La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha apostado este lunes por "eliminar" las causas contra ex altos cargos independentistas ante el Tribunal de Cuentas y dejar "protagonismo absoluto" a la "política, el diálogo y el acuerdo".
En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Montero se ha mostrado partidaria de prescindir de "todo lo que no sea eminentemente político" al considerarlo "dificultades" y "piedras en un camino" que el Gobierno va a recorrer "sí o sí".
La dirigente de Podemos se ha expresado así un día antes de que el Tribunal de Cuentas dé a conocer la cantidad a la que asciende exactamente la liquidación provisional que ha fijado por su responsabilidad contable en el presunto desvío de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.
En este contexto, la ministra ha insistido en que aboga por "dejar de judicializar o convertir en un problema administrativo" una cuestión que considera política y que debe "resolverse mediante los instrumentos", precisamente, de la "política, el diálogo y el acuerdo".
"Por tanto, permítame que sea prudente, creo que es mejor hacer que decir, pero soy bastante clara cuando digo que soy partidaria de eliminar todo lo que no sea eminentemente, protagónicamente político", ha repetido.
Crisis territorial
A su juicio, el "camino de la política y del acuerdo" es el único posible para "superar" una "crisis territorial que no tiene solo que ver con Cataluña", sino también con "la España vaciada". "Somos muy conscientes de que la cohesión territorial es una prioridad, pero sin desviarme de la cuestión catalana , protagonismo absoluto de la política, el dialogo y el acuerdo", ha apostillado.
Este mismo lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su "absoluto respeto" por el trabajo del Tribunal de Cuentas en las causas contra los organizadores del procés, y ha asegurado que "nunca" han dado ni van a dar "instrucciones" desde el Ejecutivo.
Eso sí, también ha querido dejar claro que se trata de una instancia que no es judicial sino administrativa, que todavía no ha resuelto su investigación, y que además sus resoluciones se pueden después recurrir ante los tribunales.
