El juez rechaza entregar el caso Koldo a la Fiscalía Europea y abre la vía para que resuelva el Supremo

La guerra está servida en el caso Koldo. El magistrado de la Audiencia Nacional que dirige esta investigación se ha negado a entregarla a la Fiscalía Europea (siguiendo el criterio de Anticorrupción) y ha avisado de que planteará una "cuestión positiva de competencia" ante el Tribunal Supremo para que sea este órgano el que resuelva el conflicto.

Así se desprende de un auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, y en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 avisa que no acepta la avocación realizada por el ente europeo y que, además, también se investigarán en su juzgado los contratos de mascarillas que suscribieron Canarias y Baleares bajo el mandato del actual ministro Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

En relación a estas adjudicaciones, el instructor matiza que asume las diligencias en paralelo a la investigación abierta en la Fiscalía Europea, la cual mantiene su competencia "exclusivamente" en lo relativo a la presunta comisión de un delito contra los intereses financieros de la Unión Europea.

De esta forma, todo lo que no afecte a fondos comunitarios se investigará en la Audiencia Nacional tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción, además de las acusaciones populares que litigan en el procedimiento, tales como la asociación Liberum.

También los contratos de Torres y Armengol

El magistrado traza de esta forma el vínculo entre los contratos del Ministerio de Transportes y de Interior con los de Canarias y Baleares. El nexo común es que todos ellos fueron a parar a la empresa Soluciones de Gestión, firma detrás de la que se encuentra el empresario Juan Carlos Cueto (procesado en la Audiencia Nacional por el caso Defex).

Del mismo modo, el juez accede a lo solicitado por Anticorrupción y determina que todo el material relativo a estas pesquisas (incluida la documental requisada en los registros y la incautación de terminales telefónicos) se quedará bajo su dominio hasta que el Tribunal Supremo resuelva el conflicto de competencia que ahora se plantea.

Según precisa el magistrado, los delitos por los cuáles se abrieron estas diligencias (cohecho, tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo de capitales) y al que se ha sumado otro contra la Hacienda Pública, "no perjudican los intereses financieros de la Unión". A su juicio, estos delitos del caso Koldo no están indisociablemente vinculados con los que investiga la Fiscalía Europea, de ahí que pueda seguir manteniendo la competencia.

Esta causa, que arrancó a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, puso el foco en los contratos suscritos con el Ministerio que entonces dirigía José Luis Ábalos, además del Ministerio del Interior, Canarias y Baleares.

En concreto se investiga la adjudicación a Soluciones de Gestión de un contrato con Puertos del Estado, otro con Adif, un tercero con la Secretaría de Estado de Seguridad, un conjunto de adjudicaciones al Gobierno canario superiores a los 12 millones y un último contrato al ejecutivo balear de Armengol también en plena pandemia.

Los delitos objeto de investigación en la presente causa no perjudican los intereses financieros de la Unión y no se encuentran indisociablemente vinculados con los delitos competencia de dicha Fiscalía Auto del juez Ismael Moreno

De las pesquisas realizadas los investigadores concluyen que en relación a los contratos de Canarias y de Adif se podría estar "ante posibles infracciones que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea.

Futuro del caso Koldo

"Se desconoce si los tramitados por la Administración Canaria lo fueron en su totalidad, ya que se habla de cofinanciación, aunque sí sabemos respecto del expediente de Adif que, como se ha dicho, de un total de 12.500.000 millones de euros, solo 1.631.132,53 de euros fueron financiados por la UE", indica el juez en su auto.

Así pues, el juez del caso Koldo explica que, el hecho de que haya existido financiación de la UE no implica que exista un perjuicio para los intereses financieros de la zona comunitaria, tal y como se recoge en la Directiva (UE) 2017/1371, puesto que "no hay indicio alguno de la comisión del delito de malversación".

Anticorrupción sostiene que la cuantía de fondos estatales afectados con el caso Koldo es casi tres veces superior a los fondos europeos

Así pues, comparte con la Fiscalía Anticorrupción que en esta presunta trama de corrupción que se anotó unos beneficios de 17 millones de euros con el pelotazo de las mascarillas existe una mayor afectación a intereses nacionales, que a los financieros de la UE. Sobre ello Anticorrupción precisa que la cuantía de fondos estatales afectados es casi tres veces superior a los fondos europeos.

Finalmente, el magistrado Moreno acuerda también mantener el control de todas las actuaciones, hasta que el Tribunal Supremo resuelva sobre la competencia. Cabe recordar que la causa apunta en estos momentos a altos cargos del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente y también de Hacienda por la contratación de Soluciones de Gestión.

La UCO también ha señalado recientemente a José Luis Ábalos, exministro y exjefe de Koldo García, a tenor de unos correos recibidos sobre la contratación de Soluciones de Gestión para suministrar material sanitario en lo peor de la pandemia. Los agentes sostienen que el exministro socialista tuvo "conocimiento" de la existencia de estos contratos que se investigan en la Audiencia Nacional.