En uno de los informes jurídicos que maneja el Gobierno para cubrir el agujero legal que afecta a la jefatura del Estado, se advierte que la Constitución aprobada en 1978 se fundamenta en un sistema de sucesión hereditaria sobre el principio de la Monarquía de que “el Rey nunca muere”. La continuidad de la institución requiere “normas claras sobre la sucesión” que ninguno de los gobiernos democráticos de la UCD, el PSOE y el PP han desarrollado, hasta el punto de que el propio Parlamento tendría que improvisar ahora los pasos a dar en el caso de que el Rey quedara incapacitado para ejercer sus funciones.
Según los expertos, la Constitución se fundamenta en el principio de la Monarquía de que "el Rey nunca muere"
La ausencia de una ley orgánica que desarrolle el artículo 57 de la Constitución ha hecho que los expertos detecten lagunas importantes en aspectos clave como, por ejemplo, los supuestos en los que el Príncipe Felipe podría ser excluido de la sucesión e inhabilitado como heredero. Tampoco se sabe si hay que extenderle o no el fuero especial del que disfruta el Rey, incluido el principio de inviolabilidad –su figura “es inviolable y no está sujeta a responsabilidad” – en caso de comisión de un presunto delito. A la vista de la legislación existente, el Príncipe podría verse obligado a rendir cuentas en un juzgado ordinario, aunque el consenso de los expertos apunta a la conveniencia de que fuera juzgado en el Tribunal Supremo para brindarle “una determinada protección procesal”.
Ante el agujero legal existente, hay un debate abierto sobre si el principio de inviolabilidad del que disfruta el Rey debe extenderse también al Príncipe Felipe
Ni la Constitución ni el Reglamento del Congreso advierten tampoco de los requisitos que tendría que reunir la abdicación del Rey, por lo que si llegara a dar este paso, una posibilidad que se sigue negando con rotundidad desde la Casa Real, el Gobierno y el Parlamento tendrían también que improvisar. En el informe que maneja el Ejecutivo se aconseja que en este supuesto, don Juan Carlos comunique primero su decisión a Mariano Rajoy, éste informe al Parlamento para su aceptación y, después, el Príncipe comience a ejercer como Rey “por derecho propio”. Sin embargo, los expertos advierten que lo lógico sería que la abdicación se regulara en una ley orgánica, en parte para eludir un debate parlamentario de gran trascendencia que, en el peor de los casos, se vería sometido a enmiendas y a un contencioso político en el habría fuerzas que pondrían en cuestión la propia Monarquía.
Ningún texto legal alumbra tampoco sobre los efectos de la abdicación, un vacío constitucional que no se ha querido afrontar desde hace 35 años. No obstante, los expertos comparten la opinión de que con la abdicación, el Rey “perdería sus facultades y funciones y también el privilegio de la inviolabilidad”, asunto de calado jurídico y político donde los haya.
Lo único que prevé la Constitución es que en el caso de que el Rey quede inhabilitado para ejercer su autoridad y esta circunstancia sea reconocida por Las Cortes, entre inmediatamente a ejercer la Regencia el Príncipe.
Pese al vacío legal, los expertos coinciden en que con la abdicación el Rey perdería sus facultades y todos los derechos que le acompañan
Los juristas que informan al Gobierno coinciden en que éste debe encontrar la “oportunidad política” para regular en un sentido amplio el funcionamiento de la Corona, mediante un acuerdo previo entre los grandes partidos que evite un debate parlamentario sobre la propia Monarquía. De hecho, el vasto vacío legal que arrastra España durante más de tres décadas sobre la sucesión al Trono, ha puesto en alerta a Mariano Rajoy y al líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, dispuestos a impedir que las exigencias políticas sobre el funcionamiento de la Casa Real que desde hace meses proceden de Rosa Díez (UPyD), Cayo Lara (IU) o Aitor Esteban (PNV), abran un debate descontrolado sobre la Corona en un momento en que la crisis económica ha golpeado con dureza a un importante sector de la población, que la Monarquía como institución está en sus horas más bajas con el ‘caso Urdangarín’ todavía pendiente de resolución judicial, que las noticias sobre la corrupción se multiplican y que Cataluña amenaza con desestabilizar al propio Estado.
La crisis económica, la corrupción, el 'caso Urdangarín' y el desafío soberanista en Cataluña, desaconsejan abrir el debate sobre la Corona, se advierte desde los dos grandes partidos
En el PP y en el PSOE se ha criticado estos días en voz baja el atrevimiento con el que el jefe de la Casa Real, Rafael Spottorno, enfatizó el pasado viernes que la abdicación del Rey era “una decisión personal del propio monarca”. Es algo que Spottorno defiende también en privado, acompañando un pronóstico que explica también los riesgos que para don Juan Carlos acarrearía dar este paso: “El Rey morirá con las botas puestas”, suele advertir. “¿Una decisión personal?”, se preguntaba ayer un veterano diputado del PP. Y él mismo se contestaba: “El Rey no deja de ser una institución y por ello no puede hacer lo que quiera. Ahí Las Cortes tendrían que tener algo que decir…”.
