Izquierda Unida, junto al Partido Comunista de España (PCE) y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, ha depositado este martes la fianza de 12.000 euros, impuesta a finales de noviembre por el Tribunal Supremo, para ejercer la acusación popular contra el rey emérito Juan Carlos I.
Tal y como explica la formación, el Supremo decidió reactivar las diligencias relativas a esta causa especial que tiene su origen en la querella que presentaron ante la Sala de lo Penal del Supremo contra el exjefe del Estado y actual rey emérito, Juan Carlos de Borbón, y otras siete personas por la supuesta comisión de 13 delitos.
Después de que los querellantes solicitaran su reapertura a finales de julio pasado, explica IU, les dio ocho días para depositar la fianza. A partir de ahora los miembros de la misma sala que firman el auto que imponía la fianza deben resolver si reabren o no la causa, tras desestimarla la primera vez a toda prisa en verano de 2019.
La querella original fue registrada en diciembre de 2018 y archivada en poco más de seis meses. "Todo un récord teniendo en cuenta el ritmo con el que se mueven las instancias judiciales", apunta el partido.
El Supremo está capacitado, según IU
La querella va dirigida, además de sobre Juan Carlos de Borbón, contra Corinna Larsen (antes Corinna zu Sayn-Wittgenstein), el entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) general Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, el comisario de Policía jubilado y ahora en prisión José Manuel Villarejo, además del ciudadano y abogado suizo Dante Canónica y Álvaro Orleans Borbón.
A todos ellos, los querellantes los vinculan con 13 delitos, como los de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares, entre otros.
IU señala que el Tribunal Supremo "sí está capacitado para investigar a día de hoy a Juan Carlos de Borbón y al resto de querellados a la vista de los nuevos hechos supuestamente delictivos conocidos tras el archivo de la querella inicial".
En concreto, señalan que, "entre otras razones", existen "nuevos elementos probatorios que obran en las diligencias de investigación remitidas por la Fiscalía Anticorrupción a la Fiscalía del Tribunal Supremo" ante los indicios de comisión de hechos delictivos por parte del Rey emérito, por lo que "procede reabrir la presente causa derivada de la presentación de querella criminal por parte de esta representación".
En este sentido, insisten en que después de que el Supremo decidiera archivar la causa especial "ha continuado aflorando diversa información incriminatoria en relación a los hechos objeto de la querella".
