El futuro judicial de la presidenta del Parlament Carme Forcadell y de los otros integrantes de la Mesa de la cámara autonómica que tramitaron la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), que este jueves declaran como imputados en el Tribunal Supremo por los delitos de rebelión, sedición y malversación, marcará el del ex número dos del Govern Oriol Junqueras y de los otros siete exconsellers que están en prisión desde el pasado dos de octubre.
El magistrado Pablo Llarena, que instruye en el Tribunal Supremo la parte del ‘procés’ sobre Forcadell y los otros integrantes de la Mesa del Parlament, Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, y Joan Josep Nuet, tiene su mano la decisión de asumir la investigación de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, pero también las que se llevan a cabo en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
De esta forma, Llarena podría apartar a Lamela de la instrucción del caso, por el que permanecen en la cárcel los ocho ex integrantes del Govern y los expresidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, y en que también están en búsqueda y captura Carles Puigdemont y otros cinco exconsellers.
El artículo 123 de la Constitución Española establece que el Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior “en todos los órdenes”. Y por eso, el magistrado que instruye en este tribunal la querella del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, podría asumir al completo las diferentes investigaciones que se siguen en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el ‘procés’.
Por eso, los magistrados de la Sala de Admisiones del Tribunal Supremo, compuesto por Manuel Marchena Gómez, Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre y Luciano Varela Castro, ya apuntaban en el auto de admisión de la querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que el magistrado Pablo Llarena tendría que decidir sobre la posible acumulación de las diferentes investigaciones.
La propia Fiscalía indicaba en la querella interpuesta el 30 de octubre por José Manuel Maza sobre la procedencia de que el Tribunal Supremo asumiera “los hechos inicialmente tramitados en otros órganos jurisdiccionales, pero que presenten una naturaleza inescindible respecto de los que aquí van a ser investigados”.
“Será el instructor llamado a asumir la investigación quien deberá acordar la práctica de las diligencias indispensables para el exacto conocimiento de los hechos y su inicial subsunción”. Así se expresaban los magistrados del Tribunal Supremo que aceptaron a trámite el 31 de octubre la querella interpuesta por el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza.
En su resolución, los jueces apuntaban que sería “la instrucción”, en la que se incluyen las declaraciones este jueves de Forcadell y los otros integrantes de la Mesa, “la que ponga de manifiesto la procedencia o improcedencia de reclamar para esta Sala, como sugiere el Ministerio Fiscal”, las investigaciones del ‘procés’
