El caso Villarejo pone el foco en las cuentas del comisario jubilado en el BBVA. El magistrado al frente del procedimiento Tándem, Manuel García Castellón, ha solicitado a la entidad, imputada como persona jurídica por sus encargos al policía, que aporte al juzgado un total de ocho contratos con el entramado empresarial del policía. El objetivo, según indica el instructor, es esclarecer hasta qué punto el banco conocía entonces a José Manuel Villarejo.
En un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli, el instructor de esta macrocausa de espionaje explica que es necesario practicar las diligencias solicitadas por el empresario Luis del Rivero (personado como acusación particular) y la Fiscalía Anticorrupción. De esta forma reclama los expedientes bancarios internos relacionados con el Grupo Cenyt; la empresa de Villarejo que acometió más de una decena de trabajos para BBVA entre 2003 y 2017.
"Se trata de perfilar si hubo controles internos, si hubo análisis de riesgos y si en las operaciones comerciales que se llevaron a cabo existía un grado real de conocimiento de la entidad a propósito del investigado José Manuel Villarejo, del Grupo Cenyt y de las actividades que se desarrollan", reza el auto y añade: "Resulta relevante saber el conocimiento que existía en la citada entidad bancaria a propósito de la contratación, lo que constituye el epicentro de la investigación que ocupa".
La cuenta de Villarejo
Las diligencias relativas a los productos que pueda tener el agente encubierto en el BBVA arrancaron tras conocerse que abrió una cuenta bancaria en la entidad en 2004; mismo año que comenzó a realizar trabajos de espionaje e inteligencia para ellos. En el marco de estas pesquisas, Del Rivero solicitó al Juzgado Central de Instrucción número 6 que se recabase del BBVA todos los análisis de diligencia que se llevaron a cabo sobre Cenyt, los documentos que sirvieron de base para esos análisis y los "datos de conocimiento" que se tuvieran de Villarejo.
Hasta la fecha tanto exdirectivos como la propia entidad se han desvinculado por completo del comisario jubilado, mientras que los que tuvieron una interlocución más directa con él (como el exjefe de Seguridad Julio Corrochano) expusieron que no sabían que era funcionario en activo mientras contrataron sus servicios de espionaje. Sin embargo, los investigadores pretenden averiguar si esta cuenta bancaria abierta en 2004 sirvió a Villarejo para canalizar los ingresos de sus servicios por los que llegó a cobrar 10,23 millones de euros en dichos años.
Es por ello que el juez considera que los tres elementos que solicita el expresidente de Sacyr (espiado en el marco del proyecto Trampa) resultan "útiles" para dilucidar los hechos que se investigan en esta pieza novena del caso Tándem. Del mismo modo también da luz verde a la solicitud del Ministerio Fiscal de que se requiera al banco para que remita los expedientes internos sobre la concesión de determinados productos bancarios a Cenyt.
¿Conocían a Villarejo?
Así, entre los ocho contratos que reclama a la entidad que preside Carlos Torres, destacan varios relativos a préstamos empresariales a Cenyt de los años 2014 y 2015 y otro sobre propuestas hipotecarias de 2004. Según explica el magistrado García Castellón, la petición de documentación se deriva de la declaración en calidad de testigo que prestó Marta Hazen, la directora de la sucursal del BBVA en la calle Orense en la que se autorizaron operaciones bancarias al entramado empresarial de Villarejo.
La finalidad con esta nueva documental es averiguar si se dio un trato de favor al comisario jubilado en plena contratación del Grupo Cenyt. Este punto es determinante para los investigadores porque buscan acreditar si es cierto que el banco conocía que Villarejo, comisario policial en ese momento, estaba detrás de esta empresa desde la que acometió espionajes. Según Anticorrupción, estos trabajos fueron de dudosa legalidad ya que se espiaron llamadas telefónicas y se accedió a datos confidenciales de los espiados aprovechando sus contactos en empresas privadas y la Policía.
La Fiscalía solicitó la comparecencia de Hazen y otros empleados del BBVA después de que PwC identificara un documento interno de 2011 relativo a información de los productos bancarios de Villarejo. La auditora hizo un "informe interno" de esta documental, pero posteriormente habría sido "cribado" de todo el material remitido al juzgado. El documento original se lo envió el director de zona de Cuatro Caminos a una alta directiva del banco el 2 de junio de 2011. Ésta, a su vez, se lo reenvió un día después al entonces jeje de Seguridad de BBVA, Julio Corrochano.
Trato de favor a Cenyt
Para Anticorrupción la declaración de Hazen y de los otros testigos era crucial, sobre todo a tenor de lo expuesto por César Béjar, el empleado de la sucursal donde Villarejo abrió la cuenta. Este testigo dijo que el famoso informe con los datos del comisario jubilado lo redactó él mismo a instancias de su director y que el contenido de dicho papel era consecuencia de la documentación que se encontraba en la oficina sobre Villarejo que él mismo comprobó.
Por ese motivo el Ministerio Fiscal pidió esta tanda declaraciones que el juez acordó a comienzos de enero. En sus comparecencias ante el instructor, algunos de ellos confirmaron que BBVA dio trato de favor al entramado del comisario jubilado. Hazen fue más allá y confesó que en aquel entonces recibió una llamada de Corrochano en la que le pedía que tratara bien al entramado del comisario. Incluso dijo que llegó a ir en persona a las oficinas del Grupo Cenyt en Torre Picasso. Por ello, el siguiente paso para el magistrado ahora es recabar esta nueva documental de la entidad.
