Lukasz Mrozek y Karolina Rokita son dos magistrados miembros de la asociación judicial Iustitia, la más grande de Polonia con 3.000 de los 9.000 magistrados polacos (la segunda dispone de 800 afiliados). El objetivo de estos magistrados es recuperar el estado de derecho y la conformación del poder judicial anterior a 2015.
Ayer tuvo lugar la Segunda Jornada por el Estado de Derecho, organizada por la asociación judicial española, Foro Judicial Independiente, en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, en la que participaron estos trabajadores de la justicia. "Cuando os veo a ustedes me recuerda cómo éramos nosotros antes de 2015", decían los magistrado.
El panel en el que participaron Lukasz Mrozek y Karolina Rokita se tituló "Estados de derecho y Unión Europea. Aproximación a la situación polaca". La justicia española y la polaca comparten varias aspectos en común. De hecho, su Consejo del Poder Judicial está basado en el español. El Consejo polaco cuenta con 25 vocales: 15 de procedencia judicial y 10 juristas de reconocido prestigio. El español, por su parte, con 12 jueces y 10 juristas.
El magistrado Mrozek ha explicado que todo comenzó en 2015, después de que el Pis (partido Ley y Justicia), de derecha populista y nacional-conservador, consiguiese la mayoría absoluta en las elecciones generales.
"Aquel año el nuevo Gobierno cambio la estructura de la Fiscalía General del Estado y los nombramientos. Promovió a los fiscales que le eran afines y apartó a los que investigaban casos de corrupción contra su partido. Muchos de estos fiscales independientes fueron suspendidos o trasladados a otras ciudades, lejos de Varsovia".
Otra operación que se llevó a cabo fue la de fusionar el cargo de ministro de Justicia con el de fiscal general del Estado. "En Polonia no tenemos jueces de instrucción, como en España. En nuestro país las instrucciones las hacen los fiscales", explicaba la magistrada Rokita.
En 2016 decidieron encargarse del Tribunal Constitucional. "Como aquí en España, en Polonia los jueces del Tribunal Constitucional se elige por tercios. Son 15 magistrados. De los 5 que correspondían, el PIS puso a los suyos, sin respetar el sistema imperante", continuó Mrozek.
En 2017 el "Gobierno del Pis aprobó tres proyectos de ley de la noche a la mañana" y que entraría en vigor a la semana siguiente. Uno de estos proyectos modificaría la selección del Consejo del Poder Judicial. "Los 15 vocales de procedencia judicial, que elegíamos los miembros de la carrera judicial mediante voto secreto y directo, pasaron a ser elegidos por el Parlamento", explica Mrozek.
El segundo proyecto reducía la edad de jubilación de los miembros del Tribunal Supremo de los 70 a los 65 años. "La tercera ley creó dos salas en el Supremo. Una Sala Disciplinaria y otra de asuntos públicos". La Sala Disciplinaria estaba conformada por jueces afines al Gobierno y se encargaba de sancionar a los jueces por sus decisiones judiciales. Esto creó duda en la independencia e imparcialidad del poder judicial polaco. "Era una Sala de indudable naturaleza política", apunta Mrozek.
Estos proyectos afectaron también al acceso a la carrera judicial. En Polonia no se accede a través de oposiciones, como en España, sino a través de la Escuela Judicial por la que pasan tres años.
Los jueces polacos llevaron la situación a tribunales, demandando al Gobierno frente a la Unión Europea, exigiendo a la Comisión que tomase medidas por violar el Estado de Derecho. Sin embargo, en ese entonces la UE no disponía de las herramientas necesarias para solucionar este problema.
En 2021 entró en vigor en la UE un Reglamento, relativo al mecanismo de condicionalidad, que permite negar el acceso a los fondos a un país si no cumple con los principios del Estado de Derecho. Entonces, la Comisión Europea instó que las leyes del Pis violaban los principios del Estado de derecho y se negó el acceso a Polonia a los fondos UE.
En octubre de 2021 el TC polaco dictó sentencia sobre varios artículos de los tratados de la UE que eran "inconstitucionales". El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contestó a Polonia y Hungría (que se había unido en la sentencia) que el ordenamiento jurídico de la UE se basa en normas claras y vinculantes del Estado de Derecho.
Veinte días después de la sentencia del Tribunal Constitucional polaco (27 de octubre), el tribunal de Luxemburgo impuso una multa diaria de un millón de euros a Polonia hasta que disolviera la Sala Disciplinaria para jueces de su Tribunal Supremo. Aunque finalmente se redujo a medio millón diarios.
El Gobierno polaco acabó pagando 555 millones de euros en multas y acatar la sentencia del TJUE. Llegó un momento en que la Comisión Europea comenzó a cobrarse quitando de los presupuestos de la UE concedidos a Polonia. En marzo de 2022 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se unión a la CE y denunció la Sala Disciplinaria polaca.
El 15 de octubre el Pis volvió a ganar las elecciones pero no consiguió votos suficientes para formar gobierno. La oposición, liderada por Donald Tusk, está intentando poder formar gobierno.
"Durante todo este tiempo, desde Iustitia hemos tratado de revertir este estado de cosas, para regresar al orden constitucional anterior. Y hemos elaborado cinco borradores de proyectos de ley para conseguirlo", ha concluido Mrozek.
