Jueces, profesores universitarios y juristas integrados en la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial han hecho público este martes un informe en el que denuncian que el actual proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para el que PSOE y PP están teniendo en cuenta la lista de candidatos a este órgano que se elaboraron en 2018, está aquejado de radical nulidad y vulnera derechos fundamentales de los jueces salidos de las dos últimas promociones.
Así lo han señalado a Europa Press fuentes de este colectivo, que advierten que si los partidos políticos se obstinan en mantener unos trámites insubsanablemente viciados, se exponen a una futura declaración de inconstitucionalidad.
La elaboración de nuevas listas de candidatos retrasaría aún más la renovación de un órgano que este viernes cumple dos años en funciones.
Renovación de los 12 vocales
Las candidaturas que están negociando PSOE y PP para renovar los doce vocales del CGPJ de origen judicial proceden de unos listados que fueron remitidos a las Cortes hace dos años, tras concluir su mandato el actual Consejo. Los listados suman propuestas de asociaciones judiciales y nombres de jueces y magistrados independientes avalados por sus compañeros.
Dicha renovación, para la que sonó como presidente del órgano de gobierno de los jueces el magistrado Manuel Marchena, actual presidente de lo Penal del Supremo, fracasó tras publicarse su nombre y conocerse que el portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosió, había mandado un mensaje de 'whatsapp' a todo su grupo elogiando que este nombramiento les permitiría controlar la Sala Segunda del Supremo "por la puerta de atrás".
Según recuerda la Plataforma, el proceso para la renovación del actual mandato del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) comenzó de agosto de 2018 mediante la apertura del plazo para la presentación de candidaturas a la vocalías judiciales.
Añaden que dichos trámites quedaron interrumpidos el 4de marzo de 2019 cuando se disolvieron las Cortes Generales, "lo que trae como consecuencia su pérdida de validez jurídica y, por tanto, que deba reanudarse por entero desde el comienzo".
Vulnera el reglamento del propio CGPJ
Se basan en lo señalado por el propio reglamento del CGPJ, cuyo artículo 207 señala que, disuelto el Congreso de los Diputados o expirado su mandato, "quedarán caducados todos los asuntos pendientes de examen y resolución por la Cámara, excepto aquellos de los que constitucionalmente tenga que conocer su Diputación Permanente".
Por otro lado, argumentan los datos pertinentes han quedado desfasados, como son los relativos a escalafón, afiliación a asociaciones judiciales o categorías profesionales.
Pero lo que consideran más relevante es que continuar con la renovación entrañaría un ataque a los derechos fundamentales de los integrantes de las dos promociones que se han incorporado a la carrera desde 2018 y que, por ende, han visto cercenadas sus expectativas de optar a ser elegidos.
Finalmente, advierten que también irroga grave perjuicio al resto de los jueces, en tanto que han mudado esencialmente las circunstancias normativas desde la apertura de la renovación.
"Honda inquietud por el grosero ataque"
Eso es porque a dicha fecha las vocalías del Consejo, salvo las de la Comisión Permanente, eran sin relevación de funciones, mientras que a partir de agosto de 2018, todas y cada una de ellas recobran su carácter exclusivo.
El resultado es la nulidad radical según el artículo 47 de la Ley 39/15 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas por la violación del derecho a acceder a los cargos públicos en igualdad de condiciones del artículo 23.2 de la Constitución española.
A la vista de lo anterior, la Plataforma expresa su "honda inquietud por el grosero ataque que a la legalidad vigente entraña el empecinamiento en mantener un proceso de renovación que, tanto por motivos formales como materiales, ha perdido su validez y, en consecuencia, deviene inconstitucional".
