Donde dije digo digo Diego... o vuelvo a decir digo. El Ministerio del Interior e Instituciones Penitenciarias llevan mes y medio lanzando a la opinión pública mensajes contradictorios sobre el alcance real del inminente proceso de privatización de parte de la seguridad de las cárceles españolas. Hasta ayer, el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz había asegurado en al menos dos ocasiones que los vigilantes privados que se incorporarán a partir del último trimestre del año a una veintena de las 74 cárceles españolas lo harían para sustituir tanto a los policías y guardias civiles que prestan servicio en la seguridad del perimetros de los centros penitenciarios, como a los funcionarios de prisiones que realizan labores en el interior. Sin embargo, el departamento de Ángel Yuste ha negado insistentemente, incluso por escrito, este último extremo ante la abierta oposición de los sindicatos de estos últimos. Cuando ayer Vozpópuli intentó conocer cuál es la postura final, los responsables de prensa de uno y otro departamento tiraron balones fuera, o mejor dicho, hacia el otro departamento. "Este tema trátalo con Interior", afirmaron en Instituciones Penitenciarias. "Mejor que hables con prisiones", contestaron en el Ministerio. La discrepancia es interpretada en el ámbito penitenciario como síntoma de la soterrada disputa existente entre el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, y el máximo responsable de Prisiones, Ángel Yuste.
Mientras Ulloa ha afirmado que los vigilantes sustituirán a los funcionarios de prisiones en determinadas labores, Yuste insiste en negarlo
El enfrentamiento entre uno y otro se inició el pasado 28 de junio, cuando Ulloa, compareció en la comisión de Interior de Congreso de los Diputados. Entonces, Ulloa anunció por sorpresa que los vigilantes privados no sólo optarían a sustituir a policías y guardias civiles en la custodia exterior de las cárceles, sino que también relevarían a los propios funcionarios de prisiones en determinadas funciones dentro de las cárceles. Ulloa puso como ejemplo “mirar un monitor de seguridad dentro de la cárcel”. El número 2 de Interior justificó la propuesta en la imposibilidad por la crisis de crear las 1.800 nuevas plazas de funcionarios necesarias para hacer frente a la futura apertura de varios centros. “Hay que poner mucho ingenio entre todos para poder paliar estas deficiencias”, dijo después de incidir que “no queda más remedio que buscar alternativas, la alternativa de la seguridad privada”.
El anuncio provocó la inmediata respuesta de los sindicatos de prisiones. La organización mayoritaria, ACAIP, denunció que detrás del argumento del ahorro se escondía la intención del Gobierno de beneficiar a las empresas privadas de seguridad. Su presidente, José Ramón López, afirmó entonces que estarían “atentos” a la composición accionarial de las compañías que finalmente consiguieran los contratos y puso en duda que la medida supusiera un ahorro para las arcas públicas. Las críticas sindicales llevaron entonces al máximo responsable de Instituciones Penitenciarias a convocar a todos los sindicatos a una reunión extraordinaria de la Mesa Delegada el pasado 10 de julio. En ella, Ángel Yuste, aseguró que las palabras de Ulloa eran fruto del debate parlamentario, pero negó que Interior hubiera puesto en marcha ninguna “iniciativa ni proyecto” para sustituir a funcionarios de prisiones por vigilantes jurados como se deducía de las palabras del número 2 del departamento. Eso sí, el secretario general de IIPP reconoció que la falta de personal hacía necesario “general alternativas sostenibles y eficientes” para cubrir las vacantes, pero no las concretó.
"Tareas auxiliares"
A partir de ese momento, la polémica quedó silenciada... hasta el pasado miércoles. Ese día, el Ministerio del Interior, y tras adelantar Vozpópuli dos días antes que el departamento de Fernández Díaz estaba ultimando el plan para poner en marcha la privatización de la seguridad en las primeras cárceles, informó a la prensa que dicho proyecto estaba en marcha y que, como ya había anunciado en su día el secretario de Estado, los vigilantes privados participarían en "tareas auxiliares" dentro de las cárceles relevando a funcionarios de prisiones. Un portavoz del ministerio, de hecho, puso como ejemplo a un periodista de este diario el mismo que utilizó Ignacio Ulloa en el Congreso: "Para observar los monitores de dentro de la cárcel". Una información en el mismo sentido fue recogida al día siguiente por el diario El País, lo que provocó la inmediata reacción de los sindicatos de prisiones, sobre todo del mayoritario ACAIP, que inmediatamente se puso en contacto con el máximo responsable de Instituciones Penitenciarias.
Según se recoge en un comunicado que ACAIP colgó ayer en su página web, Yuste aseguró que la información transmitida por Interior a los periodistas era errónea y que, de hecho, el pliego de condiciones del contrato que la Secretaría de Estado de Seguridad está ultimando para presentárselo a las empresas de seguridad interesadas en participar en la protección de las prisiones reflejará explicitamente que el personal de vigilancia privada se incorporará únicamente como personal de apoyo a la custodia exterior en sustitución de policías y, sobre todo, guardias civiles, pero nunca para puestos actualmente ocupados por funcionarios de prisiones. El secretario general de Instituciones Penitenciarias incluso rectificó a Interior en el número de prisiones en el que se aplicará la privatización antes de acabar el año: habló de un número que oscilará entre los 15 y los 21, "dependiendo de las disponibilidades económicas".
Venticuatro horas después, los mismos protavoces de Interior que habían informado que una parte de las funciones de los funcionarjos de prisiones se verían afectadas por la privatización en marcha, cambiaban de discurso y se alineaban con la tesis defendida por Yuste. Incluso, se pusieron en contacto con los dirigentes sindicales para reconocer su error en la transmisión de la información a la prensa. No obstante, ACAIP aseguraba en el comunicado colgado en su página web que permanecerán atento a cualquier intento de privatizar puestos de funcionarios y que, en caso de intentarlo, "se opondrá absolutamente a la misma".
