El juez de Instrucción número 7 de Barcelona, Francisco Miralles, que estudia decenas de denuncias presentadas contra policías por su actuación el 1-O quiere investigar qué se dijo en la reunión que mantuvieron tres días antes del referéndum ilegal representantes del Ministerio del Interior y de la Generalitat con su entonces presidente Carles Puigdemont a la cabeza.
Así consta en una providencia firmada el pasado 27 de junio por el magistrado a la que ha tenido acceso Vozpópuli. En ella insta al Ministerio a que le “aporte el acta definitiva de la reunión mantenida el 28 de septiembre de 2017”. Según se aprecia en el documento, el juez insiste en que le manden el acta después de haberla pedido una primera vez el 8 de mayo sin obtener respuesta.
El jueves 28 de septiembre del año pasado tuvo lugar en Barcelona una Junta de Seguridad convocada por el expresidente catalán y a la que también asistió el entonces mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluis Trapero. Por parte de Interior, acudió el ex secretario de Estado de Seguridad Juan Antonio Nieto y el recién nombrado coordinador único del dispositivo policial para el referéndum, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.
"No fue cómoda, fue tensa"
Faltaban algo más de 48 horas para la celebración de la consulta y la Justicia ya había dado órdenes a las fuerzas de seguridad para que evitasen la votación. La cita estuvo marcada por la tensión tal y como declaró en calidad de testigo el propio Pérez de los Cobos durante las cuatro horas que compareció ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. “No fue cómoda, fue tensa”, relató el coronel.
Según la versión de este mando, desde la Generalitat defendieron “la necesidad de no actuar el día 1 de octubre porque supuestamente iba a haber unas masas concentradas de tal volumen que iba a complicarse la actuación en el caso de presencia de Policía y Guardia Civil”. En la misma línea, transmitían la imposibilidad de actuación de los Mossos.
Puigdemont advirtió de que que habría “mucha gente en la calle”, manifestó que “la convivencia era el bien superior” y dijo que no podía consentir como presidente la alteración de esa convivencia”. Pérez de los Cobos recordó que en ese momento se le contestó que “el cumplimiento de la Ley está por encima de la convivencia”. Ante el juez Llarena, el coordinador del dispositivo manifestó que Trapero, procesado por sedición en la Audiencia Nacional, estaba alineado con la estrategia de Puigdemont y el exconseller de Interior, Joaquín Forn, actualmente en prisión.
Los Mossos advirtieron
Tal y como informó este periódico, antes de esa cita la Comisaría General de Información de los Mossos d’Esquadra ya había elaborado un informe en el que alertaba a sus superiores de que habría un 1-O violento. Ahora, el juez Miralles reitera su petición de que le manden el acta a instancias de un escrito del Ayuntamiento de Barcelona, que advirtió al magistrado de que todavía no había sido remitido al Juzgado.
Este juez es el mismo que ya ha citado como investigados a 22 policías por presuntas lesiones provocadas a votantes durante el 1-O. Según adelantó este periódico, la semana pasada imputó a 13 agentes por su intervención en el colegio Ramón Llull donde un hombre perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma. Esta persona también se encuentra investigada por lanzar una valla metálica a los agentes.
