Los jueces, fiscales y policías judiciales, en este caso los propios Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional, han frenado en siete días el desafío soberanista de los nacionalistas catalanes, encabezados por Carles Puigdemont.
Las dos últimas iniciativas de la Fiscalía son las querellas interpuesta en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCAT) contra la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras, y contra el presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch, por promover y organizar el referéndum del 1-O a través de los alcaldes.
El ministerio público también ha denunciado a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña que fueron designados por el Parlament para ejercer funciones análogas a las de una Junta Electoral en el referéndum del 1 de octubre.
La querella, presentada en los juzgados de Barcelona, acusa a los miembros de la Sindicatura de un delito de desobediencia, usurpación de funciones y malversación, por aprobar acuerdos para la celebración del referéndum de independencia cuando la consulta ya había sido suspendida por el Tribunal Constitucional
Las querellas contra los responsables de la Asociación de Municipios y contra los integrantes de la Sindicatura se unen a las que desde el pasado viernes por la tarde investigan en el TSJ catalán las magistradas María Eugènia Alegret y Mercedes Armas.
La primera magistrada analiza la intervención de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y de los otros integrantes de la Mesa de la cámara catalana, que son los diputados Lluís Maria Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet (Junts pel Sí) y Joan Josep Nuet (Catalunya Si Que Es Pot [CSQEP]).
Por su parte, Mercedes Armas investiga a Carles Puidemont y su Ejecutivo, y ya ha encargado a la Guardia Civil que determine qué medios de comunicación han insertado publicidad del referéndum. Por el contrario, ha rechazado acordar una fianza para el expresident por los gastos del referéndum.
Además, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, también ha encargado a las fiscalías catalanas que llamen a declarar como imputados a los más de 700 alcaldes que han anunciado su colaboración con el referéndum ilegal.
Ley aprobada el viernes
Todas estas iniciativas judiciales, que han sido ejecutadas por la policía judicial, que por ejemplo ha cerrado las webs que promueven la consulta, se iniciaron después de que la madrugada del jueves al viernes 9 de septiembre la mayoría de Junts pel Sí (PDeCat y ERC) y la CUP aprobara en el Parlament la ley de ruptura con el resto de España, que los independentistas catalanes denominan de transitoriedad jurídica y fundacional de la república.
Y con ella, el Gobierno de Carles Puigdemont y los grupos parlamentarios que lo sostienen se ubicaban al margen de la legalidad marcada por el Tribunal Constitucional que había avisado que tanto la convocatoria del referéndum como la pseudoconstitución o ley de transitoriedad contravenían la legalidad vigente.
Pero la ley de ruptura, para los juristas españoles, no sólo va contra la ley, sino que acaba con la división de poderes, ya que crea un tribunal supremo específico para Cataluña, al mismo tiempo que indulta a los políticos condenados por el desafío soberanista.
El portavoz de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, Ignacio González Vega, califica la actuación de Puigdemont como "un golpe de Estado blando"
Esta forma de actuar, según el portavoz de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, Ignacio González Vega, podría calificarse como "un golpe de Estado blando", ya que mientras Puigdemont asegura que la legalidad española no rige en Cataluña, por lo que sólo el Parlament puede sustituirle, la pseudoconstitución catalana o ley de transitoriedad no entrará en vigor hasta que una mayoría de catalanes diga sí a la independencia en el referéndum del 1 de octubre.
El exministro socialista Josep Borrell también utilizó en la presentación del libro 'Escucha Cataluña, escucha España' el mismo término de "golpe de Estado", ya que considera que en el Parlamento catalán se ha producido la "subversión de un orden legítimo", por lo que "está empezando a parecerse a Venezuela".
Puigdemont critica la "querellocracia"
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, denunció este jueves por la noche la "querellocracia" del Estado contra los promotores del referéndum sobre la independencia de Cataluña para el 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.
"Parece ser que hay una especie de querellocracia en España. No es el mejor camino para blindar la democracia ni para resolver los problemas políticos, ni para fomentar las condiciones de un diálogo imprescindible para resolver problemas políticos", advirtió Puigdemont, que ironizó sobre la estrategia del Gobierno central frente al 1-O: "De querella en querella hasta el referéndum".
Puigdemont acusó también al Gobierno de Mariano Rajoy de hacer "dejación de funciones" al delegar la resolución de los "problemas políticos" a "jueces, policías, empresarios y medios de comunicación", y añadió: "Lo que reclamamos no es ninguna marcianada, reclamamos poder votar".
