El Tribunal Supremo ha escuchado este martes el testimonio de los exconsejeros de la Generalitat que tomaron el último tren para salvarse del banquillo de los acusados justo antes del referéndum. Los responsables de Interior (los Mossos d'Esquadra), Educación (los colegios electorales) y Empresa han acudido al juicio del procés con intención de no hacer mucho daño a sus excompañeros. Pero las preguntas de las acusaciones les han llevado a reconocer que abandonaron sus cargos por temor al choque de trenes que se avecinaba con el Estado.
Las defensas de los acusados apenas han hecho preguntas tras el relato de los testigos, que han narrado los días previos a la consulta. Corría el mes de julio de 2017 y unas semanas antes el Gobierno encabezado por Carles Puigdemont había fijado la fecha del 1-O. En ese contexto, el todavía conseller de Empresas concedió una entrevista a un medio afín como Punt Avui (del que Puigdemont fue redactor jefe en el pasado). En sus respuestas planteó una alternativa al referéndum y aquello provocó un terremoto en el seno del Ejecutivo.
"Me cesó el presidente de la Generalitat aduciendo falta de confianza. No me dio más explicación porque la reunión fue muy rápida. Él te nombra y él te cesa", ha recordado Baiget. Pero la fiscal Consuelo Madrigal quería escuchar que su cese se debió precisamente a sus dudas ante el desafío que representaba el 1-O. "La entrevista se publica el día 3 de julio y por la tarde me cesa, sí", ha concedido el exconseller sin regatear la relación "causa efecto" por la que se interesaba la Fiscalía.
Motivos personales
En esa misma entrevista Baiget decía estar dispuesto a soportar la cárcel, pero no así que afectase a su patrimonio. En este caso la pregunta fue por qué temía la opción de acabar preso si, según su versión, en el Gobierno aún no se hablaba de unilateralidad. "Era algo que se publicaba en los periódicos, yo contestaba a una pregunta", ha explicado el testigo. Antes había argumentado que si una decisión afecta al patrimonio lo sufre toda la familia por lo que había que actuar "con responsabilidad".
Baiget ni siquiera ha hecho esfuerzos en mezclar su decisión con motivos personales como sí han hecho los exresponsables de Interior, Jordi Jané y, de Enseñanza, Meritxell Ruiz. El primero ha alegado que había cumplido sus objetivos, la segunda que tiene hijos pequeños. Jané se ha justificado en que el cargo de Interior desgasta mucho y no le dejaba compaginar su vocación docente en la universidad. Ruiz ha alegado que el cese de Baiget abrió la oportunidad de plantearse qué hacer ante una remodelación de Gobierno.
También coincidieron en que ninguno de sus compañeros les presionó ni les exigió fidelidad a la independencia unilateral. Jané ha declarado que nadie le hizo variar el papel de los Mossos y que en el seno del Ejecutivo siempre se daba por hecho que se llegaría a un pacto con el Gobierno central de Mariano Rajoy. "Teníamos reuniones con los ministros, en todas las reuniones pedíamos que se escuchase al 80 por ciento de la población que pedía referéndum pactado", ha relatado Ruiz al tiempo que ha reconocido que “la respuesta fue ninguna”.
Del "no acuerdo" a la "tensión"
Las preguntas de Vox, la Fiscalía y la Abogacía del Estado han hecho aflorar el sexto sentido que les llevó a intuir el riesgo al que se enfrentaban. Jané ha reconocido que la marcha de Baiget le condicionó y de manera indirecta ha definido lo que había a su alrededor cuando en varias ocasiones se ha definido como una persona que siempre defiende el diálogo. "Se abre una cierta posibilidad de cambio y en ese contexto, ante la eventualidad que pueda darse un contexto de no acuerdo, y que había finalizado una etapa, yo comunico mi intención de no continuar en el Gobierno", ha abundado.
Meritxell Ruiz ha preferido hablar de la tensión reinante, que no iba con ella: "Estábamos entrando en un periodo de más tensión dialéctica. A mi me costaba verme en esa tensión. Creía que yo podía aportar poco en ese escenario". Dimitieron unos días después, con el tiempo suficiente para haber comparecido este martes como testigos. Eso a pesar de que el auto de procesamiento del juez Pablo Llarena establece en 2012 el punto de partida del procés.
Puigdemont sustituyó a Baiget por Santi Vila, a Jané por Joaquim Forn y a Ruiz por Clara Ponsatí. Los dos primeros sucesores (Ponsatí está huida en Europa) han escuchado desde el banquillo cómo sus compañeros se bajaron a tiempo del tren en el que justo ellos se subían. Por unos meses en el cargo se enfrentan a penas que van de 7 a 16 años de cárcel por los delitos de rebelión, desobediencia y malversación.
