La Audiencia Nacional mueve ficha tras el registro de la sede de Abengoa. El magistrado Ismael Moreno, que investiga si la multinacional falseó las cuentas entre 2014 y 2016, ha acordado una batería de diligencias que afectan tanto a la compañía sevillana como a la auditora Deloitte y ha citado además como investigados a los antiguos responsables del departamento de Contabilidad y de Auditoría Interna. Se trata de un movimiento que se produce en el marco del estudio de toda la documentación incautada en el registro practicado a mediados de abril por la Guardia Civil en aras a esclarecer si se produjeron irregularidades contables con algunos de sus proyectos estrella.
En su providencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el instructor da luz verde a casi todas las medidas solicitadas por la Plataforma de Perjudicados por Abengoa, que figuran en el procedimiento como acusación popular. No obstante, Moreno pone el foco en las políticas de cumplimiento normativo de la compañía y, por eso, solicita una copia certificada de todos los programas de compliance de los años que están bajo la lupa de los investigadores. En ese sentido reclama también todas las denuncias internas que canalizó Abengoa a través del canal de denuncias junto con sus respectivos expedientes de tramitación.
El objetivo es aclarar si la compañía maquilló sus cuentas y si, al respecto, fallaron los controles internos. El pasado año se admitió la ampliación de la querella contra la propia Abengoa y Deloitte por presunto delito de estafa de inversores en relación a los trabajos de auditoría de la multinacional. Moreno avanzó que las pruebas practicadas hasta entonces y el peritaje aportado por la plataforma de afectados alertaban de indicios de alteración de las cuentas de la matriz y de otras sociedades del grupo (como Abengoa Solar y Bioenergía). La finalidad sería "dar una apariencia irreal" del estado de las mismas y engañar así a sus inversores. El magistrado también se apoyó en el expediente sancionador del ICAC según el cual los auditores nunca justificaron ingresos registrados por 4.514 millones de euros.
Nuevos proyectos bajo la lupa
De hecho, en esta providencia Moreno se dirige también a Deloitte para que aporte papeles de trabajo relativos a su función auditora, además del contrato de préstamo sindicado de 2012 que la compañía de energías renovables acordó con Société Générale. Los afectados, representados por el despacho de abogados IUS Aequitas, denunciaron la ausencia de control en las cuentas de Abengoa advirtiendo expresamente del riesgo de fraude tras una serie de proyectos. Destacan, por un lado, el relativo a la planta de cogeneración eficiente A3T que se impulsó en México y, por otro, los trabajos de ejecución de dos líneas de transmisión directa en Brasil y en Chile. Así, mientras el primero ya era objetivo de los investigadores llegándose incluso a librar una comisión rogatoria al país norteamericano para que aportara el contrato, los segundos se incluyen ahora en el foco del juez.
La acusación basa su petición en el plan de viabilidad realizado por Álvarez & Marsal en febrero de 2016. El documento, que también se solicita, destacaba 17 proyectos a los que se les atribuye una necesidad de tesorería de 3.900 millones de euros. "Esta se da de bruces con la información que al menos durante los tres años anteriores se transmitió al mercado", subrayan los afectados los cuáles advierten que los valores de los proyectos se situaron por debajo de las necesidades de tesorería. De este modo, la ejecución de líneas de transmisión de Brasil tenía un valor cercano a los 897 millones de euros aunque una necesidad de tesorería de 1.908 millones.
Lo mismo ocurre con un proyecto de la misma índole adjudicado en Machupicchu (Perú) y el de Atacama II en Chile. Por ese motivo el magistrado solicita copia con todos los datos de presupuesto y rentabilidad de estos trabajos, entre los que se encuentran además varias plantas de bioenergía en Ilinois, Indiana, Kansas y de una planta desaladora en Argelia. Pese a lo recogido en el plan de 2016, Abengoa no registró las pérdidas señaladas en las cuentas del ejercicio anterior, las cuáles terminaron siendo reformuladas. Por ese motivo, entre toda la documental solicitada se encuentran también las actas de las comisiones de auditoría. Además, cita a un total de cinco testigos y a dos investigados. Se trata del entonces responsable de Contabilidad, Enrique Borrajo, (por ser el que certificaba los estados financieros antes de llevarlos al consejo de administración) y a su homólogo en Auditoría Interna, Luis Enrique Pizarro.
El papel de KPMG
En lo que respecta a Pizarro, la plataforma sostiene que cobra "especial relevancia" en esta causa penal porque fue quien encargó a KPMG el proyecto Palmera; un informe requerido en 2015 por las entidades bancarias que iban a participar en la fallida ampliación de capital de Abengoa. El trabajo en cuestión no llegó a finalizarse porque la compañía no facilitó la carta de exactitud de hechos, tal y como expuso un socio de la firma en su declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2. No obstante, se reclaman también todos los correos intercambiados con Abengoa en relación a este informe, la carta de encargo y los documentos internos del proceso de elaboración.
Precisamente, KPMG elaboró un forensic en 2019 para Abengoa en relación a posibles irregularidades contables en su proyecto de La Meca Medina. El documento, que se incorporó a otras diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, daba por válido lo plasmado en una denuncia interna de Abengoa en relación a irregularidades en la contabilización del plan. Aunque el representante legal de la firma dijo que el asunto se solventó sin incidencias, el forensic alertó que Abeinsa infló el margen de proyecto e identificó facturas falsas por un total de 6,1 millones de euros en relación a este trabajo en Arabia Saudí. Además también advirtió de posibles operaciones triangulares a través de la filial Inabensa Turquía.
