Un crédito de 520 millones de dólares, seis proyectos inmobiliarios en el Caribe mexicano y movimientos económicos entre cinco países. La 'Operación Coral' de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se ha saldado este lunes con la detención del que fuera presidente de la Comunidad Valenciana y vicepresidente de Bankia José Luis Olivas, de otros seis altos cargos de Bancaja y Banco de Valencia, y de dos empresarios ha permitido destapar la "elaborada ingeniería financiera y la interposición de sociedades instrumentales" presuntamente creada por estos dos últimos con conocimiento de la cúpula directiva de ambas entidades para desviar cerca de 140 millones de euros a cuentas en Andorra y, en menor medida, en Suiza. Era el destino final de un largo recorrido que comenzaba con la compra a bajo precio de unos terrenos en Cancún que luego eran revendidos a un precio desorbitado y pagados con los préstamos multimillonarios que, saltándose todos los controles internos de la entidades que dirigían, autorizaban los banqueros ahora arrestados.
El crédito de 520 M. para Grand Coral era el mayor 'agujero' descubierto por el Banco de España en el informe en el que cifraba el quebrando económico sufrido por Bankia en operaciones dudosas
El origen de toda la investigación se encuentra en la denuncia que en 2014 presentó Bankia tras recibir del Banco de España un informe que cifraba en 1.700 millones de euros el quebranto sufrido por el grupo nacionalizado en apenas once operaciones bancarias que mostraban claros indicios de irregularidades. Casi todas eran herencia de Bancaja y previas a la fusión de ésta con Caja Madrid y otras cinco entidades. De todas, la de mayor cuantía era, precisamente, un préstamo sindicado de 520 millones de euros concedido el 29 de enero de 2010 al Grupo Grand Coral, una sociedad en cuyo accionariado participaban Bankia Habitat, con un 40%, y el Banco de Valencia a través de la empresa Bacavum con un 15%. Otro 35% de la misma estaba en manos de las mercantiles Iljafran e Inquan, propiedad de los empresarios alicantinos Juan Ferri Guardiola y José Salvador Baldó Llorens, los dos de los detenidos este lunes en Madrid por agentes de la UCO de la Guardia Civil.
Según el informe del Banco de España, que sirvió de base para la denuncia de Bankia y, ahora, para la investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González, la trama societaria alrededor de Grand Coral iba mucho más allá de esta empresa y tenía "por arriba" a mercantiles domiciliadas en Holanda de las que dependían varias mexicanas, entre ellas Playa Paraíso Maya SA de CV y Proyectos y Desarrollos Hispanomexicanos SA de CV, que eran las encargadas de poner en marcha los seis proyectos inmobiliarios en la costa caribeña del país centroamericano ahora bajo sospecha. De hecho, estas dos sociedades más Grand Coral Property & Facility Mangment se embarcaron en el proyecto Grand Coral Rivera Maya, con más de 2 millones de metros cuadrados y en el que se preveía la construcción de 6.750 viviendas, campos de golf, piscinas, restaurantes y un club de playa en la turística Cancún. Las personas interesadas en hacerse en condominio con uno de los inmuebles que se iban a levantar debían remitir el dinero en dólares a una cuenta a nombre de Proyectos y Desarrollos Hispanomexicanos SA de CV en la sucursal de Bancaja en Miami, oficina de la que salió también parte del dinero del préstamo para financiar la misma.
76 millones en tres meses
Sin embargo, los proyectos de México ocultaban en realidad un supuesto fraude millonario. Así, uno de los terrenos en los que se iba a levantar, conocida como la finca El Zacatón, fueron adquiridos en diciembre de 2006 por Ferri y Baldó a través de una empresa interpuesta por 49 millones de euros. Luego revendieron los mismos en febrero de 2007 a Grand Coral, que pagó gracias al crédito de 125 millones de euros que le había concedido Bancaja y Banco de Valencia para la operación. De este modo el beneficio de ambos empresarios ascendió a 76 millones de euros en menos de tres meses. Buena parte de esos fondos, en concreto 40 millones de euros, fueron transferidos una semana después a cuentas abiertas en dos bancos andorranos y, en menor medida, de Suiza (el Clariden Leu de Zurich). Las mismas estaban también a nombre de sociedades vinculadas a ambos empresarios. En este movimiento económico participó supuestamente una tercera empresa mexicana, Consultoría Peninsular de Mayab SC de RL de CV.
En tres meses, los dos empresarios detenidos ganaron 76 millones de euros con la venta irregular de unos terrenos en México que se pagaron con el crédito de Bancaja y Banco de Valencia
A partir de ese momento, las dos sociedades mexicanas que recibieron los millonarios fondos no hicieron frente a los vencimientos del préstamos, que en enero de 2010 tenían una deuda viva de más de 104 millones de dólares, la mayor parte con Bancaja (94 millones de dólares) y el resto con el Banco de Valencia y la sucursal en Miami de Bancaja. Para entonces, ya se había hecho una novación de crédito en mayo de 2009 y, finalmente, el 29 de enero de 2010 se formalizó un préstamo sindicado de 520 millones de euros dada las evidencias de "insuficiencias de liquidez de todo el Grupo Grand Coral". Todo ello se hizo sin que los avales presentados por la empresa sumasen ni la mitad del dinero concedido y, por tanto, sin que los responsables de la entidad, entre los que se encontraban Olivas y los otros seis directivos detenidos este lunes, sometieran a los créditos a los pertinentes controles internos de Banco de Valencia y Bancaja. El informe del Banco de España cifró el quebranto para la entidad de toda la operación en 246 millones de euros.
Así, además de Olivas y los empresarios Ferri y Baldó, la UCO arrestó este lunes al exdirector general de Bancaja, Aurelio Izquierdo; a Domingo Parra, exconsejero delegado de Banco de Valencia; al directivo de Bancaja José Cortina; y a Julián Dolz, el director de negocio internacional de Bancaja Hábitat. Éste último envió en diciembre de 2011 un correo electrónico a varios de los responsables del proyecto del Grand Coral para que hicieran desaparecer de "forma inmediata" de todas las páginas web del mismo cualquier referencia a la participación en la sociedad de "Bankia, Bancaja o Banco de Valencia". Todos ellos son investigados por los delitos de apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y falsedad documental. Olivas, además, está imputado en el 'caso Bankia' que instruye el juez Fernando Andreu por las irregularidades en la salida a Bolsa de la entidad, y también por su papel al frente del Banco de Valencia en un sumario bajo la dirección del juez Santiago Pedraz. Ésta es, sin embargo, la primera vez que pisa un calabozo.
