El desafío secesionista del Gobierno presidido por Carles Puigdemont y de la mayoría del Parlament, con la presidenta Carme Forcadell a la cabeza, ya tiene enfrente a la justicia. A la actividad del Tribunal Constitucional, que ha decidido suspender durante cinco meses la ley y el decreto que regulan el referéndum secesionista, se han sumado tres magistrados, que ya investigan las diferentes iniciativas de Junts pel Sí (PDeCAT y ERC) y la CUP para obtener la independencia de Cataluña al margen de la Constitución española.
El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona está involucrado en las pesquisas que ya desarrolla la Guardia Civil sobre el procés, como lo denominan los independentistas. El titular de este Juzgado barcelonés, Juan Antonio Ramírez, ya encargó el 3 de marzo a la Guardia Civil la labor de policía judicial en la causa abierta a raíz de las conferencias del exsenador de ERC y exjuez Santi Vidal, que entre otros aspectos señalaba que el Gobierno catalán tenía una partida "camuflada" de 400 millones para el referéndum y las estructuras de Estado.
Un segundo juez de instrucción, el titular del Juzgado número 5 de Tarragona, podría actuar comisionado al estar de guardia durante el registro que la Fiscalía de Tarragona ordenó a los agentes de la Guardia Civil de las instalaciones de la imprenta de Constantí (Tarragona) después de dos días vigilando esta empresa, por si se localizase documentación relacionada con el referéndum del 1 de octubre.
Sin embargo, una portavoz del TSJ catalán ha explicado que este juzgado no ha recibido ninguna petición relacionada con el registro de la imprenta por parte de la Fiscalía.
La actuación del Ministerio Público en Tarragona es consecuencia directa del oficio remitido por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quién el pasado jueves ordenó a los máximos responsables de la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra en las cuatro provincias catalanas, que intervengan "las urnas, las papeletas y sobres electorales y los manuales de funcionamiento de las mesas".
Los agentes, que actúan como policías judiciales, también deberán elaborar "el correspondiente atestado ante cualquier actuación a nivel provincial o local de autoridades, funcionarios públicos o de particulares".
El TSJ ya investiga
Pero la reacción judicial a la aprobación de las leyes secesionistas se completa con la decisión adoptada este mismo viernes por la tarde por los integrantes de la Sala de Admisiones de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha admitido las dos querellas presentadas por la Fiscalía Superior de Cataluña contra Carles Puigdemont y su Govern; y contra Carme Forcadell y los otros cuatro integrantes de la Mesa del Parlament por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos (este último podría implicar una pena de cárcel).
En concreto, la querella contra la presidenta del Parlament y Lluís Maria Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet (Junts pel Sí) y Joan Josep Nuet (Catalunya Si Que Es Pot [CSQEP]) se acumula al procedimiento ya abierto contra la propia Forcadell y miembros de la Mesa que ya instruía la magistrada María Eugènia Alegret, que fue la primera mujer que presidió un Tribunal Superior de Justicia de España.
Por su parte, la dirigida contra el presidente de la Generalitat, el Consell Executiu y otras doce personas se acumula al procedimiento ya abierto contra la consellera Meritxell Borràs y quien era el secretario general de su departamento, Francesc Esteve, y que ya instruía la magistrada Mercedes Armas.
Según el diario El Periódico, la magistrada Mercedes Armas, que es magistrada titular de la Sección Octava de la Audiencia de Barcelona -penal- que condenó al futbolista Lionel Messi por fraude fiscal, refuerza el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en comisión de servicios.
