El juzgado de Instrucción Número 46 de Madrid ha revocado el auto emitido por este mismo juzgado el pasado 16 de enero por el que acordaba el internamiento en el Centro de internamiento de extranjeros de Madrid de cincuenta personas extranjeras, solicitantes de asilo en el puesto fronterizo del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.
El juez estima el recurso de reforma de la Fiscalía contra dicho auto por el que se acordó trasladar a los peticionarios de asilo desde la sala de alojamiento del aeropuerto hasta la sala destinada al ingreso en el CIE. En consecuencia, declara nulo de pleno derecho el auto que autorizaba al Ministerio del Interior a trasladar a los extranjeros hasta las instalaciones ubicadas en el barrio madrileño de Aluche.
En el escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado reconoce, tal y como expone el Ministerio Fiscal en su recurso, que dicho juzgado "carece de competencia para decidir sobre dependencia en la que los solicitantes de asilo han de esperar la resolución de su solicitud". Además, detalla que dicha cuestión "no es propiamente jurídica", sino que se trata de un asunto de índole "puramente administrativo".
El Ministerio Público presentó el pasado viernes un escrito, al que ha tenido acceso este medio, en el que solicitaba la nulidad de auto emitido por el juzgado madrileño al entender vulneraba las normas de competencia y de procedimiento. Las alegaciones vertidas detallan que el internamiento en el CIE es una medida prevista para "los extranjeros en situación irregular contra los que se ha dictado una resolución administrativa de expulsión".
En este caso las personas que el Ministerio del Interior propuso realojar en las instalaciones de Aluche son extranjeros a la espera de una resolución para su solicitud de asilo en España. Por tanto, el procedimiento a seguir no es el recogido en la legislación de extranjería (LOEX), sino que ha de tenerse en cuenta la legislación de asilo (Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria).
Habilitar otras estancias para los solicitantes de asilo
El artículo 22 de la citada ley dispone para este caso el "procedimiento urgente de asilo en puesto fronterizo", es decir, como las salas habilitadas en el Aeropuerto de Barajas. Asimismo, no prevé intervención judicial, "siendo por tanto la autoridad administrativa con competencia en materia de asilo la que ha de disponer la permanencia del solicitante en las salas habilitadas".
Teniendo en cuenta la situación excepcional que se está viviendo en Barajas, la autoridad administrativa podrá trasladar a los afectados a otras dependencias que reúnan las condiciones de habitabilidad acordes con la dignidad de toda persona. "No es posible, con carácter general, acordar el internamiento en el CIE de personas solicitantes de asilo, salvo casos extraordinarios de motivos de seguridad o salud pública, tal y como dispone con claridad el artículo 19 de la citada Ley de Asilo", recoge el documento de Fiscalía.
El Ministerio Público expone en su escrito la falta de competencia del juzgado en funciones de guardia. En este caso es "la autoridad administrativa competente en materia de protección internacional la que ha de adoptar tal decisión".
A pesar de que el auto emitido por el Juzgado de Instrucción se acuerda tal decisión "como extensión de las salas de alojamiento de asilo del aeropuerto y dependencia habilitada de urgencia en tanto que se resuelve su expediente de solicitud de asilo por parte de la Oficina de Asilo y Refugio", Fiscalía resalta la aplicación indebida del artículo 60 de la LOEX (Ley de Extranjería).
Condiciones en el CIE de Aluche
Al menos medio centenar de inmigrantes fueron trasladados al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche el pasado jueves 18 de enero. Las instalaciones, que estaba en obras de reforma desde hace meses, fueron habilitadas para acoger a estas personas por orden del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska.
El CIE de Madrid estaba pendiente de realizar obras de rehabilitación y no contaba con personal ni con internos, que precisamente fueron desplazados para estos trabajos. Es el de mayor capacidad de España y el único que aceptaba a mujeres.
Sin embargo, el colapso provocado por la llegada de decenas de solicitantes de asilo en los últimos meses ha precipitado la situación y ha obligado a Marlaska a tomar medidas de urgencia para liberar la situación.
Además, el sindicato JUPOL denunció que la reapertura del CIE de Aluche (Madrid) se había llevado a cabo de "manera precipitada", sin haber realizado "una evaluación de riesgos laborales tras las obras y sin llevar a cabo simulacros de emergencias que garanticen la seguridad tanto de los internos del centro como de los agentes que presta servicio en el mismo".
