Nuevo ultimátum... y van dos. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, ha dictado este miércoles un auto dentro del 'caso Bárcenas' en el que da a las empresas OHL y Sacyr Vallehermoso un plazo "improrrogable de cinco días" para que le remitan numerosos datos sobre los contratos públicos que ambas firmaron entre 2002 y 2009 y que aún no le han hecho llegar pese a que se los requirió el pasado 4 de diciembre. El magistrado señala que ambas constructoras le enviaron en su día sendos documentos 'excel' con numerosas lagunas, ya que no reflejaban datos que él había pedido expresamente, como los importes de licitación y la fecha de publicación en el BOE de los mismos. No es la primera vez que Ruz tiene que dar un tirón de orejas por este motivo a ambas compañías, cuyos actuales presidentes, Juan Miguel Villar Mir y Manuel Manrique, están imputadas en la causa. El pasado 17 diciembre ya dictó un escrito en similares términos al que, al parecer, tampoco hicieron caso en su literalidad.
Las dos constructoras, junto a otros seis empresas que también figuraban en los 'papeles de Bárcenas', ya recibieron un tirón de orejas del juez el pasado diciembre por las carencias de la documentación que habían enviado
Precisamente, en el auto de este miércoles el juez señala que tras aquel anterior requerimiento, OHL le hizo llegar el 23 de diciembre, cuando se cumplía el plazo de cinco días que también les dio entonces, una relación de ajudicaciones de contratos públicos a la que les faltaban, además del importe de licitación y la fecha en la que ésta apareció en el BOE, el tipo de contrato y el lugar, la forma y el procedimiento de adjudicación. En el caso de Sacyr, el documento 'excel' que entregó en la Audiencia Nacional llegó aún más tarde, el 26 de diciembre, y tenía mayores carencias. Así, el juez resalta ahora que en la misma faltan la fecha de formalización, el importe de adjudicación, el valor de la misma y, en el caso de modificados en los mismos, la fecha y cuantía.
A las dos constructoras les recuerda también que los contratos que reclama no se limitan a aquellos que firmaron de manera individual, sino también a aquellos en los que ambas empresas formaron parte de una Unión Temporal de Empresas (UTE). Para asegurarse que la respuesta no se retrasa, el juez ordena que dichos requerimientos se hagan llegar por dos vías diferentes a la empresa. Por un lado, a través de los representantes legales de Villar Mir y Manrique, personados en la causa por las supuestas donaciones que reflejan los 'papeles de Bárcenas' tras su imputación. Por otro, ordenando a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que entreguen en mano dicho auto en las sedes de OHL y Sacyr Vallehermoso.
El anterior 'toque de atención'
El magistrado ha lanzado este segundo ultimátum a las dos empresas después de que la UDEF le remitiera el martes una escrito en el que le informaba que "una vez examinada la documentación enviada en diversas fechas al Juzgados por diversas sociedades que figuran como 'donantes' [...] se ha podido constatar como dos de las sociedades a quienes se ha solicitado información no han enviado la documentación haciendo mención a todos los puntos solicitados". Los investigadores consideran que sin esos datos de OHL y Sacyr no pueden elaborar el informe que debe determinar si existió relación entre las supuestas aportaciones de dinero a Génova 13 que figuran en los apuntes manuscritos del extesorero del partido y las contrataciones de obras públicas bajo gobiernos 'populares'.
Fue la misma queja que la unidad policial ya hizo a mediados de diciembre, y que motivaron el anterior ultimátum del magistrado. Entonces, sin embargo, el número de empresas señaladas por no entregar toda la documentación era más amplia y, además de OHL y Sacyr, incluía otras seis. En aquel momento, los agentes ya habían detectado que la constructora de Villar Mir no había remitido algunos de los contratos públicos recibidos y que en los dos listados enviados al juzgado, uno en marzo y otro en agosto, había diferencias en el importe de adjudicación de un mismo contrato, por lo que no se podía saber cuál fue la cantidad real que recibió por cada uno de ellos. En el caso de la compañía presidida por Manrique, los investigadores hicieron notar que no había mandado todas las licencias que le habían adjudicados, y que se habían limitado a dar información de aquellos "licitados por los órganos contratantes pertenecientes a los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente, así como el Ayuntamiento de Toledo”. Además, alertaron al juez que Sacyr no incluía ninguna información sobre los contratos del año 2002, el primero de los que incluyó en las pesquisas.
