El escándalo de las cuentas suizas de Luis Bárcenas y el supuesto pago de sobres con sobresueldos a los dirigentes del PP puede tener consecuencias judiciales a muy corto plazo para el partido conservador. Si finalmente el juez Pablo Ruz acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción de abrir una pieza separada dentro del sumario del caso Gúrtel para iniciar pesquisas sobre el supuesto pago de dinero negro a miembros del partido conservador, el magistrado puede excluir al partido conservador de la causa en su actual condición de acusación. No es la primera vez que los populares ven peligrar este papel en el proceso. En al menos otra ocasión otro juez, Antonio Pedreira, que también instruyó la causa, amenazó a la representación legal del PP con expulsarla por actuar más como defensora de los imputados que como incriminadora, lo que supone un fraude de ley, destacan fuentes jurídicas consultadas por este diario. "No se puede ser acusación y acusado, y hasta ahora se les había permitido", resaltan estas mismas fuentes.
En uno de sus últimos escritos, el abogado del PP aseguraba que las acusaciones contra Bárcenas eran "elucubraciones y valoraciones subjetivas"
De hecho, desde que la personación del PP "en defensa de su nombre y honorabilidad" en la causa fue aceptada en junio de 2009 tras una batalla jurídica, sus actuaciones procesales se han visto siempre rodeadas de polémica. Formalmente, su representación en el proceso está en manos de un bufete externo, aunque la estrategia judicial la marcó desde el primer momento uno de sus dirigentes, Federico Trillo, actual embajador de España en Londres. Así, una de sus primeras actuaciones, sólo un mes después de personarse, fue impugnar la prorróga del secreto de las actuaciones entonces en vigor ya que, pese a ser acusación, consideraba que se estaba utilizando "para impedir el ejercicio del derecho a la defensa". Entonces, con Baltasar Garzón el frente de las investigaciones, el PP acusó al juez de apuntar hacia el que aún era entonces su tesorero, Bárcenas, con el único objetivo de presentar la trama corrupta destapada como una red asentada en el seno del partido.
La defensa del que finalmente abandonó su escaño en el Senado y su cargo en Génova 13, aunque no su despacho, ha sido una constante en la actuación judicial del PP. Una de las últimas tuvo lugar en octubre de 2011. Entonces, y a raiz de que el juez Pedreira dictase un auto por el que decidía sobreseer las acusaciones contra Bárcenas y otras partes personadas presentaran recursos contra esa decisión, el abogado que representa los intereses de la formación presentó un escrito en el que afirmaba que no había "inidicios incriminatorios" contra el exsenador y que las declaraciones de éste en el Tribunal Supremo habían "permitido esclarecer la totalidad de los hechos objeto de imputación". El PP, que calificaba entonces las acusaciones contra el responsable de sus finanzas de "elucubraciones y valoraciones subjetivas", concluía que resultaba "patente la ausencia o inexistencia de elementos de convicción objetivos con los que poder sostener en su caso una acusación tan grave como la que se pretende".
Recursos para "zancadillear" el sumario
"El abogado del PP siempre ha torpedeado la instrucción", denunciaban ayer a este diario varios abogados personados en la causa. Éstos afirman que, de hecho, desde que los populares están presentes en la causa, sus representantes legales no han promovido ninguna iniciativa para impulsar las pesquisas y sus únicas actuaciones han sido presentar recursos, escritos de súplicas y alegaciones "para poner zancadillas a los pasos que proponían la Fiscalía, las otras acusaciones o el propio juez instructor." Por ello, Anticorrupción ya urgió al juez en octubre de 2010 a que expulsara al PP de la causa al considerar que su actuación en la misma era "fraudulenta".
El anterior juez instructor, Antonio Pedreira, tildó en sendos autos la actitud del PP en la causa de "conducta reprochable" e "inusual"
En su escrito, el Ministerio Público destacó que el entonces principal partido de la oposición no estaba actuando como parte acusadora sino como defensora y que en sus recursos esgrimía "argumentos propios de una defensa sin que se vislumbre siquiera un atisbo de acusación". El juez Pedreira rechazó la pretensión de la Fiscalía en un auto en el que, sin embargo, exigió a los representantes del PP que abandonasen su "conducta reprochable". Meses después, el magistrado se vio obligado a lanzar una nueva reprimenda al partido después de que éste presentase un recurso a su decisión de no inhibirse en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia en los relativo a la presunta financiación ilegal de la formación. En aquel recurso, el abogado del PP acusó a la Fiscalía de "inquina", a la Policía de realizar informes con "errores y ligereza", y al propio magistrado de haber perdido la "parcialidad". Pedreira respondió con un escrito en el que aseguraba que "su posición de defensa de algún encausado no deja de ser inusual".
Unos meses antes, el PP ya había intentado poner otro palo en las ruedas de la investigación al impugnar el requerimiento del magistrado de pedir al Ejecutivo de la Comunidad Valenciana que entonces presidía Francisco Camps las identidades de los máximos responsables de 17 consejerías y organismos autnómicos en los que supuestamente se amañaron adjudicaciones en favor de las empresas del líder de la trama, Francisco Correa. El abogado de los populares alegó que la simple petición del juez manchaba la imagen y el honor de ciudadanos sobre los que no pesaba ninguna imputación concreta. Sólo en contadas ocasiones el partido conservador se ha salido de esta posición obstruccionista y, cuando lo ha hecho, no ha sido en el juzgado sino en declaraciones públicas de sus dirigentes. De hecho, en más de una ocasión éstos han subrayado que su partido es "el primer interesado" en que se conozca la verdad del caso y que si la investigación revela que ha habido alguien que "ha metido la mano en la caja", éste debe pagarlo.
