La jueza de Primera Instancia e Instrucción nº6 de Navalcarnero se ha inhibido a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la investigación que sigue contra la exalcaldesa de Arroyomolinos y vicesecretaria de Organización del PP de Madrid Ana Millán por la presunta comisión de cuatro delitos de corrupción en relación a varios contratos presuntamente irregulares.
Así consta en auto, en el que la magistrada acuerda la inhibición a favor del TSJM por la condición de Millán de ser aforada al ser vicepresidenta de la Asamblea de Madrid. Y lo hace al deducir conforme a las diligencias indiciariamente que los investigados, tanto Millán como un empresario, pueden ser "autores de los hechos objeto de investigación que se tratarían, sin perjuicio de ulterior calificación de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública".
La causa se inició en octubre de 2020 aceptando la inhibición del Juzgado Central de Instrucción Número 6 por presuntos delitos de corrupción detectados en una pieza del caso 'Púnica' y del que no guardaba relación alguna.
La magistrada expone que existen "una serie de circunstancias, que vincularían a Ana Millán, en la época en que era concejal en el Ayuntamiento de Arroyomolinos, y su entorno con Grupo Educativo, las cuales pudieran tener relación con posibles irregularidades en materia de contratación o con supuesta contraprestación por las adjudicaciones de contratos públicos del Ayuntamiento de Arroyomolinos al grupo empresarial, dirigido por Francisco Roselló".
Y lo afirma en base a "las diligencias que obran en el mismo, primero de carácter policial concretándose en los informes y diligencias llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa, en especial el Informe Final de fecha 8 de abril de 2024 y asimismo las diligencias judiciales acordadas con declaraciones y documental recabada".
Siete contratos investigados
Detalla que en base al análisis llevado a cabo por la Unidad Central Operativa, Delincuencia Económica, de la Dirección General de la Guardia Civil, se ha podido analizar y extraer que "por el Consistorio antedicho se adjudicaron nueve contratos (7 mayores y 2 menores) a varias de las empresas de Francisco Roselló entre 2005 y 2011.
En la resolución se alude a una declaración de la auxiliar administrativo de la Concejalía de Ana Millán, quien "destaca la diferencia de trato otorgado por la exconcejal en la contratación y en la forma de interactuar con Grupo Educativo, que habría sido distinta a la de con el resto de empresas que fueron adjudicatarias desde su Concejalía".
"Esa confidencialidad, reserva y trato personal por parte de Ana Millán es significativo, más si se considera que de forma paralela a esta participación aludida, se sucedieron una serie de circunstancias que relacionarían a Ana Millán con Grupo Educativo y Francisco Roselló como el hecho de recibir pagos por un valor global de 51.104,67 euros", señala el auto.
"El motivo de los mismos se fundamentaría en el pago del alquiler de un ático de Arroyomolinos, con opción a compra, por el valor de la hipoteca, la comunidad y los suministros. Durante este tiempo, Neverland Eventos habría realquilado el inmueble. Los mismos fueron abonados entre los ejercicios 2008 y 2012", señala el auto.
Agrega igualmente que la hermana de la exconcejal, recibió "pagos por un valor global de 88.642,42 euros de GE Escuelas Urbanas y Fundación GE Social, en concepto de rendimientos del trabajo y de actividades económicas, por su desempeño profesional en estas sociedades". Los mismos fueron abonados entre 2008 y 2011.
Y a la pareja de la exconcejal, le fueron imputados "rendimientos del trabajo y de actividades económicas" por un importe total de 37.578,04 euros de una UTE conformada por las mercantiles GE Escuela de Ocio y GE Escuelas Urbanas. Los últimos fueron abonados entre los ejercicios 2008 y 2011".
Recuerda la jueza que tras el análisis llevado a cabo sobre las cuentas bancarias de Ana Millán, se localizaron "numerosos ingresos en efectivo de origen desconocido con inicio también en 2008". En relación a los mismos, considerando las justificaciones dadas por la exconcejal en sede judicial, ascenderían a 42.650,00 euros entre 2008 y 2014", agrega.
Ante ello, la magistrada señala que de lo actuado "se deduce indiciariamente que los investigados pueden ser autores de los hechos objeto de investigación que se tratarían, sin perjuicio de ulterior calificación de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública".
