La semana arrancó con el anuncio por parte de la Fiscalía de que su departamento adscrito al Tribunal Supremo se hará cargo de la investigación en torno al rey emérito, hasta entonces en manos de los fiscales anticorrupción. La decisión tiene que ver con la condición de aforado del ex jefe del Estado. Eso no evita al Ministerio Público una serie de límites como adentrarse en diligencias que afecten a los derechos fundamentales sin pedir antes la autorización de los jueces.
Las fuentes jurídicas y fiscales consultadas coinciden en que las pesquisas que desde ahora va a dirigir Juan Ignacio Campos podrán basarse en la documentación acumulada durante dos años por la Fiscalía anticorrupción. También pueden pedir nuevas pruebas como un estudio pericial contable o nuevas declaraciones de testigos, pero no ir mucho más allá. Si los fiscales descubrieran la identidad del rey tras una cuenta bancaria bajo sospecha, ya tendrían que pedir permiso al Supremo para seguir adelante.
Una investigación sin judicializar sobre un aforado como lo es el rey no puede solicitar un registro a las fuerzas de seguridad o la intervención de un teléfono móvil. Tampoco puede adoptar medidas cautelares como fijar un lugar de residencia o impedirle la salida del país. Más dudas genera la posibilidad de citar al propio monarca a declarar. La Fiscalía considera que legalmente puede hacerlo.
Citarle a declarar
Se basa en el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este tema se abordó en una consulta interna plasmada en 2005. Pero advierte de que esa declaración siempre sería “voluntaria”. Otra opción es poner en su conocimiento la existencia de la investigación y su derecho a personarse ante el fiscal a iniciativa propia. Las fuentes fiscales consultadas ven improbable que esta citación se produzca sin el visto bueno previo del Supremo.
Para ir más allá es necesario judicializar el caso, es decir, que un juzgado eleve a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo una propuesta razonada de investigación al monarca. Actualmente ningún juez investiga al rey Juan Carlos. La Audiencia Nacional archivó en 2018 la pieza separada derivada de las revelaciones de Corinna Larsen a Villarejo sobre el presunto blanqueo de dinero del rey a través de una finca en Marruecos o cuentas suizas a nombre de su primo.
Es por ello que a la Fiscalía solo le quedaría la opción de elaborar una querella y presentarla ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que preside el juez Manuel Marchena. También podría haberlo hecho ante otro juez durante todo este tiempo que ha permanecido en manos de la Fiscalía y que ese magistrado lo elevase al Supremo en caso de apreciar indicios de delito. No ha sido el caso.
Una querella
Si hubiese una querella, el Tribunal Supremo nombraría un juez instructor que se encargaría de investigar el caso o archivarlo por falta de pruebas. De considerarlo oportuno, podría pedir todo tipo de pruebas o escuchar de nuevo en declaración al rey. Es en ese momento cuando el ex jefe del Estado pasaría a ser formalmente un investigado. Agotada esta fase de instrucción, el magistrado tendría que decidir entre dar carpetazo a la investigación o procesar al investigado y sentarle en el banquillo de los acusados.
Entre el tribunal de jueces ya no podría estar el magistrado que dirigió la investigación al considerar que ha perdido su imparcialidad. Es el mismo escenario de la causa del procés. El fallecido fiscal general del Estado Manuel Maza presentó una querella contra los líderes independentistas tras el 1-O. El Supremo designó al juez Pablo Llarena como instrucción del caso y dos años después los responsables que no se fugaron acabaron en el banquillo de los acusados ante un tribunal de siete magistrados encabezados por Marchena.
Formalmente, el rey emérito todavía no está imputado por su presunta relación con el cobro de comisiones ilegales derivadas de la adjudicación a empresas españolas de la construcción del AVE a La Meca. Eso lo hace un juez. Cuando la Audiencia Nacional archivó la pieza separada por las declaraciones de Corinna, alegó la inviolabilidad del rey durante el tiempo que fue jefe del Estado, hasta 2014. No obstante, dejó en manos de la Fiscalía lo que afectaba a los empresarios españoles y las presuntas mordidas.
La investigación Suiza
Ahora, esa investigación de la Fiscalía que arrancó en septiembre de 2018 ha vuelto a salpicar al rey por hechos ocurridos después de su abdicación y el presunto uso de testaferros para mover su dinero. Es así por las revelaciones que parten desde Suiza, donde un fiscal llamado Ives Bertosa comenzó a investigar por su cuenta estos hechos. Las autoridades españolas han solicitado, vía comisión rogatoria, el contenido de su investigación. De lo que remitan las autoridades helvéticas dependerá en gran parte el futuro judicial del rey emérito.
Pese a que los hechos que han trascendido apuntan a un delito fiscal y blanqueo de capitales, el ministerio público no ha tipificado todavía los hechos que se le podrían imputar, según fuentes fiscales. En el marco de las pesquisas en España, los fiscales anticorrupción se desplazaron el año pasado hasta Londres para que Corinna Larsen les ampliase lo que le confesó a Villarejo en 2015 sobre el cobro de mordidas del AVE a la Meca. Ante los representantes del ministerio público, la empresaria germano danesa dijo que era una información a la que había tenido acceso por terceros y de la que sabía poco.
