España

Jueces para la democracia y la UPF piden la dimisión en bloque del CGPJ para facilitar su renovación

La asociación progresista de jueces y la de fiscales sostienen que los que permanecen como vocales en el órgano entorpecen la renovación cuando se cumplen diez años de vigencia del actual Consejo, que tuvo que se renovado en 2018

Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha solicitado la dimisión en bloque del presidente en funciones del CGPJ, Vicente Guilarte, y también del resto de vocales del órgano para, dicen, facilitar la renovación del Consejo. Las dos asociaciones progresistas consideran que la permanencia de los vocales en su cargo dificulta la renovación y prolonga la "anomalía institucional".

El comunicado de las dos asociaciones se produce el mismo día en que el CGPJ cumple diez años de mandato, cinco de ellos caducado. El órgano que se configuró en 2013 bajo la presidencia de Carlos Lesmes ha duplicado mandato en un movimiento insólito que, a juicio de JJpD y de la Unión Progresista de Fiscales, se traduce en una irregularidad.

Por ello reclaman al presidente en funciones del CGPJ, Vicente Guilarte, y al resto de vocales que siguen operando en el Consejo que dimitan de sus cargos, recordando que el artículo 122 de la Constitución establece que el mandato es de cinco años. "Nos parece que quienes permanecen como vocales del CGPJ contribuyen decisivamente a mantener esta situación que vulnera la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial", alegan.

Quinto aniversario del CGPJ en funciones

El comunicado conjunto expone que las "numerosas excusas" que ha ido poniendo el Partido Popular para no facilitar la renovación del Consejo "ni siquiera merecen comentario", pero sí consideran que los actuales 16 vocales (de los 21 que lo deberían integrar) tendrían que abandonar su cargo para forzar que PSOE y PP nombren a un nuevo Consejo.

Al hilo, tanto la asociación progresista de jueces como la de fiscales recuerdan que la consecuencia directa de esta falta de renovación se está dejando sentir en la cúpula de la carrera judicial, toda vez que el Gobierno impulsó una ley para impedir al actual Consejo en funciones efectuar los nombramientos del Tribunal Supremo, tribunales superiores de Justicia y audiencias provinciales.

El Tribunal Supremo cerró el 2022 con el 20% de su plantilla vacante por la imposibilidad de renovar sus plazas. Esas 19 plazas han ascendido en un año a 24 y en los próximos ejercicio se espera otra veintena más. En la cúpula judicial la cifra supera el 80 total de nombramientos pendientes. Unas cifras que a juicio de estas asociaciones evidencian un perjuicio para la sociedad y la organización judicial.

El comunicado también afea algunas de las actuaciones del órgano que han salido adelante al imponerse el criterio de la mayoría conservadora. Al respecto destaca que se aprobara una declaración contra la amnistía antes de que se registrara la proposición de ley, que no hayan emitido informe a día de hoy sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal o que se pronunciaran sobre la no idoneidad del fiscal general del Estado, Álvaro García.

Los vocales progresistas rechazaron dimitir

"Con su proceder han contribuido al desprestigio de una institución que constatamos se encuentra en franca descomposición. Hay un vergonzante abandono de funciones propias e imprescindibles, que no producen réditos políticos a quienes, sin motivo legítimo les mantienen en el cargo", alega la JJdP y la UPF.

Los vocales abusan de su función, hace cinco años caducada, incumplen la Constitución que juraron acatar y manchan la imagen de imparcialidad de la judicatura con su servilismo a opciones partidistas

La petición de dimisión en bloque ya ha salido a relucir a lo largo de estos últimos años de mandato en funciones. Sin ir más lejos, el pasado mes de marzo el vocal progresista Álvaro Cuesta propuso la renuncia de toda la bancada progresista después de que se hiciera efectiva la dimisión de Carlos Lesmes como presidente del CGPJ y de la vocal también progresista Concepción Sáez.

Sin embargo, los vocales progresistas descartaron la renuncia progresiva y Cuesta tampoco abandonó su puesto. Al respecto se trata de una fórmula que siempre se ha rechazado y que algunas voces jurídicas tildan de ilegal ya que la dimisión en bloque de estos vocales implicaría la posible comisión de un delito de abandono de servicio público.

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