suman a los reclamos y exigen al Ejecutivo actualizar unas compensaciones que no se ajustan a los precios actuales.
