La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma celebra el próximo lunes y martes (09.30 horas) el juicio contra el cuidador de una residencia que, aprovechando su condición profesional, abusó sexualmente y realizó fotos y vídeos de contenido sexual a dos usuarias con discapacidad mental reconocida.
Según el escrito del fiscal, durante el año 2018 el hombre estuvo trabajando para la entidad Patronato de la Agrupación Pro-minusválidos psíquicos como cuidador en la residencia, en la que vivían ocho personas con discapacidad.
Los monitores se distribuían en diferentes turnos de mañana, tarde o noche, quedando un único monitor en la mitad del turno de tarde, en el turno de noche y en los turnos de fin de semana.
Durante el periodo mencionado, las dos víctimas, con una capacidad mental reconocida del 72 y 65 por ciento, residían en la mencionada residencia durante toda la primera semana y de lunes a viernes de la segunda.
El procesado, aprovechando las veces que estaba en turno como único monitor y la patología mental que padecía la primera víctima, le realizó tocamientos en el pecho y genitales, e hizo que le realizara tocamientos a sí mismo.
Además, el fiscal sostiene, respecto de la segunda perjudicada, que el hombre contactaba con ella por WhatsApp y le pedía fotografías y vídeos desnuda o de contenido sexual. El acusado también le mandaba fotografías y vídeos de él masturbándose.
Igualmente, aprovechando los momentos en los que estaba solo trabajando, realizó fotos y vídeos a la víctima cuando estaba en la ducha o, bajo el pretexto de ayudarla con su higiene, cuando iba al baño. En otro momento se acercó a ella mientras dormía y le tocó los pechos, hasta que la mujer despertó y le dijo que parara.
El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito continuado de abuso sexual con acceso carnal, otro de elaboración de material pornográfico utilizando a personas discapacitadas, uno de exhibicionismo ante personas discapacitadas y un delito de abuso sexual.
Por todo ello, pide penas que suman hasta 20 años y tres meses de prisión, así como la medida de libertad vigilada por un tiempo de diez años, la inhabilitación para cualquier profesión que conlleve contacto con personas con discapacidad durante seis años y órdenes de alejamiento durante 20 años.
Fiscalía solicita asimismo que indemnice a una de las víctimas en la cantidad de 20.000 euros y a la otra con 2.000 euros por el menoscabo moral sufrido.
