El levantamiento esta semana del secreto de sumario sobre la relación entre el BBVA y el comisario Villarejo ha sacado a la luz evidencias que complican las coartadas del que fuera presidente del banco Francisco González para distanciarse del polémico mando, actualmente en prisión. Lo que arroja la documentación del caso es que Villarejo encabezaba una suerte de guardia pretoriana contratada para solucionar problemas al banquero.
La Fiscalía sitúa a González como líder intelectual de la contratación del comisario. Sostiene que lo hizo a sabiendas de la ilegalidad de sus actuaciones, empezando por que se tratase de un policía todavía en activo. El banquero lo niega y dice que no estaba al corriente de esos detalles. Ante el juez llegó a argumentar que a él no se le molestaba por movimientos inferiores a 50 millones de euros.
La investigación del caso cifra en 10,2 los millones que cobró el polémico mando por encargos varios. Se le estuvo pagando desde el año 2004 hasta 2018, casi todo el mandato de González. Se le abonaron facturas incluso después de ingresar en prisión en noviembre de 2017 por un carrusel de delitos que van desde el cohecho hasta la organización criminal. Francisco González, en cambio, dice que se enteró de estos hechos en mayo de 2018, tras casi dos décadas al frente de la entidad.
La "chapuza" de Sacyr
Uno de los temas centrales de la investigación es el encargo a Villarejo de torpedear el intento de la constructora Sacyr Vallehermoso de hacerse con el banco. Ante el juez, Francisco González dijo que el plan solo era recabar información de los accionistas de Sacyr y saber quién estaba detrás de la operación. Para ello, admitió haber autorizado la contratación de detectives, pero sin saber que se recurrió en concreto a la empresa Cenyt del excomisario.
La Fiscalía, en cambio, insiste en que Francisco González no solo lo sabía, sino que quiso beneficiarse de la ascendencia que Villarejo tenía en la Policía y su capacidad de acceder a bases de datos confidenciales. Por ello se lo ordenó presuntamente a su jefe de seguridad, el expolicía Julio Corrochano, que había sido compañero de Villarejo en el Cuerpo.
Para acceder a datos confidenciales, contaba con un colaborador de lujo en la Policía que presuntamente le suministraba datos privados. Ese era el comisario Enrique García Castaño, también investigado en esta causa. Conocido como el Gordo, era el responsable de una de las unidades más sensibles de la Comisaría General de Información de la Policía. Cuando tuvo que declarar ante el juez, García Castaño afirmó que Villarejo le pedía información para FG.
En el sumario del caso constan además las transcripciones de las grabaciones que realizaba Villarejo de sus citas con Corrochano. En ellas se aprecia cómo hablan abiertamente de que el tráfico de datos privados tiene como destinatario a Francisco González al que se refieren como el "sheriff", "el presi" o el "gran jefazo". En uno de esos encuentros, para lograr su objetivo, Corrochano advierte que la información no es que la esté pidiendo él, sino el propio González.
Salvar a Francisco González
En sus primeras pesquisas para el banco, Villarejo fue mucho más allá de recabar la postura de los accionistas de Sacyr si tienen en cuenta los informes que remitió al para justificar que le pagasen. Uno de ellos se llamaba Proyecto FG y en él admitía haber espiado, entre otros, el exministro socialista Miguel Sebastián, como desveló en exclusiva este periódico. También decía haber interceptado miles de llamadas, incluido a miembros del Gobierno. Durante el interrogatorio a Francisco González, la Fiscalía le preguntó a quién podían corresponder las siglas "FG". El banquero admitió sin género de dudas que se trataba de él.
Los investigadores sospechan que el encargo a Villarejo era para frenar el asalto de Sacyr, pero también para salvar a Francisco González. Procedente de Argentaria, había llegado a la presidencia del BBVA tras la fusión avalado por el expresidente José María Aznar. Con la llegada al poder del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, en el banco temieron que el Ejecutivo estuviera tras el asalto de Sacyr para descabalgarle. Corría el año 2004 y en ese momento Miguel Sebastián era el responsable de la oficina económica de Moncloa.
En su visita como investigado a la Audiencia Nacional, Francisco González restó valor a las investigaciones del comisario. Las calificó como “chapuza”. Sin embargo, por esos trabajos le pagaron al menos 592.069,61 euros. La Fiscalía advierte de que a esa cantidad “podrían sumarse otros pagos que ascienden a 483.431,40 euros realizados entre los años 2005 a 2007, cuya vinculación con los contratos y facturas conocidos permanece pendiente de esclarecer por completo”.
'FG' dio la orden, según Corrochano
González menosprecia ahora los informes de Villarejo, pero el BBVA volvió a recurrir al comisario. Fue para investigar el patrimonio de varios empresarios que le debían dinero al banco como Fernando Martín, Luis Portillo o el Grupo Prasa. Inicialmente se había recurrido a otra empresa de detectives llamada Kroll, pero no estaban del todo contentos con sus resultados. Entonces Francisco González dio orden de que Corrochano contratase de nuevo a Cenyt, la empresa de Villarejo.
Al menos así lo relató Corrochano en un cuestionario que le remitió al banco tras estallar el escándalo. El que fuera jefe de seguridad del banco dejó por escrito que en ocasiones era él mismo quien reportaba directamente Francisco González de las gestiones del polémico comisario. Por estos trabajos cobró al menos cuatro millones de euros. Eso a pesar de que el BBVA no logró recuperar el dinero que le debían, según admitió el representante legal del banco durante su declaración ante el juez.
La entidad financiera volvió a recurrir a él para investigar al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, al que acusaban de extorsión. En este caso, no hubo ni contrato, sino un acuerdo verbal entre Cenyt y Corrochano. La sociedad de Villarejo recibió varios pagos anuales de medio millón de euros, según el juez Manuel García Castellón. El paso definitivo para actuar contra Pineda se produjo presuntamente en una comida en la sede de los servicios centrales de la Policía Nacional en 2015.
Fincas personales y gestiones en Interior
Francisco González sostiene que aquella fue una comida institucional a petición del entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Sin embargo acudió acompañado de su jefe de seguridad, Julio Corrochano, y de su responsable de Asuntos Jurídicos, Eduardo Ortega. Este último dejó por escrito un documento en el que explicaba que en ese almuerzo se acordó presentar una denuncia anónima contra Pineda. Se le entregaría a Villarejo y este la llevaría a la UDEF de la Policía.
A estas pruebas se suman trabajos llevados a cabo por Cenyt inequívocamente personales en favor de Francisco González como el estudio de diversas fincas en Marbella, Mallorca o El Escorial para adquirir terrenos. También la tramitación ante el Ministerio del Interior para levantar un muro de seguridad en su casa de verano de Guadalmina (Málaga). “Por supuesto estoy muy sorprendido”, le dijo Francisco González al juez, pero admitió que a su jefe de gabinete si le pedía información acerca de las fincas que iba a adquirir. "Como puede comprender yo no puedo comprar una finca a una persona de dudosa procedencia".
También le remitieron un informe que versaba sobre su seguridad personal. En ese documento le advertían de riesgos derivados de su enfrentamiento con Pineda por una presunta relación del presidente de Ausbanc “con sicarios”. En virtud de esas gestiones se reforzó la protección personal de Francisco González por lo que “se extendió y se amplió” tras un acuerdo del Consejo de Administración. El banquero le dijo al juez que conoció esta decisión, pero a él nadie le informó de los riesgos que existían para su seguridad.
