El juez Javier Gómez Bermúdez ha trasladado a Izquierda Unida un auto donde dispone que “se incoen diligencias previas” y pide al fiscal un informe de competencia a raíz de la querella criminal que presentó la formación junto a otras cuatro asociaciones contra los ex tesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, además de los exresponsables de Organización, Finanzas y asesoría legal de esta formación Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Federico Trillo, y ocho altos directivos de empresas de construcción.
En su escrito, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, indica que “los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”. Además, señala que “no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 774 en relación con el artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, instruir Diligencias Previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable”.
Enrique Santiago, abogado y secretario ejecutivo de Convergencia Político-Social de IU, ha manifestado en nombre de su formación su “satisfacción” por esta decisión judicial. IU, junto a la Asociación Justicia y Sociedad, la Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción y la Federación de los Verdes, solicitan que se investiguen las supuestas donaciones recibidas por el Partido Popular provenientes de distintos empresarios de forma irregular y el presunto pago sistemático en dinero ‘B’ a determinados miembros del mismo entre los años 2003 y 2008.
En la querella, registrada en la Audiencia Nacional el pasado jueves, se mencionan al presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez; Manuel Contreras Caro, presidente de Azvi; Juan Manuel Villar Mir, presidente de OHL; Luis del Rivero Asensio, expresidente Sacyr Vallehermoso; Alfonso García Pozuelo-Asins, expresidente de Constructora Hispánica; Juan Manuel Fernández Rubio, consejero de Aldesa Construcciones; José Mayor Oreja, presidente de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), y Antonio Vilella, apoderado de Construcciones Rubau.
La resolución del magistrado podrá ser recurrida en el plazo de tres días.
