El juez del caso Nóos ha decidido mandar a la infanta al banquillo acusada por colaborar en dos delitos de fraude fiscal a 48 horas de que el nuevo rey pronuncie su discurso de Navidad, tal y como adelantó Vozpópuli la pasada semana. El magistrado la considera cooperadora de los delitos cometidos por Iñaki Urdangarin en el auto de apertura de juicio oral que ha dictado
El magistrado la considera responsable "hechos supuestamente delictivos, en concepto de cooperadora necesaria de dos delitos contra la Hacienda Pública" y establece que "sólo subsidiariamente, para el supuesto de que no prosperase la anterior acusación, cabría su declaración como partícipe a título lucrativo de los delitos contra la Hacienda Pública, siendo compatible tal participación a título lucrativo respecto de los demás supuestos delitos cometidos por Don Iñaki Urdangarín Liebaert de los que su esposa haya podido lucrarse sin haber participado delictivamente en ellos".
El juez le impone una fianza de 2.697.150 euros "bajo apercibimiento de que, de no hacerlo en el plazo de veinte días, se procederá al embargo de sus bienes en cuantía suficiente hasta cubrir las sumas fijadas". Contra esa resolución no cabe recurso alguno pudiendo --añade Castro-- "los interesados reproducir ante el órgano de enjuiciamiento las peticiones no atendidas".
Castro desestima de facto la llamada "doctrina Botín" que establece que no puede haber cargos si no hay un acusador particular perjudicada, una acusación que en este caso correspondería ejercer a Hacienda. Castro considera que esa doctrina no rige en este caso puesto que el fraude fiscal no deja sólo un daño particular a la Agencia Tributaria sino que daña el interés general. Por ese motivo, el magistrado entiende legitimada la acusación popular y, por tanto, sostiene los cargos contra la hermana del rey.
Bofetada al fiscal
El juez incluye en el auto una referencia clara al Fiscal que le acusó de vulnerar la presunción de inocencia."La presunción de inocencia, respecto de la que, con una clara referencia a este concreto caso, se ha aireado a los cuatro vientos que no existe en España, y de cuya conculcación también se hace eco el Ministerio Fiscal, no estriba en cerrar los ojos ante las sospechas que puedan darse sobre la comisión de un delito, sino continuar la investigación hasta que aquéllas se desvanezcan o se tornen en indicios racionales (...) ese “iter” que se ha seguido y se pretende seguir respecto de Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia, que ha sido incluso aún más garante que con los demás imputados, y cualquier censura debiera venir por ese lado, por lo que la alegada indefensión, si es que existe en algún recóndito tramo que no es adivinable, sería la misma que padecerían todos los imputados de esta Causa".
El juez remata que "lo que lo correcto no es postular el cambio de criterio de un Juez sino el legislativo de todo un sistema judicial que, si algún reproche cabría hacerle y no es que este Instructor lo haga porque nunca están de más las garantías, es el de hipergarantista" y remata: "se rechaza enérgicamente que ninguno de los Órganos Judiciales que en esta causa han tomado decisiones que contemplaran a Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia haya podido incurrir en semejante distorsión".
Juicio a finales de 2015 o principios de 2016
El auto del juez José Castro cerrará la fase de instrucción y abrirá la de juicio en la que la infanta tendrá que sentarse obligatoriamente en el banquillo, aunque sólo sea para que sus abogados diriman en la primera sesión destinada a cuestiones previas si procede continuar con el juicio o no según el criterio del nuevo tribunal que se constituya.
Previsiblemente, el juicio se celebrará a finales de 2015 aunque la acumulación de causas en los tribunales de Palma podrían retrasar las sesiones hasta principios de 2016. En cualquier caso, cuando Castro comunique su decisión comenzará realmente el camino de la infanta Cristina hacia el banquillo de los acusados.
