El juzgado de instrucción número 1 de Tarragona ha cerrado la instrucción del llamado caso Inipro, de presunta corrupción en los Servicios Sociales, y mantiene al alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), como investigado.
Según el auto de apertura de procedimiento abreviado, hecho público hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el magistrado considera que hay indicios de que Ballesteros ha cometido, presuntamente, los delitos de malversación, prevaricación, cohecho, alteración de precios en concursos públicos, falsedad documental, tráfico de influencias, fraude y abuso en el ejercicio de la función pública.
El magistrado, que deja la plaza vacante al trasladarse al TSJC, ha comunicado hoy a las partes -la CUP denunció los hechos al juez antes de tener representación municipal- el auto, que aún no es firme.
De los 16 investigados, quince siguen encausados y la excepción es un empresario fallecido, vinculado al PSC, del grupo Iniciatives i Programes (Inipro).
El juez mantiene encausada a la concejal de Fiestas, Cultura y Patrimonio, Begoña Floria (PSC), a la ex concejal de Servicios Sociales Victòria Pelegrin (PSC); al ex jefe de gabinete de alcaldía Gustavo Cuadrado, y al ex gerente del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) Antonio Muñoz.
El resto son empleados de la empresa Inipro, contratada por el IMSS para dar un servicio de atención a los inmigrantes pero que, sospecha el juez, se dedicaron a promocionar a Ballesteros.
El auto lo ha recogido, en representación del alcalde, el abogado David Rocamora, quien se ha felicitado por el cierre de una instrucción que ha durado cinco años, ha reivindicado la "inocencia" de Ballesteros y ha anunciado que apelará el auto.
Por el contrario, la denunciante y actual portavoz del grupo municipal de la CUP, Laia Estrada, considera que el auto confirma que el PSC actuó como un "cacique" y pide la dimisión de Ballesteros.
Estrada denunció, a raíz de las quejas públicas de los trabajadores del IMSS, que este organismo había contratado a la empresa Inipro en el 2010 y que prorrogó su contrato el 2011 y 2012 de forma irregular, ya que tenía que haberlo vuelto a adjudicar.
Tanto Secretaría como Intervención avisaron al alcalde de esta irregularidad, pese a la cual autorizó en siete ocasiones que se pagara a Inipro, con un importe de 215.000 euros repartido en 21 facturas.
Ballesteros las autorizó porque también se le advirtió de que, de no hacerlo, cometería un delito de enriquecimiento injusto, ya que Inipro habría hecho los trabajos y había que pagarlos.
Sin embargo, el juez considera que no están acreditados y que fue un sistema tejido "en beneficio del PSC".
Bajo el paraguas de Inipro, "personas determinadas, afiliadas o simpatizantes" del PSC cobraron dinero público por hacer "de forma remunerada actividades de naturaleza política a cargo de los presupuestos municipales", según el juez.
