Ni un cabo suelto ni una adjudicación sospechosa sin investigar. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, ha dictado este martes un auto con el que reactiva la investigación sobre Jesús Sepúlveda, antiguo alcalde de Posuelo de Alarcón (Madrid) y exmarido de la ministra de Sanidad, Ana Mato. El magistrado quiere conocer detalles de algunas adjudicaciones realizadas por el Ayuntamiento cuando éste era su máximo responsable, entre ellos una para el asfaltado de las calles de la localidad en 2004 que acabó con un sobreprecio de más de un 30%. Para ello, el juez ha citado a decalrar para el próximo 8 de mayo a dos empleados del consistorio, un exconcejal y un empresario, además de recabar nueva documentación contable a una empresa dedicada a reparar el firme de las calles e información a un juzgado del municipio sobre una investigación abierta en 2008. A todo ellos, el juez les reclama dicha información con urgencia ya que, como insiste desde hace tiempo, está cerca de finalizar la instrucción del 'caso Gürtel'.
El juez quiere saber por qué la reparación del firme de las calles del municipio donde Sepúlvera era alcalde estaba presupuestada en 1,8 millones de euros y terminó costando un 30% más
En el escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado recuerda que en otro auto, en este caso del pasado 22 de noviembre, ya atribuyó a Jesús Sepúlveda "la comisión de hechos que pudieran merecer la calificación de presuntos delitos de prevaricación, cochecho, malversación de caudales públicos y contra la Hacienda Pública" por "el cobro de comisiones ilegales vinculadas bien a su cargo de senador bien a la adjudicación irregular de contratos públicos como alcalde de Pozuelo de Alarcón". En este sentido, el escrito del juez recuerda que de dichas actividades ya obran en la causa informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), de la Agencia Tributaria y de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que refuerzan los indicios contra él. Sin embargo, estos documentos dejaban sueltos diferentes flecos de los que ahora el magistrado pretende tirar para terminar de estrechar el cerco sobre el exmarido de la ministra de Sanidad.
Entre ellos se encuentra la adjudicación en 2004 de la 'Operación asfalto' de la localidad madrileña con la que se reparaba el estado del firme de las calles del municipio. Una obra contratada inicialmente por 1,8 millones de euros pero que terminó costando un 30% más por causas no aclaradas, según un informe de la Agencia Tributaria. Por ello, el magistrado ha citado a declarar como testigos por ello a Leopoldo Gómez Gutiérrez, quien entre 2003 y 2004 ocupaba el cargo de ingeniero de caminos del consistorio, y a África Sánchez Marín, quien también en aquellos años y hasta 2007 "tendría atribuida la delegación especial de urbanizaciones del Ayuntmaiento de Pozuelo de Alarcón". Además, Ruz urge a la empresa Asfaltos de Vicálvaro SL la entrega de la documentación relativa al contrato que firmó con Constructora Hispánica SA, propiedad del también imputado en la Gürtel Alfonso García Pozuelo, en relación con aquella adjudicación.
Un concejal, dos empresas y un juzgado
El cerco del juez a Jesús Sepúlveda no acaba, sin embargo, aquí. En el mismo auto, Ruz cita también como testigos a Ignacio José de Costa González, quien ocupara el cargo de concejal de Deportes del Ayuntamiento de Pozuelo entre los años 2003 y 2007, así como a Juan Peguero Manovel, representante de las empresas Travelling Escenografía SA y Producciones Escenográficas Montenegro SL. A este último pretende interrogar sobre las relaciones que ambas sociedades mantuvieron entre 2003 y 2005 con entidades públicas tanto de Pozuelo de Alarcón como de otro de los municipios madrileños epicentro de la trama Gürtel, el de Majadahonda.También le reclama la documentación que conserve de los contratos con cinco empresas de la red de Francisco Correa, entre ellas Orange Market SL, Special Events y Easy Concept Coumnicación, habitualmente utilizadas por la trama para lograr las adjudicaciones de actos de entidades públicas en Madrid y Valencia.
Ruz ha pedido a la Agencia Tributaria que, a la vista de los nuevos datos sobre el exmarido de la ministra de Sanidad, modifique sus informes sobre éste
El magistrado también reclama a su colega del Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón información sobre unas diligencias que éste órgano judicial abrió en 2008 y del que Ruz desconoce su situación actual, qué personas resultaron imputadas en la misma y si finalmente se archivó la causa o se continuó con ella, y en qué estado se encuentra en la actualidad. El juez no detalla en su escrito qué se investigó en la misma. Por último, el instructor solicita un nuevo informe a la Agencia Tributaria sobre sobre Jesús Sepúlveda "a la vista de los distintos informes presentados y del avance de la instrucción y examen de la documentación intervenida". Ruz quiere que los expertos de Hacienda modifiquen sus informes, "en particular, el origen, causa y cuantía de los fondos eventualmente percigidos [por Sepúlveda] del entorno de Francisco Correa en relación a los ejercicios 2000 y 2005". También quiere que la AEAT emita nuevos análasis ampliatorios sobre las relaciones de contratación de las empresas del presuntos cabecilla de la trama con el Ayuntamiento de Pozuelo cuando éste estaba presidido por el exmarido de Ana Mato.
El pasado mes de febrero, Ruz dictó un auto en el cuantificó en más de medio millón de euros el dinero que había recibido Jesús Sepúlveda de la Gürtel entre 2002 y 2004 por conceder "adjudicaciones irregulares efectuadas" desde el Ayuntamiento tanto en "obras públicas" como en la realización de eventos. En dicho escrito, el juez ya destacaba que el exmarido de la ministra de Sanidad, Ana Mato, recibió entre 1998 y mayo de 2005 "diversos regalos en forma de vehículos, viajes y eventos familiares". En concreto, detallaba que cobró 256.250 euros entre febrero de 2002 y finales de 2004 en importes mensuales que iban de los 3.000 a los 24.000 euros, así como otros 144.000 euros entre 2002 y 2003 y 60.000 euros más por una operación inmobiliaria. El auto también especificaba servicios turísticos por valor de 50.000 euros que habría percibido el exalcalde de Pozuleo, así como el pago de varios eventos familiares, los gastos de su oficina electoral y el pago de un vehículo Range Rover.
