“¡La brasileña tiene mucha nuez!”, “Pobre chica, no sabe dónde se está metiendo”, “¡Te va a dar boleto rápido!”... gritos como estos son los que tuvo que escuchar la mujer del exdiputado de Ciudadanos Marcos de Quinto a su llegada a la catedral de Cuenca el día de su boda el 30 de septiembre de 2017. Ahora, tres años después, este escrache protagonizado por trabajadores de Coca-Cola llega a juicio con tres acusados. El exdirigente naranja pide para ellos hasta cuatro años de cárcel.
Protestaban contra los despidos en Coca-Cola. Los acusados dirigían los cánticos del grupo que ondeaba pancartas y banderas de Comisiones Obreras (CCOO). “¿La gente de Cuenca no puede entrar en la catedral? ¡Si queda espacio!”, se quejaban. A medida que iban llegando los invitados, los presentes en el escrache improvisaron un mitin en el que se iban turnando el micrófono para hablar. Antes de dar el salto a la política Marcos de Quinto fue directivo de Coca-Cola llegando a ser vicepresidente de la compañía entre 2015 y 2017.
“Son una mafia, una clase social que se retroalimentan entre ellos”, decía otra de las presentes. “¿Habéis visto la serie de Narcos?, pues el señor Rufart solo se puede llamar Hjueputa, malparido”, gritaba otro. Se refería, a Víctor Rufart, directivo de Coca Cola y presente en el enlace. Otro de los invitados que provocó los insultos de los congregados fue el presentador de televisión Risto Mejide. Fue recibido con gritos de “sinvergüenza” o “Risto Mejode”.
Tres acusados
El juicio por estos hechos comenzará el miércoles a las 10.30 horas en el Juzgado de Instrucción Número uno de Cuenca . En el banquillo de los acusados se sentarán Andrés Tornero, Idoia Almendariz y David Maximino Blanco. La Fiscalía Provincial de Cuenca pide para ellos una multa de 4.500 euros por un delito de coacciones recogido en el artículo 172 del Código Penal. Castiga con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses el que acose a una persona de forma insistente.
Según el escrito de acusación del ministerio público, los acusados convocaron aquel día una concentración de unas 40 personas, todas ellas trabajadoras de la empresa Casbega Coca-Cola Iberian Partners en protesta por un ERE. Vestían camisetas rojas con la leyenda "Coca-Cola en lucha" y durante tres horas permanecieron en la puerta de la catedral antes, durante y después de la misa hasta el punto de que los gritos y consignas se escuchaban dentro de la iglesia “impidiendo el normal desarrollo de la ceremonia nupcial”.
“Los tres acusados se dedicaron, micrófono en mano y auxiliándose de aparatos de megafonía de gran potencia, a arengar a las personas allí concentradas a seguir sus consignas de insultos y cantos contra los contrayentes y los invitados”, sostiene la Fiscalía. Se hace eco de algunas expresiones como “hemos venido a joderte la boda, el resultado nos da igual”, “gentuza que me le mete la lengua la brasileña por el ano”.
Se abalanzaron sobre el vehículo
Uno de los momentos más señalados de cualquier enlace es la salida de los novios de la iglesia rodeados de todos sus allegados, pero en este caso tampoco fue posible. Para evitar males mayores, Marcos de Quinto y su mujer tuvieron que esperar dentro de la catedral a que se marcharan todos los presentes. Ya sin invitados, se subieron en el coche nupcial “momento en que los acusados se abalanzaron sobre el vehículo golpeando fuertemente las ventanillas y colocando en el mismo pegatinas, impidiendo que el vehículo pudiera avanzar”. Fue necesaria la intervención de la Policía Local para retirar a los acusados.
En su escrito de acusación, Marcos de Quinto denuncia que los insultos que escuchaban eran un “claro menosprecio” su esposa “e insinuación malintencionada y ofensiva acerca de su sexualidad”. También alega que el ruido que se escuchaba desde el exterior dificultó que su mujer, soprano de profesión, pudiera interpretar varias piezas líricas durante la ceremonia.
Al delito de coacciones de la Fiscalía, Marcos de Quinto suma además un delito de injurias y otro contra los sentimientos religiosos. Por ello amplía considerablemente la petición de pena hasta cuatro años de cárcel, 4.200 euros de multa por las injurias y una indemnización de 6.000 euros por los daños y perjuicios.
Los acusados alegan que solicitaron autorización a la Subdelegación del Gobierno de Cuenca para concentrarse aquel día entre las 18 y las 21 horas ante la catedral. Que en esa comunicación ya explicaron los motivos de la protesta y la presencia de directivos de Coca-Cola. También que irían provistos de megafonía. Añaden que durante toda su concentración hubo agentes de policía sin que ninguno de los presentes resultase sancionado.
