El control extra que ha anunciado el Gobierno para condicionar el envío de los Fondos de Financiación Autonómica (FLA) a la Generalitat convierte en protagonistas involuntarios a los interventores catalanes. Entre sus funciones está la de dirigir y gestionar la contabilidad pública, así como establecer las directrices de actuación en la gestión de subvenciones y ayudas. El Ejecutivo central va a estar muy pendiente a partir de ahora de que ni un sólo euro de los fondos del Estado para Cataluña se destine al referéndum independentista convocado para el 1 de octubre.
Pero el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, también está haciendo su parte para que no haya una sola grieta en el Govern ni en las instituciones catalanas que pueda quebrar el ‘procés’ y su camino hacia la independencia y, por ello, en los últimos meses, ha movido del tablero de juego a varias personalidades por su falta de convicción en el ideal soberanista.
Los cambios también llegaron desde 2016 a la Intervención General de Cataluña, y se hicieron más firmes en mayo de este año. Éstos son los interventores de Puigdemont de los que estará ahora más pendiente el Gobierno de Rajoy.
Rosa Vidal y Montserrat Vidal
Rosa Vidal tiene, indirectamente, mucho que ver con las nuevas medidas de control del Gobierno a los fondos autonómicos a la Generalitat. A ella iba dirigida una carta del Ejecutivo para pedirle explicaciones por un desvío de fondos injustificado para procesos electorales. Como Vidal, interventora general de la Generalitat, no respondió en el plazo estipulado de tres días, el Gobierno anunció este viernes las medidas de control.
Vidal es la máxima interventora desde mayo de 2016, cuando el vicepresidente económico del Govern, Oriol Junqueras, quitó de el cargo a Mireia Vidal. Aunque la Consejería de Economía aseguraba que se trataba de “una renovación de cargos propia de un cambio de Gobierno” (que entonces todavía estaba de estreno), el cambio parecía estar más ligado a las tensiones entre CDC (a donde estaba más vinculada la interventora saliente) y ERC, desde donde la acusaban de ser demasiado blanda a la hora de fiscalizar ciertas empresas públicas.
Volviendo a la carta del Ejecutivo central pidiendo explicaciones por el supuesto desvío injustificado de fondos, el foco de la cuestión cae sobre Montserrat Vidal i Roca, interventora del área de Procesos Electorales y Consultas Populares. Este será a partir de ahora el área principal de las preocupaciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el resto del Gobierno, para impedir la consulta.
Ivan Puig Serra
El departamento de Intervención Adjunta para el Control de las Entidades del Sector Público lo ocupa Ivan Puig Serra, siendo de los interventores más jóvenes del organismo. Poco se sabe públicamente de él y de su compromiso o no con el ‘procés’, aunque Puig ha compartido públicamente en alguna ocasión fotografías con la bandera de la Estelada, como la que ocupa su portada de la red social Facebook desde hace varios años.
David Canada y Virginia Astigarra
En mayo de este año, el Govern creó la Dirección General de la Intervención, dependiente de Rosa Vidal, y puso a su cargo a David Canada i Zapater, un licenciado en Económicas y con un posgrado en gestión de Hacienda autonómica y local que era interventor adjunto desde 1998.
La siguiente en el organigrama es Virgínia Astigarra Pallarés, responsable de Intervención adjunta para la fiscalización, una mujer de 45 años que se ha mantenido discreta en el tiempo que ha trabajado para la Generalitat desde 1992.
Juan A. Guerrero, Berta Llovera y Josefa Casas
Otro de los cargos sobre los que el Ejecutivo va a estar pendiente es del interventor adjunto para la Compatibilidad, Juan Antonio Guerrero Luque, que entre otras cuestiones se encarga de dirigir,coordinar y ejecutar la contabilidad centralizada.
Con él, Berta Llovera i Corbella, una catalana de origen cubano y licenciada en Filosofía y Letras que compatibiliza su puesto en la Intervención con la docencia en la Administración.
Por último, uno de los nombramientos más recientes en la Intervención General, el de Josefa Casas Espitia en mayo de este año como interventora adjunta para la Seguridad Social. Casas, licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, lleva en el cuerpo de interventores de la Generalitat desde 1992.
