La magistrada Esperanza Collazos ha ordenado repetir el careo de los peritos que han estudiado la solvencia de Plus Ultra tras detectar fallos en la grabación de esta diligencia practicada el pasado 18 de enero, tal y como adelantó Vozpópuli. La juez señala para el próximo 29 de marzo la celebración de esta diligencia clave que enfrenta a los expertos de la aerolínea con los peritos del juzgado que advirtieron de irregularidades en la compañía.
Así lo refleja en una providencia a la que ha tenido acceso este diario y en la que vuelve a dejar en el aire la petición de la Fiscalía de archivar este procedimiento por presunta malversación. La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid explica que responderá a esta solicitud una vez se celebre este nuevo careo judicial. Del mismo modo rechaza la petición de la compañía de incorporar un nuevo informe, elaborado por el analista Julio César Calvo, y que vendría a cuestionar las conclusiones de los peritos independientes.
Las acusaciones ya denunciaron el mes pasado que la copia que se les entregó de este careo contenía imagen pero no audio. Tanto Manos Limpias en primer lugar como Vox y Partido Popular después advirtieron de que habían recibido esta grabación con defectos y pidieron al juzgado que contrastase si era un problema de la copia trasladada a las partes o bien de la grabación original. La propia Manos Limpias pidió que la diligencia se volviera a repetir en caso de no haberse podido grabar adecuadamente y que se suspendiera el plazo de 10 días que el juzgado les había dado para pronunciarse sobre estas declaraciones.
La importancia de esta prueba
Esta misma semana la letrada de la administración de Justicia trasladó a las partes de que se había producido un "error técnico" y dejaba la decisión final en manos de la juez, que finalmente ha acordado que se vuelva a repetir. Tanto la aerolínea como las acusaciones han mostrado su rechazo a lo ocurrido. Así, mientras Plus Ultra ha denunciado que con estos hechos la investigación se dilata más, el abogado de Manos Limpias José María Bueno consideran que este careo acordado para el 29 de marzo parte ya contaminado porque los expertos de ambos bandos ya saben lo que van a decir.
El careo en cuestión se ha convertido en la principal prueba practicada hasta el momento en esta causa penal en la que se investiga el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea. La magistrada abrió diligencias el pasado mes de abril en aras a constatar si los miembros del consejo gestor de la SEPI que autorizaron el desembolso cometieron alguna irregularidad al otorgar las ayudas a una empresa que ya estaba en números rojos antes de la covid. Por ese motivo impulsó esta investigación y ordenó recabar los informes de la SEPI que avalaron el desembolso de la ayuda.
Con todo, la juez consideró pertinente contar con una versión de fuera de la causa y encargó a unos peritos independientes que valorasen la situación de la compañía. En su informe, los miembros del despacho Martín Molina advirtieron de una serie de supuestas irregularidades que harían que la aerolínea se hubiera anotado unos dudosos beneficios de 6,3 millones de euros en las cuentas de 2019. Ante la disparidad de conclusiones, la magistrada consideró pertinente ordenar un careo judicial para que tanto los expertos de Plus Ultra (Deloitte y DC Advisory) como los del juzgado confrontasen sus opiniones.
Las cuentas de Plus Ultra
En el encuentro, que tuvo lugar el 18 de enero, los expertos de la SEPI ratificaron que la compañía era solvente a fecha de 31 de diciembre de 2019 y que cumplía con los requisitos exigidos por el Gobierno para ser rescatada con fondos públicos. Los expertos precisaron que ellos no eran auditores de las cuentas ni tampoco los responsables del desembolso de 53 millones de euros, sino que simplemente analizaron sus condiciones de elegibilidad y la consideraron apta para ello.
Sin embargo, el equipo del despacho Martín Molina se ratificó en su trabajo y apuntó a tres posibles deficiencias que alterarían el balance de las cuentas de 2019. Por un lado, cuestionó el carácter participativo de un préstamo que Plus Ultra canalizó en un paraíso fiscal en 2017. Los expertos aseguraron que les parecía "llamativo" que se gestionase en Dominica aunque también mostraron sus sospechas con las condiciones de este préstamo ya que requerían inmovilizar en la cuenta bancaria una parte muy importante de la línea de crédito.
En segundo lugar también destacaron la operación de venta de un avión para saldar una deuda cercana a los 9 millones con unos bonistas. Sobre esto expusieron que se hizo una calificación incorrecta de este arrendamiento ya que por la operación se anotaron unos beneficios para las cuentas de 2019 de 6,3 millones de euros (cuando el avión estaba valorado en 2,66 millones de euros). Al respecto apuntaron a una posible incorrección en las cuentas de ese ejercicio de 6,3 millones de euros y sentenciaron que Plus Ultra en esa fecha estaba en causa de disolución.
En último lugar también cuestionaron las provisiones de 1,8 millones de euros por pleitos judiciales de la compañía ya que consideraron que esta cifra debería haber tenido reflejo en la cuantificación del patrimonio neto a fecha de 31 de enero de 2020. Con todo, se trata de una diligencia que ha quedado invalidada por el juzgado y que tendrá que volverse a repetir en tanto no se grabó correctamente. Una vez se vuelva a celebrar el 29 de marzo, la instructora decidirá sobre las peticiones de archivo de Fiscalía y de la propia Plus Ultra que se suman a las ya efectuadas por la Abogacía General del Estado.
