La Unidad de Información Financiera de Argentina (UIF, dedicada a detectar operaciones de blanqueo en el país sudamericano) ha 'inundado' en los últimos días de documentación el Juzgado Central de Instrucción número 5. El pasado 24 de septiembre hizo entrada en la Audiencia Nacional miles de folios detallando los movimientos bancarios que el juez Pablo Ruz había pedido para investigar la supuesta trama financiera de Luis Bárcenas al otro lado de Océano Atlántico. En concreto, el magistrado español había reclamado las operaciones en entidades financieras del imputado Ángel Sanchís Herrero, hijo del exresponsable de finanzas del PP y también encausado Ángel Sanchís Perales; del abogado argentino Edgardo Patricio Bel y de la empresa Grupo Sur de Valores, todos bajo sospechas de haber ayudado al extesorero del PP a ocultar 3 millones de euros de sus cuentas suizas. El volumen en papeles remitido es tal que Ruz se ha visto obligado a añadir una veintena de tomos y anexos al sumario de la Gürtel... y aún falta por llegar más.
La información ha sido remitida por el organismo argentino que lucha contra el blanqueo y consta de media docena de expedientes sobre "operaciones sospechosas"
Así aparece recogido en una provindencia del juez Ruz dictada el pasado martes y a la que ha tenido acceso Vozpópuli. En la misma se detalla que el envío de la documentación por parte de Argentina se produce a petición de la octava comisión rogatoria enviada por la Justicia española a Buenos Aires. Como respuesta, las autoridades del país sudamericano remitieron el pasado 8 de septiembre la información, que llegó formalmente a la Audiencia Nacional el pasado 24 de septiembre. Ante los miles de folios que se incorporaban al sumario de la Gürtel, el magistrado español ha ordenado abrir 5 tomos nuevos, aunque tres de ellos estarán a su vez divididos en varios subtomos y anexos. En total, una veintena, a los que el juez Ruz sumará en los próximos días otros cuatro más ya que, como recoge en su escrito, aún no se ha "completado la recepción de la totalidad de la documentación".
En concreto, lo que obra ya sobre la mesa del magistrado español, y que ya ha ordenado trasladar a la UDEF y a Hacienda para que sus expertos los analicen, son seis expedientes de lo que en el país sudamericano se denomina "Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)" abiertos por la unidad antiblanqueo argentina a raíz de que llegaran las primeras noticias sobre la existencia de una supuesta trama empresarial de Bárcenas a ese lado del Atlántico. Así, se encuentran cuatro expedientes referidos a otros tantos bancos en los que supuestamente hicieron movimientos elevados de dinero Ángel Sánchis Herrero y, en uno de los casos, el abogado Edgardo Patricio Bel, señalado como presunto testaferro del extesorero del PP. Se trata, en concreto, de operaciones realizadas entre noviembre de 2013 y enero de 2014 a través de los Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Hipotecario, BVA Banco Francés y Banco Macro. El juez Ruz había pedido hace tiempo bloquear una cuenta de esta última entidad por su supuesta relación con Bárcenas.
Los otros dos expedientes ROS remitidos por la UIP argentina se refieren al Grupo Sur de Valores, una sociedad de inversión supuestamente destinataria tambièn de fondos desde las cuentas suizas del extesorero del PP. En concreto, la documentación recibida recoge los abiertos por la Comisión Nacional de Valores argentina relacionados con movimientos sospechosos realizados por esta compañía el 11 y 12 de febrero de 2009, sólo unos días después de estallar el 'caso Gürtel' en España. El más voluminoso de todos es, precisamente, uno de éstos, el referido al segundo día: cerca de 1.200 folios repartidos en dos tomos y siete anexos. El segundo consta únicamente de 227 folios. Los referidos a los bancos ocupan en su conjunto 1.700 folios. Más de 3.000 folios y los que aún quedan por llegar.
El sumario cerrado
Según fuentes jurídicas, la llegada de esta abundante documentación está relacionada con la decisión que el titular del Juzgado Federal número 8 de Buenos Aires, Marcelo Martínez di Giorgio, tomó el pasado mes de julio de cerrar el sumario que había abierto en noviembre de 2013 para aclarar las andanzas del extesorero del PP en el país sudamericano. Martínez di Giorgio había iniciado la causa a petición de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (la Fiscalía Anticorrupción argentina) que consideraba que existió blanqueo de dinero en la transferencia de 3 millones de euros desde las cuentas suizas del político ahora encarcelado a la empresa uruguaya Brixco y, de allí, a la sociedad La Moraleja SA, que explota un latifundio de limones en la provincia de Salta. Ocho meses después, el magistrado bonaerense concluyó que, de haber delito, éste habría prescrito según las leyes argentinas y que, por tanto, procedía a dar carpetazo a las pesquisas.
Un juez bonaerense cerró el pasado verano el sumario abierto en Argentina contra Bárcenas al considerar que el delito de blanqueo que se investigaba había prescrito
El cierre del sumario argentino no sólo afectaba a Bárcenas, sino también a otros dos imputados por Ruz. Se trataba del que fuera máximo responsable de las finanzas de AP entre 1982 y 1987, Ángel Sanchis Perales, y su hijo Ángel Sanchis Herrero, propietarios del latifundio de cítricos bajo sospecha. También aparecían como implicados la pintora Isabel Ardanaz de Mackinlay, que ante Ruz destapó la supuesta falsedad de la coartada de compraventa de cuadros de Rosalía Iglesias, esposa del político preso; Santiago Martínez Autin, que figuraba como presidente de Brixco, la mercantil comercializadora de zumo de limones que recibió el dinero procedente de las cuentas suizas; y el abogado bonaerense Edgardo Patricio Bel, señalado como presunto testaferro del extesorero y sobre el que Ruz ya preguntó a la Justicia del país sudamericano el pasado mes de junio como paso previo para pedir su extradición.
La Fiscalía argentina acusaba a todos ellos de haber participado supuestamente en el lavado de este dinero del extesorero en 2009, tras estallar el 'caso Gürtel'. De hecho, en una nota que hizo pública a finales de octubre, la Procuraduría mostraba sus sospecha de que la familia Sanchis había puesto "a disposición de Luis Bárcenas, extesorero del PP actualmente preso en su país, la estructura contable y financiera de La Moraleja para canalizar fondos de origen ilícito en inversiones y préstamos por exportación". En aquel escrito, recordaba que los 3 millones fueron a parar en primera instancia a las cuentas que la sociedad uruguaya Brixco SA tenía abiertas en una sucursal del HSBC en Nueva York y que, de allí, el dinero pasó luego a las cuentas de la empresa que explotaba el latifundio de limones "con la finalidad de financiar operaciones de comercio exterior, enmascarando con ello el origen ilegal de los fondos transferidos". Sin embargo, el juez argentino consideró en julio que, dado el tiempo transcurrido desde los hechos (más de cinco años), el posible delito de lavado había prescrito y ordenaba sobreseer la causa. Las fuentes jurídicas consultadas aseguran que parte de la documentación que contenía la misma es la que ahora inunda el despacho del juez Ruz.
