La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha devuelto a la Fiscalía de Madrid la denuncia que presentó a mediados de marzo en relación al fallecimiento de 19 personas mayores residentes en la Residencia Monte Hermoso de Madrid, según explican a Vozpópuli fuentes jurídicas.
La Fiscalía provincial de Madrid abrió una investigación penal a raíz de una denuncia presentada por el Defensor del Paciente que se hacía eco de la información publicada en medios de comunicación sobre la muerte en esta residencia de al menos 19 personas y más de 70 contagiados por coronavirus, algunos de ellos trabajadores de Monte Hermoso.
La Residencia Monte Hermoso es una de las 14 residencias intervenidas por la Comunidad de Madrid después de detectar un "incremento no esperado de fallecimientos".
Opacidad
Familiares de los internos de la residencia denunciaron "falta de medidas y la opacidad" sobre la gestión de la crisis de la covid-19 en este centro privado, pero con plazas concertadas con la Comunidad de Madrid, donde residía una media de 200 ancianos, según adelantó Efe.
La presidenta de la asociación que denunció los hechos, Carmen Flores, denunció "la falta de seguridad extrema, de limpieza, de personal y de los medios". Consideraba también que se debía solicitar una investigación de oficio para "dilucidar este extraño suceso".
Y esta denuncia del ministerio público, apuntan fuentes jurídicas a Vozpópuli, coincidió con otra presentada el 23 de marzo por un familiar de un fallecido en el juzgado de guardia de Plaza de Castilla (Madrid), que junto a la denuncia de la Fiscalía de Madrid dieron lugar a las diligencias previas 629/2020.
'Caso 8-M'
Sin embargo, la juez Rodríguez-Medel, que desde el 23 de marzo ha instruido la causa del 8-M, que ha sobreseído de forma provisional este viernes, ha pedido al ministerio público que profundice en sus investigaciones, porque las mismas no eran suficientes para mantener abierta una causa en el juzgado.
Este desencuentro entre la juez y la Fiscalía ahonda en la disputa que han mantenido ambos hasta este viernes por la instrucción del caso del 8-M. El Ministerio Público y la Abogacía del Estado han acusado a la magistrada de provocar indefensión al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por investigar la causa con demasiada celeridad y mientras los plazos procesales estaban suspendidos.
'Caso Máster'
Rodríguez-Medel también también chocó con la Fiscalía de Madrid cuando después de que la representante del Ministerio Fiscal encargada del caso Máster no acudiera a la declaración en calidad de investigada de la número dos del Instituto de Derecho Público de la URJC, Laura Nuño.
La juez advirtió la ruptura de criterio que la Fiscalía había mantenido hasta ese momento, cuando el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, ordenó un cambio de interpretación en la acusación: "Resulta necesario pedir a la Fiscalía que ilustre a esta instructora a los efectos de dictar, en su caso, la resoluciones oportunas", insistía la juez frente a la decisión del teniente fiscal de Supremo que se opuso a que se investigara a Pablo Casado al estimar que los indicios delictivos no eran sólidos.
