La Autoridad Catalana de Protección de Datos ha abierto una investigación para averiguar si el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat), dependiente de la Generalitat, elaboró informes sobre empresarios y creó bases de datos privados de forma irregular con el seguimiento a personas.
En un oficio, a que ha tenido acceso Efe, la directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, organismo también adscrito a la Generalitat, ha pedido al Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga al Govern por los preparativos del 1-O, que le remita el informe de la Guardia Civil que apunta a que el Cesicat pudo usar datos privados de manera irregular.
Un 'CNI' catalán
A raíz de este informe, la Fiscalía concluyó que el Cesicat funcionó "en la práctica" como un "CNI catalán", con el que llevó a cabo actividades irregulares, como el control de las comunicaciones, interceptando correos electrónicos y teléfonos móviles.
En su escrito, la directora de la Autoridad Catalana comunica al Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona que ha abierto una "información previa" para determinar la conveniencia de iniciar un procedimiento sancionador, en el caso de que detectar que desde el Cesicat se incumplió la Ley de protección de datos de carácter personal.
Según la Fiscalía, el Cesicat, que fue creado en 2009 y que en 2016 pasó a depender del departamento de Presidencia de la Generalitat, se dedicó "al encargo de informes sobre empresarios y altos cargos de la Generalitat e incluso a la creación de bases de datos de ciudadanos para diversos fines", carentes de control.
El Cesicat desarrolla funciones que claramente exceden de su marco legal regulador
"Todos los datos objetivos mencionados confirman una base indiciaria suficiente para sostener con carácter presuntivo que el Cesicat desarrolla funciones que claramente exceden de su marco legal regulador y que en la práctica está ejecutando actividades más propias de un servicio de inteligencia que son competencia exclusiva del Estado", remarca la Fiscalía, en un escrito remitido al juez en marzo de 2016.
Al trascender el contenido del informe de la Guardia Civil, la directora del la Autoridad Catalana remitió el pasado 2 de noviembre -cuando el gobierno catalán ya había sido destituido en aplicación del artículo 155 de la Constitución- un oficio al magistrado para comunicarle que había abierto una información previa para conocer "las circunstancias del caso".
En el oficio, la responsable de la Autoridad Catalana pide al juez que, "con pleno respeto a la función judicial, y siempre que las circunstancias concurrentes en el proceso judicial lo permitan", le remita una copia del informe de la Guardia Civil y de otros "elementos probatorios que puedan ser relevantes" para aclarar los hechos y determinar "presuntos responsables, en el marco de las competencias sancionadoras" que corresponden a su organismo.
Referéndum del 1-O
En el marco de la operación para impedir el referéndum del 1-O, la Guardia Civil incautó al jefe de riesgos del Cesicat un plan por el que, a través de una aplicación conocida como evot, se podrían contabilizar los votos en los colegios electorales y podría ser empleada para ejercitar el voto telemático en el referéndum, que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional.
Además, la Guardia Civil neutralizó, la víspera del referéndum, el "call center" destinado a dar apoyo técnico a la votación, al localizar y dejar sin servicio una sala que iba a ser usada para gestionar datos electorales del 1-O, situada en el complejo que comparten el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y el Cesicat.
