La Fiscalía se ha opuesto a que la Audiencia de Barcelona deje en libertad provisional al exjugador del Barça Dani Alves, ya que considera que persiste el riesgo de fuga y se mantienen los indicios de que cometió la violación que le hizo entrar en prisión el pasado 20 de enero.
Según han informado fuentes del ministerio público, la Fiscalía ha presentado ya su informe ante la Audiencia de Barcelona para oponerse a que deje en libertad al futbolista y rechaza las medidas cautelares de retirada de pasaporte, comparecencias diarias en el juzgado y uso de una pulsera telemática que propone su defensa.
La defensa de Alves recurrió ante la Audiencia de Barcelona la orden de la jueza instructora de enviarlo a prisión preventiva por violar presuntamente a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona, por lo que el tribunal deberá decidir en los próximos días si lo excarcela, una vez disponga de los informes de la Fiscalía y la acusación particular.
Según ha informado la Fiscalía de Barcelona, el ministerio público se opone además a la personación de Fecasarm y Spain Nightlife como acusación popular, a falta de acreditación por un interés legítimo y falta de cobertura legal.
La defensa busca desmontar el "riesgo de fuga" de Alves
Hasta la fecha, han indicado a EFE fuentes judiciales, la acusación particular que representa a la víctima todavía no ha presentado su escrito ante la Audiencia de Barcelona para posicionarse sobre el recurso de apelación que presentó el jugador brasileño el pasado 30 de enero contra el auto de prisión preventiva decretado por la jueza instructora.
En ese recurso de apelación, el abogado del jugador, Cristóbal Martell, esgrimió varios argumentos para desmontar el riesgo de fuga en que se basó la jueza que instruye la causa en el juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona para enviar al futbolista a prisión el pasado 20 de enero. Su defensa alegó que Alves acudió voluntariamente a declarar ante los Mossos, así como que su residencia con su esposa está en Esplugues de Llobregat, y que cuenta con arraigo personal, familiar, social y empresarial en Barcelona. Por todo ello, argumentan, queda desvirtuado el riesgo de fuga.
Insisten además en que el jugador ya no dispone del "músculo económico de ingresos periódicos" que la instructora del caso le atribuyó, ya que el Pumas -equipo en el que jugaba- rescindió su contrato. A esto se suma que perdió también otros de patrocinio, publicidad, e imagen que mantenía con otras marcas.
Además, en el escrito presentado ante la Audiencia de Barcelona el equipo legal del exjugador del Barça cuestionó los indicios que llevaron a la jueza a enviar a prisión a Alves, utilizando principalmente los vídeos de las imágenes previas al momento en el que la joven y Alves entraron en el baño privado de un reservado de la discoteca Sutton, donde supuestamente la violó.
Repaso a las grabaciones de la noche
Según el escrito de la defensa, los vídeos muestran que antes de ese momento Alves y la víctima, que acudió a la discoteca con una prima y una amiga, se encontraban departiendo de modo "lúdico y festivo, rodeados de muchísima gente en un espacio abierto", lo que "dista mucho" del escenario de una "intimidación ambiental". Las jóvenes que la acompañaban, sin embargo, han denunciado que Alves también las abordó a ellas.
Posteriormente, señaló el abogado de Alves en el recurso, la grabación desmentía que el futbolista cerrara la puerta del baño en el que sucedió la presunta violación: primero es él quien entra en el recinto y, dos minutos después, lo hace la joven, "sin que Dani Alves le franquee el paso".
Sin embargo, el ministerio público se opone a que la Audiencia de Barcelona deje en libertad a Alves, encarcelado en el centro penitenciario de Brians 2 en Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona), al considerar que sí persiste el riesgo de fuga y que se mantienen los indicios de que cometió la presunta violación.
Rechazo a las acusación popular de Spain Nightlife y Fecasarm
Por otro lado, la Fiscalía se ha opuesto a la personación en la causa de las patronales del ocio estatal y catalana -Spain Nightlife y Fecasarm- como acusación popular, al entender que no han acreditado un interés legítimo en la misma y debido a la falta de cobertura legal. En su escrito dirigido a la jueza instructora en el que solicitaban ser parte en la causa, ambas patronales defendieron su "clarísima legitimación" para ser acusación popular en la medida en que la supuesta violación se produjo en un espacio de ocio nocturno.
Las patronales catalana y española defendieron en ese escrito que la acusación popular "no actúa por interés propio", sino en defensa de la "legalidad1012094" y más teniendo en cuenta que en este caso "ostentan un claro interés legítimo y personal junto al interés general existente", al haber tenido lugar los hechos objeto de investigación en un local de ocio nocturno.
