El Congreso de los Diputados debatirá este jueves si incluir en la ley del solo sí es sí propuesta por la ministra Irene Montero la obligatoriedad de que los menores que cometan delitos sexuales tengan que realizar programas formativos sobre educación sexual y de igualdad de género.
Y lo hará después de que los grupos parlamentarios de PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu hayan registrado enmiendas en este sentido con la intención de que mañana el Pleno de la Cámara Baja las apruebe e incluya en el texto final de la ley antes de enviarlo al Senado.
La propuesta la ha impulsado el Ministerio de Igualdad, según señalan a Efe fuentes de este departamento, para que desde un enfoque "responsabilizador" más que de castigo a todas las sentencias por delitos relativos a la libertad sexual incluyan la obligatoriedad de la medida accesoria de que el menor agresor se someta a programas formativos sobre educación sexual y educación en igualdad.
En cuanto a la suspensión de las medidas por parte del juez, se condicionará al cumplimiento de haber recibido esa formación. Sobre la medida de conciliación entre víctimas y responsables del delito contra la libertad sexual o relacionados con la violencia de género estará condicionada a que sea la primera la que la solicite de forma expresa, de forma que en los demás supuestos, no cabrá la conciliación o mediación.
El Pleno debatirá estas y otras enmiendas de los grupos que han decidido mantener vivas mañana en el debate del dictamen de la ley, que fue aprobado por la Comisión de Igualdad del Congreso el pasado miércoles y que previsiblemente saldrá adelante para seguir su tramitación en el Senado.
Lo hace sin los artículos que penalizan el proxenetismo no coactivo (no violento) y también a quien se lucre con el alquiler de locales destinados a favorecer la explotación de la prostitución (la tercería locativa) tras la aprobación de una enmienda pactada por varios grupos.
Fuerzas como ERC, Bildu, En Comú Podem, Junts o la CUP los quisieron suprimir porque defienden la libertad sexual de las mujeres que deciden prostituirse. El PSOE, por su parte, retiró una enmienda que iba más allá de la ley al pedir que se castigara a todo el que se lucre por cualquier vía de la prostitución ajena, sin la necesidad de que hubiera una relación de explotación una propuesta que finalmente, y que no contaba con el apoyo de los socios del Gobierno en el Congreso.
Eliminar la distinción entre abuso y agresión
El dictamen aprobado en la Comisión, que mantiene los ejes del proyecto: eliminar en el Código Penal la distinción entre abuso y agresión sexual, hacer del consentimiento expreso la clave para juzgar los delitos sexuales y garantizar una atención integral a las víctimas, sí incluye varios cambios en el proyecto de ley.
Así, tras las enmiendas aprobadas la semana pasada, el dictamen de la ley modifica la Ley General de Publicidad para considerar ilícita cualquier forma de publicidad que contribuya a promover la prostitución.
"Se considerará ilícita la publicidad que utilice estereotipos de género que fomenten o normalicen las violencias sexuales contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como las que supongan promoción de la prostitución en los términos establecidos en la Ley 34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad", señala el artículo 11 del texto.
Asimismo, se incluyen apartados para garantizar campañas "de concienciación y sensibilización" destinadas a desincentivar "la demanda de toda clase de servicios vinculados con la explotación sexual, la prostitución y de la pornografía que naturaliza la violencia sexual, así como sobre las consecuencias que tiene para las mujeres prostituidas".
Por otra parte, incluye pena de multa de uno a tres meses a quien habiendo recibido imágenes o grabaciones audiovisuales sin autorización de la persona afectada y que menoscaben gravemente la intimidad de esa persona las difunda, revele o ceda a terceros sin el consentimiento del afectado.
Otras propuestas que ya se incluyeron en la ley son el reconocimiento del derecho a la residencia y al trabajo a las víctimas de violencia sexual en situación irregular, en el marco de las autorizaciones excepcionales recogidas en la ley de extranjería.
También se ha reconocido el derecho a recibir ayudas a las madres de los menores asesinados por sus parejas o exparejas, como víctimas de la violencia vicaria, y se ha blindado la financiación de las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género, al establecerse que el Gobierno deberá aprobar las partidas presupuestarias necesarias.
