La defensa del presidente de la Asociación Nacional Catalana, Jordi Sànchez, ha interpuesto este miércoles un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional denunciando que su ingreso y permanencia en prisión por decisión de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela vulnera varios derechos fundamentales, explican fuentes jurídicas.
Los letrados de Sánchez consideran este recurso un primer paso necesario para poder, en caso de no prosperar el amparo, acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El recurso de los abogados de Sànchez se basa en tres motivos. El primero en la presunta vulneración del derecho al juez ordinario. Esta versión considera que la Audiencia Nacional ha asumido la competencia "en clara vulneración de la normativa procesal y en contradicción con un auto previo de 2008".
Esta resolución de la juez Lamela de 2008 fue votada por el Pleno de la Sala, y en la misma la propia Audiencia sostuvo que delitos como la rebelión y la sedición "eran competencia de los tribunales provinciales a fin de impedir entonces que el juez Garzón investigara la rebelión franquista de 1936", destaca el recurso dirigido al Constitucional.
La defensa invoca expresamente el dictamen de más de cien profesores de derecho penal -entre ellos una ex vicepresidenta del propio Tribunal Constitucional- manifestando que se trata de una "manipulación pocas veces vista en el ámbito forense" de las reglas de competencia.
El segundo precepto presuntamente transgredido es la vulneración de garantías procesales por el hecho de que la magistrada justificara la prisión de Sánchez con motivos "no esgrimidos por el Ministerio Fiscal en la vista oral, como el riesgo de fuga o de destrucción de pruebas. Enmendando la plana al fiscal, la magistrada perdió su imparcialidad e impidió a Jordi Sànchez defenderse adecuadamente".
El tercer motivo sería la vulneración de su derecho a la libertad. Los letrados consideran que Lamela no justificó mínimamente las razones por las que entendía que existía un riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva.
Y para eso, utilizan el voto particular del magistrado José Ricardo de Prada, que votó en contra de que Sànchez permaneciera en prisión al resolver su primer recurso, y que llegó a asegurar que la decisión de la juez se basa en meros "estereotipos al uso", que la defensa del líder de la ANC considera "absolutamente insuficientes para privar a un ciudadano inocente de su libertad".
En su escrito, la defensa pide asimismo al Tribunal Constitucional que, hasta que se resuelva el recurso, deje en suspenso la prisión de Jordi Sànchez para que pueda concurrir en condiciones de igualdad con los otros candidatos a las elecciones del próximo 21 de diciembre, a las que se presenta como número dos de la lista de Junts per Catalunya.
Los letrados recuerdan al Constitucional que en ocasiones anteriores siempre se ha pronunciado con una extraordinaria celeridad cuando ha resuelto recursos del Gobierno español relacionados con la situación política en Cataluña y le ha pedido que obre esta vez en el mismo sentido para evitar la anomalía de que un candidato tan significativo deba hacer campaña desde prisión y quede garantizada con ello la normalidad del proceso electoral.
