Lejos del foco mediático, el ‘caso interligare’, que investiga la supuesta existencia de una red corrupta para amañar contratos públicos con conexiones en el Ministerio del Interior, avanza a cámara lenta, muy lenta. El pasado miércoles, la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Aranjuez, Cristina García González, dictó un auto por el que prorrogaba de nuevo el secreto de sumario sobre las actuaciones … y ya van cuatro desde que el pasado mes de septiembre la Audiencia Provincial de Madrid le obligase a hacerse cargo de una investigación iniciada hace más de un año y que ella rechazaba instruir. En todo esto tiempo, pocas más decisiones ha tomado la magistrada en una causa en la que ni siquiera ha llamado a declarar a los tres ex altos cargos de la Policía que fueron acusados, según confirmó a este diario uno de ellos.
La Audiencia Provincial de Madrid obligó a la magistrada a hacerse cargo del sumario en septiembre. Desde entonces mantiene en secreto las actuaciones
Aparte de las sucesivas prórrogas de secreto de sumario –dictadas el 11 de octubre, el 9 de noviembre, el 7 de diciembre y la última, de 4 de enero--, sólo se sabe que la magistrado pidió recientemente al sindicato Mano Libres, que se personó en la causa como acusación popular, que explicase los motivos su interés por participar en el caso. Este sindicato pedía en su escrito de personación la imputación en la causa de 24 personas, entre ellas los ex ministros socialistas de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba y Antonio Camacho, y el ex juez Baltasar Garzón, así como todas aquellas personas que ocuparon algún cargo directivo en la empresa. Además de esta petición de explicación, nada más ha trascendido de la actividad de la jueza en el sumario.
Y ello a pesar de que el caso se inició hace ya catorce meses, el 3 de noviembre de 2011, cuando agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía presentaron una diligencia informe en los juzgados de Aranjuez, localidad del sur de Madrid donde tiene su sede la empresa Interligare, en el que acusaba a Gabriel Fuentes, ex comisario general de Información, Miguel Ángel Fernández Rancaño, ex jefe superior de Policía de Madrid, y Luis Luengo, ex director de Infraestructuras de Interior, de haber falseado documentos oficiales de Hacienda y la Seguridad Social para ocultar las deudas que la compañía tenía con ambos organismos y así poder contratar con Interior. Fuentes y Rancaño trabajaban en la citada compañía, y Luengo tenía dos hijos en la empresa, además de ser el encargado de firmar las concesiones en el Ministerio.
Con aquella entrega de documentación, los miembros de la UDEF solicitaron ya entonces a la magistrada que dictase una orden de detención contra los tres acusados. Sin embargo, la jueza hizo oídos sordos a la petición e, incluso, quiso apartarse del caso. De hecho, el 17 de noviembre de 2011, dos semanas después de recibir la denuncian, se inhibió a favor de los juzgados de instrucción de la Plaza de Castilla. Éstos le devolvieron la causa el 2 de diciembre, y la magistrada recurrió la decisión a la Audiencia Provincial de Madrid, que el pasado septiembre falló que era la magistrada de Aranjuez quien debía hacerse cargo de la investigación. Tan pronto como la denuncia volvió a su juzgado, ésta decretó el secreto de sumario. Hasta hoy. Fuentes jurídicas apuntaban ayer a este diario su temor a que la jueza termine archivando el caso.
Los tres acusados niegan los hechos
El caso saltó a la luz pública el pasado verano, después de que el diario El Mundo destapase la existencia del informe de la UDEF. Desde entonces, los tres altos cargos de la Policía han negado los hechos de los que les acusan sus compañeros y han achacado la realización del informe a un “ajuste de cuentas” entre agentes, con ellos como víctimas. Ayer, Luis Luengo aseguraba a Vozpópuli que el juzgado aún no se había puesto en contacto ni con él ni con su abogado y que no le consta estar imputado en ninguna causa. “La última noticia que tengo de este asunto es la noticia que se publicó el pasado 8 de agosto”, aseguró mientras insistía en negar las acusaciones que vertía el informe policial.
El caso le ha costado ya el puesto a un asesor del director general de la Policía y una denuncia por amenazas y coacciones al inspector jefe que inició la investigación
Pese a que la denuncia no se ha plasmado aún en acusaciones contra nadie, el caso interligare si ha costado ya el puesto a varios mandos policiales. Primero, frustró el nombramiento de uno de los acusados, Gabriel Fuentes, como asesor del que fuera hasta el viernes secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, para el que ya trabajaba entonces de forma no oficial. Además, la Dirección General de la Policía, que siempre ha asegurado que el caso se limita a una pelea entre clanes policiales y que el informe que permitió abrir la causa se hizo al margen de la cadena de mando, ordenó a la unidad de Asuntos Internos, que investiga la corrupción en el Cuerpo, iniciar pesquisas sobre los agentes que firmaban el polémico informe. Finalmente, este grupo denunció al inspector jefe Jaime Barrado, principal responsable del mismo, por amenazas y coacciones ante el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid. Acusaciones a las que sumó posteriormente la de revelación de secretos oficiales al considerar que había sido él quien había filtrado el documento policial a El Mundo.
El caso también salpicó al entorno más cercano al actual director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Su jefe de gabinete, el inspector Pedro Agudo, a quien supuestamente se dirigió el inspector jefe Barrado al poco de llegar el PP al poder para exigir ser repuesto en su destino porque estaba a punto de concluir una investigación muy importante, dimitió de su cargo y fue destinado a un puesto en el extranjero. El propio Cosidó, que siempre ha mantenido el más absoluto silencio sobre el asunto, se vio salpicado después de que Vozpópuli revelase que cuando aún era diputado de la oposición hizo en el Congreso una pregunta por escrito y dos solicitudes de informe para conocer la relación de la Administración con la empresa Interligare.
