"Quiero anunciarles que antes de que termine este año presentaré al Consejo de Ministros un anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". El aviso lo dio el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, en el Congreso de los Diputados el pasado febrero. Aunque es una de las prioridades del Departamento, fuentes ministeriales han asegurado a Vozpópuli que no hay planes de que la reforma de la Lecrim salga a la luz en esta legislatura ni por la vía regular (en la Cámara Baja) ni por la vía exprés (a través de un real decreto).
El plan pasa por una comisión de expertos presidida por el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Juan José López Ortega. Fue el propio Campo quien anunció su creación el pasado febrero, cuando dio a conocer su deseo de modificar la normativa para que sean los fiscales -en lugar de los jueces- quienes instruyan las causas penales. "Al juez no le dice el texto constitucional que tiene que instruir, al fiscal sí le dice que tiene que investigar. ¿Eso quiere decir que nuestro modelo es inconstitucional? No; pero que tenemos que salir de él, sí", llegó a decir el ministro en el Congreso.
La comisión de expertos para la reforma dio sus primeros pasos este abril. Desde la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han aprovechado para insistir en la necesidad de derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que pone fecha tope a la instrucción de causas penales. La Plataforma por la Independencia Judicial ha considerado "inoportuno" que se haya puesto en marcha durante la pandemia "una empresa de tanta envergadura como es la revisión de la norma que define el marco de los derechos y libertades de los ciudadanos en la lucha de los poderes públicos contra la delincuencia".
"Esto no puede ser algo inmediato"
Las fuentes consultadas han insistido en que al ser una ley orgánica "el mecanismo legal sería su trámite parlamentario" y han descartado cualquier otra "vía rápida" para su aprobación. Al tratarse de una reforma ambiciosa, han precisado que la intención del ministro es que se apruebe cuando él ya no esté en el cargo. "Esto no puede ser algo inmediato", han indicado.
Fuentes del Ministerio han asegurado a este diario que antes de dar cualquier paso Justicia pretende escuchar a la judicatura. Y han añadido que incluso después de llegar a un consenso se necesitarán "años" para que esta reforma entre en vigor. El objetivo, según ha comunicado en varias ocasiones el Departamento de Campo, es adaptar el modelo de proceso penal español al de la mayoría de países del entorno, y ello incluye dejar la instrucción en manos del fiscal y crear la figura del "juez de garantías".
La Plataforma por la Independencia Judicial ha mostrado su preocupación ante este proyecto al considerar que la independencia de las instrucciones penales se puede ver perjudicada si la finalmente se otorga la dirección a los fiscales. En este sentido, ha recordado que la actual jefa de la Fiscalía es la exministra de Justicia de Pedro Sánchez, Dolores Delgado.
Intentos anteriores
Como Campo, otros en el pasado intentaron cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Desde el Ministerio recuerdan que la redacción de una nueva ley procesal penal o la modificación integral de la vigente ha sido defendida en los últimos 20 años por gobiernos de distinto signo. En los últimos años consta el anteproyecto del exministro socialista Francisco Caamaño y la reforma del exministro del PP Alberto Ruiz-Gallardón. La actual ley ha sufrido más de 70 modificaciones, 50 de ellas tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978, según los datos de Justicia.
Fuentes consultadas por Vozpópuli han subrayado que la prioridad ahora -tras el parón por el estado de alarma por el coronavirus- es la reactivación de la judicatura. Esta misma semana, Campo ha presentado ante el Consejo de Ministros un Real Decreto-Ley de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente a la covid-19.
