La fiscalía pide tres años de cárcel para el expresidente de Bancaja y exvicepresidente de Bankia José Luis Olivas por supuestos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
El escrito de la fiscalía, hecho público este lunes, señala que el también expresidente de la Generalitat, imputado en una causa que instruye un juzgado de Valencia en la que también está imputada su esposa, habría cometido estos delitos en 2008 junto al empresario Vicente Cotino -sobrino del expresidente de Les Corts Juan Cotino-, para quien el fiscal también pide la misma pena de cárcel.
En concreto, supuestamente el empresario pagó 580.000 euros a una empresa de Olivas por unos trabajos que no existieron y por los que el primero se desgravó la factura, causando así un perjuicio a Hacienda. Así consta en el escrito provisional de la fiscal, en el que se le reclama la misma pena de prisión para Vicente Cotino y se solicita la apertura de juicio oral para ambos, y para las sociedades Grupo Fiscal Asedes Capital S.L., Sedesa Inversiones S.L. e Imarol S.L. Junto a la pena de cárcel, la fiscal reclama a Olivas y Cotino el pago de una multa de 202.700 euros.
Los hechos se remontan al año 2008. En ese periodo, Vicente Cotino era dueño y administrador único del Grupo Fiscal Asedes Capital S.L., al que pertenece, entre otras, la empresa Sedesa Inversiones S.L., cuyo objeto social era el sector de la construcción y energético. Por su parte, Olivas era administrador y socio al 50%, con su esposa, de Imarol S.L., destinada al asesoramiento de empresas y a la inversión patrimonial.
Actividad inexistente
La fiscal estima que ambos, "actuando de común acuerdo y con ánimo de defraudar a la Hacienda Pública", decidieron que una transferencia por importe de 500.000 euros más 80.000 euros de IVA que hizo Sedesa a Imarsol fuera contabilizada y consignada en la declaración del Impuesto de Sociedades de 2008 del Grupo Fiscal Asedes Capital como gasto deducible. Para ello, crearon un documento que "aparentaba" ser una factura firmada por Olivas, en la que se documentaba que el cobro por la empresa Imarsol a Sedesa se debía a unas supuestas actividades de gestión y asesoramiento en la venta por Sedesa a Endesa de su 25% en Proyectos Eólicos Valencianos S.A.
Esta actividad de gestión y asesoramiento "no existió", al realizar dicha venta la empresa Inversiones Alternativas Energéticas, propietaria de las acciones y también perteneciente al Grupo Asedes, "sin intervención alguna" de Olivas, "tratándose el pago de una liberalidad de Cotino al otro acusado", que "en ningún caso puede ser considerada gasto deducible en el Impuesto de Sociedades".
