Una de cal y otra de arena para Iberdrola en el caso Villarejo. Su exdirectivo José Antonio del Olmo, imputado por controlar las facturas de la eléctrica al comisario jubilado, no ha logrado que se aplique la directiva europea para protegerle como denunciante de corrupción. No obstante, le gana la batalla a la eléctrica en la querella que éste le interpuso por por revelación de secretos. El juez archiva esta parte de la causa al entender que los hechos están prescritos.
El instructor de esta macrocausa por los espionajes de Villarejo entiende que no se le puede aplicar la conocida como Directiva Whistleblowing. El que fuera responsable de Funciones Corporativas solicitó al juez esta protección a tenor de la batería de acciones legales que Iberdrola acordó contra él tras su irrupción en la causa. Del Olmo fue el exdirectivo que denunció un sistema de facturas falsas dentro de la compañía para pagar, presuntamente de manera irregular, los encargos al Grupo Cenyt.
Pese a su petición -respaldada por Florentino Pérez- el juez entiende que no puede reconocerse la aplicación de la Directiva Europea 2019/1937 por la vía de efecto directo al no apreciar que concurra en este caso "el presupuesto de una disposición suficientemente precisa de la que pueda emanar el derecho aplicable". También explica que España no ha transpuesto el derecho interno de la directiva, aunque ello no impide apreciar el efecto real de esta norma.
Denuncia en el caso Villarejo
"Una directiva no transpuesta genera obligaciones para el Estado miembro, habiendo reconocido el TJUE derechos a los particulares cuando el Estado incumple su obligación de transposición en el plazo previsto", reza el auto del juez. Con todo, y aunque cierra la puerta a aplicarle esta protección, sí reconoce que tiene cabida la interpretación del derecho nacional conforme al derecho de la Unión.
Los denunciantes no deben incurrir en responsabilidad alguna. Es conveniente que haya una protección frente a la revelación pública de información
De esta forma respalda la actuación de Del Olmo, quien, en 2004, y ante sospechas de pagos irregulares a Villarejo redactó un informe sobre este asunto y lo depositó ante notario. Este papel permaneció oculto en el tiempo hasta el estallido de esta causa. A tenor del material y los audios incautados en el domicilio del policía en 2017, la Unidad de Asuntos Internos arrancó una investigación por los encargos de Iberdrola.
La querella de Iberdrola
En el marco de la misma apareció el informe de Del Olmo relativo a este supuesto circuito irregular de pagos que consistió, según expuso, en utilizar a Casesa (la proveedora de seguridad de Iberdrola) para pagar directamente a Villarejo el coste del primer proyecto que le encargó, en 2004, bautizado como Arrow. El magistrado le citó como testigo entre los meses de diciembre de 2019 y febrero de 2020 a tenor de esta prueba clave para la causa pero le terminó imputando porque él mismo, en su condición de controller, dio luz verde a las facturas que denunció.
Su irrupción en la causa puso en alerta a Iberdrola, que inició una batalla judicial contra él por diversos delitos. Una de las querellas la interpuso en un juzgado de Bilbao por falsedad en documento privado. La eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán le acusó de cometer delito al llevarse de la compañía las facturas sobre los pagos a la empresa de Villarejo y también de redactar un informe falso.
Del Olmo no actuó con la voluntad de atentar contra Iberdrola sino para adoptar una medida de 'autoprotección'
La juez de Bilbao admitió la querella pero la derivó a la Audiencia Nacional al considerar que eran hechos conexos con el caso Villarejo. El instructor de esta macrocausa libró a Del Olmo de este asunto pero la Sala dio la razón a Iberdrola y le mantuvo imputado. Ahora vuelve a pronunciarse sobre la ampliación de querella de Iberdrola por delito de revelación de secretos y de datos. Y su criterio es que no debe prosperar.
Delitos prescritos
"Los documentos depositados notarialmente por el Sr. Del Olmo en el año 2004 se refieren a la contratación y pago a la mercantil Cenyt por los trabajos contratados con la misma. Su depósito ante Notario quedaba muy lejos de causar un mal comercial o atentar contra la libre competencia de Iberdrola o cualquiera de sus compañías, sino que fue una estrategia de 'autoprotección', reza el auto, el cual añade que, incluso aún habiéndose cometido delito de revelación de secretos, estaría prescrito.
Por todo ello concluye que la ampliación de la querella de Iberdrola contra este denunciante del caso Villarejo es "improcedente" y además, estarían prescritas las infracciones que denuncia. Incluye también el delito de falsedad por el papel que llevó ante notario. García Castellón asegura al respecto que el delito estaba prescrito desde que Iberdrola interpuso la querella en los juzgados de Bilbao a comienzos de 2020.
