Junts pel Sí (JxSí) y la CUP han registrado en el Parlament la proposición de ley de creación de la Agencia Catalana de Protección Social, que es el "embrión" de la futura Seguridad Social catalana y la primera de una de las tres leyes de "desconexión" del Estado previstas en esta legislatura.
La proposición de ley está recogida en una veintena de páginas elaboradas en el seno de una ponencia conjunta del Parlament, y los grupos que la impulsan han pedido que siga el "trámite de urgencia", por lo que el debate a la totalidad tendrá lugar en algún pleno aún por determinar del mes de julio.
El articulado crea la Agencia Catalana de Protección Social, que aglutinará a todos los organismos y estructuras de los que ya dispone la Generalitat actualmente en materia de protección social, pensiones no contributivas, sanidad y Seguridad Social. De hecho, han explicado hoy los ponentes de JxSí y la CUP, es una ley que cabe perfectamente en el actual "ordenamiento autonómico" y que no invade competencias del Estado, sino que se limita a reordenar las que ya posee la Generalitat en dichas materias.
Ambas formaciones prevén una futura Seguridad Social catalana desvinculada e independiente de la del Estado y que quedaría estructurada a partir de la nueva agencia, pero en el texto no se desarrolla esta cuestión y se deja intencionadamente "abierta" para una posterior concreción.
Según explicaron es una ley que cabe "perfectamente en el actual ordenamiento jurídico y que no invade competencias del Estado"
JxSí y la CUP, además, han desgranado en dos partes la primera de las tres leyes de "desconexión" y hoy han presentado únicamente la primera, que tiene como finalidad crear la estructura jurídica y aglutinar competencias ahora mismo distribuidas entre varios departamentos, especialmente el de Salud y el de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. La nueva agencia se crea como un organismo autónomo dependiente de la Generalitat y no comporta un gasto económico adicional ni más personal, puesto que se nutrirá de los organismos ya existentes que, simplemente, quedan aglutinados en torno a ella.
En el capítulo 1 de la ley se regula la naturaleza jurídica de la nueva agencia como organismo autónomo dependiente de la Generalitat y que tiene como función gestionar los recursos para garantizar las prestaciones económicas y servicios de la sanidad pública catalana y del sistema de previsión social. El proyecto de ley deja claro que el Servei Català de Salut continuará siendo el responsable del ejercicio de las funciones y competencias relativas a las prestaciones sanitarias.
En el capítulo dos de la ley se prevé la estructura orgánica, composición y funcionamiento de la Agencia, y especialmente la existencia de un Consejo General con participación de la Generalitat y de los agentes económicos y sociales, así como de un Consejo Asesor con funciones consultivas y de participación integrado por representantes de las entidades del Tercer Sector.
