Los abogados del empresario Javier López Madrid han renunciado a seguir defendiéndole en la macrocausa de corrupción 'Púnica', en la que se encuentra investigado, y en el caso 'Lezo', por la que la Fiscalía solicita seis años de prisión.
Según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, el bufete de abogados Bussiness&Law ha presentado un escrito al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor de ambas causas, en el que comunica que deja su defensa.
La Fiscalía Anticorrupción dio a conocer a mediados del pasado mes de diciembre su petición de seis años y medio de prisión contra el yerno del expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir por cohecho activo y falsedad en documento mercantil por su presunta implicación en el pago de una comisión ilícita de 1,8 millones de euros para que la constructora fuera la adjudicataria de las obras del tren entre los municipios madrileños de Móstoles y Navacarnero, que no llegó a culminarse.
Según explica la Fiscalía en su informe, entre los beneficiarios de dicha comisión se encuentra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González --presidente del Canal Isabel II y vicepresidente de la región en el momento de los hechos-- a fin de que éste ejerciera su influencia sobre el órgano de contratación de Mintra, empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid que licitaba la obra. Por ello, Anticorrupción pide 4 años de cárcel para el exdirigente 'popular' madrileño.
Villar Mir
En cuanto a Villar Mir, que contaba con la misma defensa que López Madrid en este caso en el que también ha estado investigado, el juez finalmente no le ha procesado, teniendo en cuenta que Anticorrupción solicitó el pasado octubre el archivo de la causa con respecto al expresidente de OHL, entre otros investigados, al no apreciar indicios suficientes para formular acusación.
En el caso de 'Púnica', López Madrid se encuentra investigado por haberse repartido presuntamente una comisión de 3,6 millones de euros con los dos principales imputados en esta causa, el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, como resultado del amaño de la adjudicación de unas obras de Metro Madrid.
Durante su declaración judicial en febrero de 2018, López Madrid negó el reparto de mordidas aprovechando la posición de Granados en el año 2004 como consejero madrileño de Transportes. En este sentido, precisó que su labor consistió únicamente en poner a OHL en contacto con Marjaliza, ya que el grupo de la constructora tenía exceso de empresas con diferente calificación y vendían activos para que la sociedad de Marjaliza pudiera presentarse a concursos.
